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La operación comenzó en torno a las tres de la madrugada de este martes. Según fuentes policiales, se ha identificado a unas 200 personas, y los servicios de limpieza del Ayuntamiento de Madrid están desmontando las tiendas. Las llevarán a depósitos municipales para entregarlas a quien las reclame.
La acampada y las autoridades ofrecen versiones opuestas sobre cómo se desarrolló el desalojo. La cuenta oficial de la acampada denunció en Instagram una «intervención policial violenta» ejecutada por unidades antidisturbios «bajo las órdenes de la delegación del Gobierno». Según esa cuenta, varias personas resultaron heridas por «golpes y el uso de gas pimienta». Los acampados difundieron vídeos en los que se ve a agentes antidisturbios escoltando a varias personas fuera de la plaza.
La Policía lo niega. «Ha salido todo muy bien y con tranquilidad, sin incidentes graves. Muchos de los acampados han salido voluntariamente», señalan fuentes policiales. La Delegación del Gobierno en Madrid, dirigida por Pilar Trinidad desde hace una semana, sostiene que «el desalojo se ha desarrollado sin violencia».
El sindicato policial Jupol criticó que el desalojo llega «demasiado tarde» y que «parece responder más a intereses políticos y a la necesidad de desviar la atención mediática que a una verdadera voluntad de actuar». También dijo esperar que no pretendan «desviar la atención con una cortina de humo, poniendo el foco sobre la Policía».
La Delegación presenta la medida como un «último recurso» tras un «proceso de actuación gradual». Recuerda que el Gobierno protegió inicialmente el derecho de reunión por la «finalidad reivindicativa común», pero sostiene que ese derecho «no es ilimitado».
Añade que cambió la naturaleza de la acampada: las principales organizaciones se retiraron y muchas de las pernoctaciones correspondían ya a «personas sin hogar» y «colectivos vulnerables». A ello suma «diversos hechos presuntamente delictivos» comunicados por la Jefatura Superior de Policía de Madrid, que generaron un «peligro concreto para personas y bienes».
Según la Delegación, el 26 de octubre el entonces delegado, Francisco Martín, remitió un escrito a los acampados para plantear el fin de la protesta. El 29 de octubre se envió un segundo requerimiento exigiendo el desmantelamiento «a la mayor brevedad». El 30 de octubre, los interlocutores de la acampada comunicaron la disolución de las comisiones organizativas, aunque quedó un grupo «residual» que se negó a abandonar la plaza.
La protesta, instalada en Sol desde el 26 de septiembre, había anunciado el lunes que los integrantes de la Acampada 26S que seguían en la plaza permanecerían hasta la huelga general del 11 de noviembre. La mayoría de las comisiones había anunciado el fin de semana su disolución y el traslado de su actividad a los barrios. Además, medio centenar de personas sin hogar se constituyó en asociación para quedarse en la plaza, aunque las comisiones precisaron que cualquier iniciativa de ese colectivo respondería a su propia voluntad y responsabilidad.
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