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El empresario Víctor de Aldama prevé aportar nueva documentación relacionada con la supuesta financiación irregular del PSOE en el marco del procedimiento judicial que podría derivarse de la demanda de conciliación presentada por la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. Según fuentes cercanas al empresario, esta iniciativa legal no frenará sus declaraciones, sino que podría convertirse en una oportunidad para ampliar las pruebas ya entregadas ante la Audiencia Nacional.
La acción promovida por la dirigente venezolana, a través del despacho Ilocad, constituye un trámite previo a una posible querella por presuntas injurias. Rodríguez rechaza de forma contundente las afirmaciones realizadas por Aldama, quien aseguró que recibió de ella un sobre con documentación de la petrolera estatal venezolana PDVSA.
De acuerdo con la versión del empresario, dicho material contendría información relacionada con cupos de petróleo valorados en 250 millones de dólares, que supuestamente habrían sido utilizados para financiar al PSOE y a la Internacional Socialista.
En el escrito presentado por los abogados de Delcy Rodríguez se sostiene que las manifestaciones realizadas por Aldama son falsas y carecen de fundamento. Además, la defensa argumenta que atribuir a la vicepresidenta venezolana la entrega de esa documentación implica vincularla con hechos que podrían tener consecuencias penales para terceros, afectando gravemente a su imagen pública y reputación.
Fuentes próximas al empresario consideran que la demanda responde a una maniobra destinada a desacreditar su testimonio y limitar la información que continúa aportando a la investigación judicial.
Estas mismas fuentes recuerdan que la acción legal se ha producido apenas unas semanas después de que Aldama compareciera ante el magistrado Ismael Moreno, titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, donde amplió sus declaraciones sobre una presunta trama de financiación irregular relacionada con el Partido Socialista.
Según el entorno del empresario, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sigue examinando la documentación aportada durante la investigación. Entre los documentos analizados se encontraría el mencionado sobre relacionado con PDVSA, que, según la versión de Aldama, incluiría información sobre operaciones petroleras valoradas en cientos de millones de dólares.
Las mismas fuentes sostienen que el proceso judicial impulsado por Delcy Rodríguez podría facilitar la incorporación de nuevas pruebas y aportar más detalles sobre el supuesto papel desempeñado por la dirigente venezolana y por su hermano, Jorge Rodríguez, dentro de la presunta operativa.
Desde el círculo cercano al empresario se interpreta la demanda como un movimiento contraproducente para los intereses de quienes buscan frenar sus declaraciones. Lejos de modificar su postura, aseguran que Aldama mantiene su voluntad de seguir colaborando con la Justicia y aportar toda la información de la que dispone.
Asimismo, consideran que el procedimiento podría contribuir a completar la investigación sobre la supuesta financiación irregular del PSOE mediante fondos vinculados a operaciones petroleras procedentes de Venezuela.
Durante su comparecencia ante la Audiencia Nacional, Aldama también señaló a la sociedad Apamate Corporate And Trust como una pieza clave dentro de la supuesta estructura financiera investigada.
Según su testimonio, esta empresa, vinculada al banquero Francisco Flores, habría servido como vehículo para canalizar cupos petroleros de PDVSA que, presuntamente, terminaron financiando tanto al PSOE como a la Internacional Socialista.
El empresario aseguró igualmente que el exministro José Luis Ábalos habría participado en las primeras gestiones para poner en marcha el supuesto mecanismo financiero a través de Apamate. Posteriormente, siempre según la versión ofrecida por Aldama ante el juez, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero habría asumido el control de dichas operaciones.
Aldama sostuvo además que los movimientos económicos relacionados con esta presunta estructura se habrían realizado mediante diversas cuentas bancarias situadas en países como Panamá y Rusia, dentro de un sistema diseñado para gestionar fondos procedentes de la petrolera estatal venezolana PDVSA.
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