Sofía Puente

El delito investigado es el de falsificación de documento público, agravado por tratarse de una prueba judicial y afectar a un menor de edad

Otro eje del informe se centra en las nacionalizaciones exprés por la Ley de Memoria Democrática, que —según Rocafort— se habrían usado con fines electoralistas para inflar el censo exterior (voto CERA) a favor del PSOE

La maniobra, ejecutada por instrucciones internas del Ministerio de Justicia, modifica la ley sin intervención parlamentaria, un acto que expertos califican de irregular y preocupante

La verdadera finalidad del proceso ha sido inflar el censo electoral. «Esto no es memoria histórica, es ingeniería política»

A nivel político, la oposición ha denunciado que el Gobierno estaría utilizando la norma como una herramienta electoral, con el objetivo de “buscar nuevos votantes” entre los nacionalizados

Mientras se refuerza un relato oficial que favorece a un presunto maltratador, se silencia a quienes intentan proteger al niño. Se margina a profesionales médicos que han dado la voz de alarma. Se desechan informes de psicólogos, terapeutas y especialistas en discapacidad

El procedimiento de custodia en el que se produjo la declaración del menor no solo ha implicado a altos funcionarios del Ministerio, sino que también ha tenido la participación del fiscal Manuel Javato, esposo de Sofía Puente y hermana del ministro Oscar Puente

Las auditorías internas que se presentaron como evidencia de transparencia fueron manipuladas para ocultar las pruebas que señalaban claramente a funcionarios y colaboradores cercanos a Puente