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Uno de los episodios más controvertidos de la gestión patrimonial vinculada al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y al sindicato UGT, organización históricamente cercana al PSOE.
Según la investigación, el expresidente habría facilitado que UGT evitara la quiebra gracias a una herencia millonaria originalmente destinada a la formación de obreros y a la creación de una escuela para hijos de trabajadores, así como al sostenimiento de la Casa del Pueblo de Madrid.
El origen del patrimonio se remonta al testamento del industrial Cesáreo del Cerro, fallecido en 1915, quien legó un millón de pesetas de la época —principalmente en acciones depositadas en el Banco de España— a las “sociedades obreras” vinculadas a la Casa del Pueblo. Sin embargo, el documento no mencionaba a UGT ni otorgaba al sindicato derecho directo sobre la herencia.
A pesar de ello, en 2005 el Ejecutivo de Zapatero aprobó un Real Decreto-ley que ampliaba la restitución del patrimonio sindical histórico incautado tras la Guerra Civil. La norma modificaba aspectos clave de la Ley 4/1986, redefiniendo qué bienes podían considerarse sindicales, cómo debían valorarse y ampliando los plazos para reclamarlos.
El Tribunal Constitucional acabaría anulando posteriormente esta maniobra al considerar injustificada la “urgencia” alegada por el Gobierno.
Gracias a esta modificación, UGT pudo reclamar la herencia y recibir en 2006 una compensación estatal de 149 millones de euros, ingresada directamente en el Instituto de Crédito Oficial (ICO). El dinero sirvió para tapar el enorme agujero financiero provocado por la fallida promotora inmobiliaria PSV, cuya quiebra en 1993 dejó al sindicato como responsable civil subsidiario tras la condena por apropiación indebida de su exgerente, Carlos Soto.
La investigación de ED subraya que este rescate económico fue decisivo para evitar la desaparición del sindicato, que se encontraba al borde del colapso financiero. El caso se suma a otras revelaciones recientes que apuntan a la influencia de Zapatero en operaciones económicas y políticas de alto nivel, así como a su papel en decisiones estratégicas dentro de organismos públicos como la SEPI.
La exclusiva reabre el debate sobre la gestión del patrimonio sindical, el uso de decretos de urgencia para modificar leyes consolidadas y la relación entre el poder político y las organizaciones históricamente vinculadas al socialismo español.
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