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El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha solicitado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) la elaboración de un informe detallado sobre la evolución del accionariado de la aerolínea Plus Ultra, con especial atención a la incorporación de capital de origen venezolano. La petición responde a una solicitud formulada por la Fiscalía Anticorrupción dentro de la investigación que sigue abierta sobre las ayudas públicas concedidas a la compañía.
Según una providencia, el magistrado ha autorizado un análisis pormenorizado de la estructura accionarial de Plus Ultra, tomando como referencia especialmente el año 2017, momento en el que comenzaron a incorporarse inversores venezolanos al capital social de la empresa.
El objetivo del informe será determinar si la entrada de ese capital pudo tener alguna repercusión en la situación de la aerolínea cuando solicitó el rescate público aprobado en 2021, así como evaluar la posible incidencia de esos cambios en la valoración de la compañía por parte de las autoridades.
En el escrito remitido al juez, la fiscal Elena Lorente recuerda que Plus Ultra fue constituida el 25 de agosto de 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque como socios fundadores.
Sin embargo, la representante del Ministerio Público subraya que la estructura societaria experimentó importantes modificaciones con el paso de los años, especialmente a partir de 2017, cuando personas de origen venezolano comenzaron a incorporarse tanto al accionariado como a los órganos de administración de la compañía.
La Fiscalía hace referencia a un informe elaborado por la UDEF en 2025, cuando la causa permanecía bajo secreto de sumario, en el que ya se señalaban esos cambios en la propiedad de la aerolínea.
De acuerdo con ese informe policial, la entrada de capital venezolano en Plus Ultra se materializó mediante diversas escrituras públicas. Ahora, el juez considera necesario reconstruir de forma exhaustiva la evolución accionarial para determinar el alcance de esas operaciones y valorar si pudieron influir en la solicitud y posterior concesión de las ayudas públicas recibidas por la compañía en septiembre de 2021.
La investigación busca esclarecer el recorrido del accionariado de Plus Ultra y establecer si las modificaciones registradas en los años previos tuvieron alguna relevancia dentro del procedimiento por el que la aerolínea accedió al respaldo financiero del Estado.
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