La agenda del presidente del Gobierno se queda hoy en blanco durante cuatro semanas, hasta el 25 de agosto, y lo hace el mismo día en que el Consejo de Ministros aprueba la declaración de zonas gravemente afectadas para los montes quemados por los incendios.
Antes de irse, Pedro Sánchez deja aprobados también una prestación para emergencias extremas que cubre cotizaciones y protege a trabajadores y empresas mientras dura una catástrofe, una norma que impide despedir o represaliar a quien denuncie corrupción en su empresa y el proyecto de ley orgánica de integridad pública que anunció en febrero.
No deja el real decreto de vivienda, la medida con la que pensaba cerrar el curso, que se aplaza a septiembre por falta de apoyos en el Congreso. El real decreto de vivienda con el que Moncloa pensaba despedir el curso ya no está en la lista.
La declaración que sale esta mañana es la que hasta hace unos años se llamaba zona catastrófica. Sirve para que propietarios, usufructuarios y residentes de viviendas habituales dañadas puedan cobrar ayudas por destrucción total, por daños en la estructura, por desperfectos menores y por la pérdida de enseres básicos, además de subvenciones para arreglar los elementos comunes de las comunidades de vecinos.
La prestación para emergencias extremas que se aprueba junto a esa declaración está pensada para episodios que paralizan comarcas enteras durante días. Cubre las cotizaciones a la Seguridad Social y sostiene a la vez a los trabajadores que no pueden acudir a su puesto y a las empresas que no pueden abrir. El otro asunto del orden del día que afecta a trabajadores va por un camino distinto y blinda a quien alerta de corrupción o de prácticas irregulares dentro de su propia compañía, de modo que la empresa no pueda despedirlo ni tomar contra él ninguna decisión que funcione como castigo por haber denunciado.
Nada de esto era lo que el Gobierno tenía escrito para hoy. La despedida iba a ser un real decreto de vivienda con la congelación del precio de los alquileres durante dos años dentro, aplicable a quien la pidiera hasta el 30 de junio de 2028, los contratos de alquiler de habitaciones equiparados a los de vivienda habitual con duraciones de cinco a siete años, topes de precio en las zonas declaradas tensionadas y una batería fiscal para los caseros.
Sumar dio por hecho el miércoles de la semana pasada que el contenido estaba consensuado, pero bastaron unas horas para comprobar que el acuerdo entre los dos socios del Ejecutivo no traía consigo los votos del Congreso.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, había pasado semanas engordando el borrador para que cada grupo parlamentario encontrara alguna de sus reivindicaciones dentro. Estas eran, la equiparación del alquiler de habitaciones que reclamaba el PNV, las bonificaciones en el IRPF para el propietario que congele o baje la renta que pedía Junts o la moratoria que Sumar defiende desde que su prórroga de los alquileres decayó el 28 de abril.
El montaje aguantó hasta que Podemos puso como condición que desaparecieran del texto los artículos que reforman la ley del suelo, y el PNV respondió que esos artículos tenían que seguir ahí para dar seguridad jurídica, agilizar planeamientos y evitar bloqueos, junto con la regulación del alquiler de temporada y el respeto a las competencias autonómicas. Las bonificaciones que contentaban a Junts eran justo las que no convencían a Podemos.
Así, Moncloa ha echado atrás antes que arriesgar una segunda derrota con la misma materia, y esta vez en el estreno del último curso de la legislatura. El decreto volverá en septiembre, en un Gobierno que llevaba meses buscando una medida de calado con la que hablar de otra cosa que no sean los casos judiciales que afectan al partido, y que se queda sin ella justo en la semana en la que el presidente se marcha de vacaciones.
En Moncloa, entretanto, llevan días armando el calendario de septiembre a diciembre. Lo hacen, según explican fuentes del Gobierno, bajo una perspectiva total de precampaña electoral, aunque la fecha de las generales siga sin estar fijada. No obstante, las mismas fuentes sitúan la convocatoria “muy probablemente” entre febrero y marzo de 2027, nunca antes.
El otoño que preparan tiene dos patas. La Asamblea General de Naciones Unidas del 22 al 26 de septiembre en Nueva York, donde Sánchez volverá a hablar ante el pleno; la Cumbre Iberoamericana del 4 y 5 de noviembre en Madrid, con veintidós jefes de Estado y de Gobierno y con la atención puesta en la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez; la COP31 de Antalya, entre el 9 y el 20 de noviembre; y en diciembre el G20 que organiza Donald Trump coincidiendo con el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, al que España acude como invitada desde 2008 y del que ya ha quedado fuera de todas las reuniones preparatorias. Desde Moncloa se espera que esta agenda internacional y el papel de Sánchez ante el mundo insufle ánimos en los votantes socialistas.
La otra pata es doméstica y consiste en presentar unos Presupuestos Generales del Estado que nadie en el Gobierno espera aprobar. La utilidad que le ven ahí es de otra naturaleza, porque un proyecto de Presupuestos permite poner cifras a lo que se destina a sanidad o a educación y señalar qué obra concreta se lleva cada territorio. "Esto te da mucho contenido y mucho titular", admiten.
Sobre ese tablero se decidirá la fecha. Si Sánchez mantiene su palabra de no juntar las generales con las autonómicas y municipales del 23 de mayo, sólo le quedan dos ventanas, marzo o el final del plazo legal, que expira a mediados de octubre de 2027 contando el mes para convocar y los 54 días de campaña y trámites que fija la ley.
En Presidencia manejan como uno de los elementos del cálculo adelantarse al juicio de Begoña Gómez, la esposa del presidente. El decreto de vivienda, que hoy no está sobre la mesa, volverá al primer Consejo de Ministros de septiembre ya dentro de ese calendario.
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