Es conocido que el Ministerio de Transportes no mantiene la mejor de las relaciones con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), pese a que este último tenga desde hace unas semanas un presidente más cercano al Gobierno.
La liberalización ferroviaria es el principal culpable de esta falta de entendimiento y su efecto sobre Renfe, la operadora pública que depende del equipo de Óscar Puente. La última batalla de este frente son los talleres que la empresa pública tiene que ceder a sus competidores, Iryo y Ouigo, para mantener sus trenes. Y el giro del Gobierno, liderado por Transportes, ha sido significativo.
Después de meses de críticas públicas por parte de Renfe contra el regulador y de un duro enfrentamiento a cuenta del acceso a los talleres, el departamento que dirige Óscar Puente ha abierto la puerta a lanzar un real decreto para regular esta situación sobre la que regula, única y exclusivamente, la CNMC. El anuncio no llega en una nota de prensa ni en una comparecencia pública, sino en una respuesta parlamentaria en el Congreso a una pregunta lanzada por su socio en el Gobierno, Sumar.
La CNMC resolvió que Renfe debía ceder sus talleres, bajo un acuerdo económico, mientras analizaba el fondo de la cuestión. Una decisión que el Gobierno explicaba en la Cámara baja que se trata de "una determinada interpretación regulatoria" con "elementos de incertidumbre".
"Por ello, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está impulsando una iniciativa normativa mediante real decreto con el fin de clarificar de forma expresa el régimen de acceso a las instalaciones de mantenimiento, establecer criterios objetivos, proporcionados y transparentes de asignación de capacidad y corregir una situación de inseguridad jurídica, que no resulta conveniente abordar exclusivamente a través de interpretaciones administrativas de carácter coyuntural", afirma el Gobierno en su respuesta parlamentaria del pasado 17 de junio.
Por lo tanto, el Gobierno considera que la CNMC no ha resuelto bien este conflicto que afecta a Renfe y el Ministerio de Transportes prepara un real decreto para solucionarlo. Esa afirmación se produce un mes antes de que Juan José Ganuza sustituyese a Cani Fernández en la presidencia de la CNMC. Pero parece que la posición de Transportes se mantiene a día de hoy. El equipo de Óscar Puente no ha querido añadir nada más ante la pregunta y se remite a la respuesta parlamentaria. Tampoco la CNMC ha querido valorar estos hechos.
Pero el movimiento ha encendido las alarmas en el sector. Diversas fuentes consultadas consideran que el futuro decreto supone una invasión de las funciones que la Ley 3/2013 atribuye a la CNMC como regulador independiente del mercado ferroviario.
"Constituye una intromisión en las competencias del regulador. No se respeta su papel legal como árbitro encargado de resolver los conflictos en el sector ferroviario. Parece que se quieren cambiar las reglas del juego a mitad del partido", sostienen fuentes conocedoras del proceso. Tanto el Ministerio de Transportes como la CNMC no han querido valorar a este medio esta intención.
La iniciativa normativa llega tras una campaña de descrédito contra la CNMC protagonizada durante los últimos meses por la cúpula de Renfe. El presidente de la compañía, Álvaro Fernández, ha publicado desde septiembre de 2025 numerosos hilos en sus redes sociales cuestionando la neutralidad del organismo, acusándolo de favorecer la liberalización ferroviaria y de elaborar informes con sesgos metodológicos.
En distintos mensajes llegó a afirmar que la CNMC practicaba una "causa-efecto selectiva", elaboraba "profecías autocumplidas" y ocultaba datos favorables a Renfe. El tono fue endureciéndose conforme avanzaba el conflicto con los operadores privados. En mayo, a raíz del expediente abierto por el acceso de Iryo a los talleres de mantenimiento pesado, Heredia llegó a afirmar públicamente que "la presidenta de la CNMC y su equipo han decidido colocarse por encima de la ley y reescribir la ley".
Las críticas fueron secundadas por el director general de Negocios y Operaciones de Renfe, José Alfonso Gálvez, que elevó aún más el tono. En diferentes publicaciones, calificó la metodología del regulador como una "metodología económica sacada de un ábaco", habló de "pseudociencia", ironizó sobre sus fundamentos técnicos y llegó a afirmar que sus modelos tenían "fundamentos de PowerPoint".
Según fuentes del sector, esta estrategia no sería casual. "Hay una campaña de presión mediática por parte de Renfe contra la CNMC con el objetivo de influir en sus resoluciones. Se pretende desprestigiar a los técnicos del regulador precisamente mientras se renovaba la presidencia y de tres consejeros", señalan.
El origen del enfrentamiento se encuentra en el expediente abierto por la CNMC sobre el acceso de Iryo a las instalaciones de mantenimiento pesado de Renfe. El regulador acordó como medida cautelar facilitar ese acceso mientras resuelve el fondo del procedimiento, decisión que Renfe recurrió ante la Audiencia Nacional.
La empresa pública desplegó entonces una intensa campaña de comunicación alertando de que la resolución obligaría a retirar trenes de servicio, provocaría pérdidas superiores a 60 millones de euros anuales y afectaría a millones de plazas comerciales. También acusó a la CNMC de realizar una interpretación arbitraria de la normativa, exceder las pretensiones de Iryo y poner en riesgo la prestación del servicio público.
Sin embargo, el propio Gobierno recuerda ahora en su respuesta parlamentaria que la resolución de la CNMC tiene únicamente carácter provisional y que todavía no existe un pronunciamiento judicial firme sobre el fondo del asunto.
La guerra de los talleres es clave en este negocio, tanto o más que el asunto de precios. En principio, Renfe debe abrir sus talleres a los operadores privados como Iryo porque la CNMC y la Ley del Sector Ferroviario obligan al operador incumbente (Renfe) a compartir recursos esenciales con las nuevas marcas ferroviarias (Iryo y Ouigo).
Aun así, la CNMC está revisando todos los detalles de este conflicto que, en 2025, parecía resuelto a cambio de cinco millones al año por parte de cada operador a Renfe por usar sus instalaciones. Pero la empresa pública decidió romper el acuerdo y ahora Transportes pone encima una ley ante la amenaza de sanción por parte del regulador. Ese planteamiento supone desplazar hacia el Ministerio funciones que corresponden al regulador independiente.
La Ley 3/2013 atribuye a la CNMC la resolución de conflictos en el sector ferroviario y la supervisión del acceso a las infraestructuras y servicios vinculados a la competencia ferroviaria, mientras que la Ley del Sector Ferroviario desarrolla esas competencias específicas.
La interpretación que hace el Gobierno, sin embargo, es distinta. En su respuesta insiste en que el objetivo del futuro decreto es dotar al sector de una regulación "más clara, más estable y más garantista", evitando situaciones de inseguridad jurídica. O, lo que es lo mismo, hacer las cosas mejor de lo que, a su juicio, lo está haciendo la CNMC.
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