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Un informe de la Policía Nacional ha calculado por primera vez que al menos 400.000 inmigrantes en situación ilegal han accedido al proceso de «regularización» extraordinaria impulsado por el Gobierno sin reunir uno de los requisitos esenciales fijados por el propio Ejecutivo: acreditar una residencia continuada en España durante, como mínimo, los cinco meses anteriores al 1 de enero de 2026.
Los especialistas de Extranjería atribuyen esta cifra al fuerte «efecto llamada» generado por la medida, que habría incentivado la llegada de miles de personas desde otros países europeos con políticas migratorias más restrictivas.
Las estimaciones policiales sostienen que el volumen final de solicitudes confirma las advertencias realizadas meses atrás. Mientras el Gobierno defendía que la regularización afectaría aproximadamente a 500.000 personas, el Ministerio de Migraciones anunció a finales de junio que se habían registrado 1,17 millones de peticiones. Para los responsables policiales consultados, esa diferencia sólo puede explicarse por un incremento extraordinario de los flujos migratorios producido tras el anuncio de la medida.
De hecho, la Comisaría General de Extranjería y Fronteras ya había alertado de este escenario en un informe elaborado el pasado mes de febrero. En aquel documento, los expertos elevaban hasta 1,25 millones el número potencial de beneficiarios y advertían de que la iniciativa estaba teniendo una amplia difusión internacional a través de internet y las redes sociales.
Según aquellas previsiones, la regularización no solo podía atraer a inmigrantes ilegales residentes en España, sino también favorecer desplazamientos desde otros Estados miembros de la Unión Europea.
Las investigaciones desarrolladas por la Unidad Central contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (Ucrif), junto con el seguimiento de redes sociales y el intercambio de información con cuerpos policiales de otros países, reforzaron esa hipótesis.
Según fuentes policiales especializadas, las organizaciones dedicadas al tráfico de personas y a la falsificación documental aprovecharon la expectativa generada por la regularización para ofrecer documentación fraudulenta a quienes pretendían acceder al proceso sin cumplir las condiciones exigidas.
Los mandos de Extranjería consideran que, sin ese «enorme efecto llamada», las cifras habrían sido muy distintas. Recuerdan que la fundación Funcas estimó a comienzos de 2026 que en España residían alrededor de 840.000 inmigrantes en situación ilegal, una cantidad que consideran compatible con la previsión inicial del Ejecutivo si se tiene en cuenta que únicamente entre un 60% y un 70% de los potenciales solicitantes cumplirían realmente los requisitos establecidos.
El resto correspondería a personas que desconocían las condiciones exigidas o que fueron engañadas por redes dedicadas a facilitar documentación irregular.
Los responsables policiales sostienen que el incremento hasta los 1,17 millones de expedientes presentados avala sus advertencias iniciales y sitúa el efecto llamada en un mínimo de 400.000 personas que habrían llegado expresamente a España para intentar beneficiarse de un proceso de regularización que califican de excepcional. Según explican, esos desplazamientos se habrían producido utilizando rutas aéreas, terrestres o una combinación de ambas.
Pese a estas estimaciones, la Policía reconoce que demostrar de forma individualizada qué solicitudes se apoyan en documentación fraudulenta resulta especialmente complejo.
Los agentes señalan que el Ministerio de Migraciones optó por dejar al margen al Cuerpo en parte de las funciones esenciales relacionadas con la tramitación de los expedientes y externalizó buena parte del procedimiento administrativo, una decisión que, según fuentes de Extranjería, dificulta la detección de posibles irregularidades durante el proceso de regularización.
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