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Pedro Sánchez ha confirmado que parte de los fondos procedentes de la Unión Europea se están utilizando para modernizar y reforzar la red consular española, con el objetivo de acelerar distintos procedimientos administrativos, entre ellos los relacionados con la obtención de la nacionalidad española a través de la conocida como Ley de Nietos.
La información ha sido reconocida en una respuesta parlamentaria remitida al Senado, donde el Ejecutivo explica que las mejoras en los sistemas de gestión documental y en las infraestructuras de cita previa han sido financiadas mediante los fondos Next Generation EU. Estas inversiones forman parte del plan de transformación digital impulsado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
Según el Gobierno, la finalidad de estas actuaciones es incrementar la eficiencia de los servicios consulares y reducir los plazos de tramitación. La medida responde al crecimiento constante del número de ciudadanos españoles residentes en el extranjero y al aumento de las solicitudes que reciben los consulados.
La digitalización de procesos, la implantación de nuevas herramientas tecnológicas y la optimización de la atención al ciudadano forman parte de una estrategia destinada a modernizar la administración consular y ofrecer una respuesta más rápida a los usuarios.
La disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática ha provocado una demanda sin precedentes en la red consular española. De acuerdo con los datos disponibles hasta el 30 de abril, se habían registrado 2.622.450 solicitudes de nacionalidad española, de las cuales 557.709 ya habían sido aprobadas.
Además, cifras oficiales difundidas a finales de junio elevaban el volumen total a más de 2,4 millones de peticiones, con 544.722 nacionalidades concedidas y alrededor de 306.000 nuevos ciudadanos ya inscritos oficialmente como españoles.
La mayor concentración de expedientes se localiza en los consulados españoles de América Latina, donde reside una importante comunidad de descendientes de emigrantes españoles que pueden acogerse a los beneficios contemplados por la normativa.
A pesar de reconocer el uso de recursos europeos para reforzar los servicios consulares, el Gobierno asegura que no dispone de una cifra única que refleje el coste total asociado exclusivamente a la tramitación de expedientes vinculados a la Ley de Nietos.
Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores se argumenta que las medidas adoptadas incluyen reorganización interna, redistribución de personal, contrataciones temporales y procesos de digitalización que benefician a múltiples servicios, por lo que resulta difícil atribuir una cantidad concreta a este procedimiento específico.
El plan de transformación digital del Ministerio de Asuntos Exteriores fue presupuestado en 2021 con una dotación de 115 millones de euros procedentes de fondos europeos.
Entre las principales actuaciones destacan la adquisición de equipamiento tecnológico, el desarrollo de nuevas plataformas informáticas, la puesta en marcha de una renovada sede electrónica y la creación de una carpeta consular digital que facilita las gestiones de los ciudadanos en el exterior.
El Ejecutivo sostiene que estas inversiones tienen un carácter transversal y que no pueden vincularse exclusivamente a los expedientes derivados de la Ley de Memoria Democrática.
El Gobierno también asegura que mantiene un proceso permanente de adaptación de la red consular para responder al aumento de la demanda de trámites. Las medidas se concentran especialmente en aquellos consulados que registran una mayor carga administrativa.
Entre las acciones implementadas figuran la reorganización de recursos internos, la mejora de los sistemas de gestión documental y la contratación temporal de personal para atender picos de actividad.
Asimismo, el Ejecutivo afirma que no se han realizado obras específicas en inmuebles consulares motivadas por el aumento de solicitudes de nacionalidad ni se ha producido un incremento estructural de la plantilla.
La Ley de Memoria Democrática, aprobada en octubre de 2022, abrió nuevas vías para que descendientes de españoles pudieran obtener la nacionalidad española. Posteriormente, una instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública precisó los criterios de aplicación de la norma y amplió su alcance práctico.
Gracias a esta interpretación administrativa, no solo hijos y nietos de españoles pueden acogerse al procedimiento en determinados supuestos, sino también otros descendientes más lejanos. Esta ampliación ha contribuido significativamente al aumento de solicitudes registradas en los consulados españoles de todo el mundo
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