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La investigación judicial relacionada con el denominado caso Leire Díez continúa avanzando y aumenta la preocupación dentro del PSOE. A medida que se incorporan nuevos datos al procedimiento, crecen las dudas sobre el alcance que podría tener la causa y las posibles consecuencias para dirigentes y personas vinculadas a la cúpula socialista.
Hasta el momento, la dirección del PSOE no ha presentado ninguna acción judicial contra Leire Díez, antigua militante socialista, una decisión que sigue generando interrogantes tanto dentro como fuera del partido. Paralelamente, desde Ferraz se ha mantenido una estrategia centrada en minimizar la relevancia de su papel, pese a los nuevos elementos que han ido apareciendo durante la investigación.
En los primeros momentos de la polémica, varios responsables socialistas calificaron a Díez como una persona «oportunista», «farsante» y «resentida», asegurando además que utilizaba el nombre del partido sin autorización. Sin embargo, las diligencias practicadas hasta la fecha han revelado una intensa actividad de la conocida como “fontanera” socialista en distintos ámbitos institucionales y políticos.
Entre los datos que figuran en la investigación destacan las 22 reuniones mantenidas con Santos Cerdán en la sede nacional del PSOE, así como diversos encuentros en la Fiscalía General del Estado con colaboradores del fiscal general, Álvaro García Ortiz. También se han documentado reuniones con la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González.
El último informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil recoge varios indicios que los investigadores califican como “inquietantes”. Según dicho documento, la investigación continúa avanzando y podría alcanzar a personas cercanas al círculo de confianza del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Fuentes socialistas reconocen que cada nueva resolución judicial incrementa la inquietud interna, especialmente por la posibilidad de que la causa adquiera una dimensión mayor de la inicialmente prevista.
Uno de los aspectos que más preocupación genera en el partido es la situación de Ana Fuentes, actual gerente del PSOE. Según los investigadores, habría suscrito dos encargos profesionales que tendrían un carácter instrumental con el objetivo de aparentar una relación laboral con los abogados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo.
De acuerdo con la tesis policial, estos documentos habrían servido para canalizar pagos presuntamente vinculados a la organización investigada mediante una documentación que no correspondería a servicios realmente prestados.
Diversas fuentes consultadas consideran que la evolución del procedimiento podría abrir la puerta a que el PSOE sea investigado como persona jurídica. La decisión dependerá en gran medida de la postura que adopte la Fiscalía Anticorrupción, que deberá valorar si solicita al magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, la apertura de esta nueva fase.
Los investigadores buscan determinar si la dirección socialista tenía conocimiento de las actividades desarrolladas por Leire Díez, si recibía información sobre sus gestiones o si existió algún tipo de financiación, directa o indirecta, relacionada con dichas actuaciones.
El juez instructor aprecia indicios que apuntan a una posible participación de Ana Fuentes en algunos de los hechos investigados. Según las diligencias, podría haber colaborado, al menos de forma indiciaria, en actuaciones atribuidas a Leire Díez, Santos Cerdán y Gaspar Zarrías.
Asimismo, la investigación analiza su presunta implicación en un posible delito de falsedad documental relacionado con la emisión de facturas que habrían servido para justificar determinados pagos vinculados a la exmilitante socialista.
Otro de los protagonistas que aparece en las investigaciones es Juanma Serrano, exjefe de Gabinete del PSOE y expresidente de Correos. La UCO considera que desempeñó un papel relevante en las distintas ramificaciones de la supuesta organización investigada.
Según los agentes, su posición al frente de la empresa pública podría haber sido utilizada para favorecer determinadas adjudicaciones bajo sospecha. Además, los investigadores sostienen que Leire Díez le remitió grabaciones del excomisario José Manuel Villarejo con el propósito de contrarrestar la investigación que afecta a Begoña Gómez.
Mientras la investigación judicial continúa avanzando, la presión política sobre el PSOE sigue aumentando. Las próximas decisiones de la Fiscalía y de la Audiencia Nacional serán determinantes para conocer el alcance definitivo del caso Leire Díez y las posibles responsabilidades que puedan derivarse de una de las investigaciones más delicadas para el entorno socialista en los últimos años.
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