Los análisis convencionales sobre la invasión en Ceuta insisten de manera reiterada en la hoja de ruta anexionista de Mohamed VI y en la sumisión cómplice de Pedro Sánchez. Esta lectura describe con precisión la realidad material del conflicto, puesto que el Ejecutivo central ha entregado, de facto, la soberanía de la ciudad autónoma a Marruecos.
Sin embargo, limitarse a esta interpretación impide captar la dimensión total de la tragedia. Existe una jugada estratégica propia y deliberada por parte de Sánchez, un plan de supervivencia que trasciende la mera debilidad diplomática y se alinea de forma perversa con los intereses del monarca alauita. En este tablero de alta traición, Mohamed VI ganar sus objetivos territoriales de anexión y Sánchez gana la perpetuación en el poder, mientras España pierde su integridad nacional.
La opinión pública y los analistas se preguntan constantemente cómo Sánchez permite semejante nivel de desamparo en las fronteras sin activar una respuesta firme. La respuesta clásica apela a la impericia o al chantaje tecnológico derivado de Pegasus, pero la realidad es que además de eso, responde también a un cálculo político mucho más frío y maquiavélico.
El caos en Ceuta no representa un fracaso de gestión para Sánchez; representa un escenario operativo que le favorece de forma directa. La inacción gubernamental no constituye una muestra de torpeza burocrática, sino la herramienta precisa para provocar una situación límite en el territorio norteafricano.
La presencia de miles de inmigrantes clandestinos en las calles ceutíes y la infiltración masiva de espías de los servicios secretos de Rabat así como de terroristas yihadistas configuran una bomba de relojería. El ciudadano español de bien asiste a este espectáculo con horror, convencido de que la situación se le escapará de las manos al Ministerio del Interior en cualquier momento.
Este es el gran error de la oposición y de la sociedad civil anestesiada: juzgar las acciones de un tirano bajo los baremos del patriotismo y el sentido de Estado. Para quien sitúa el mantenimiento del poder por encima de cualquier cosa, el desorden absoluto no es un peligro, sino la mayor de las bazas políticas. Veamos.
Una coyuntura insostenible en Ceuta, marcada por el pillaje, los robos generalizados, los saqueos comerciales y la okupación de viviendas, generará una ola de inestabilidad social e indignación popular. El diseño de esta estrategia contempla que la presión demográfica e interna sea tan grande que obligue a trasladar de forma masiva a estos contingentes hacia la península ibérica.
La dispersión de miles de personas sin control filiatorio ni recursos de subsistencia extenderá la inestabilidad hacia regiones clave como Andalucía, Madrid o Cataluña. El conflicto civil provocado por estas masas de marroquíes pero controladas por espías marroquíes y decenas de terroristas yihadistas que han entrado con la invasión correrá como un reguero de pólvora por los barrios obreros de toda la nación, transformando la crisis local de Ceuta en una emergencia nacional incontrolable. Ceuta operará simplemente como la mecha de un artefacto diseñado para estallar en el corazón de la península.
El verdadero desenlace de esta jugada estratégica de Sánchez se desvela al analizar los mecanismos constitucionales de excepcionalidad. Ante un escenario de disturbios generalizados, colapso de los servicios públicos y violencia callejera en las principales capitales españolas, Pedro Sánchez dispondrá de la coartada perfecta para decretar el estado de excepción o el estado de sitio.
Esta medida de fuerza, amparada bajo la narrativa de garantizar la seguridad ciudadana y la defensa colectiva, le permitirá concentrar la totalidad de los poderes del Estado en la presidencia de forma autoritaria.
La declaración de este estado de excepción anulará temporalmente el funcionamiento normal de las instituciones democráticas, amordazará la libertad de prensa y suspenderá las garantías individuales de la población civil.
El objetivo supremo de este colapso inducido radica en la alteración del calendario electoral. Bajo un estado de excepción prolongado en el tiempo, el Ejecutivo suspenderá la convocatoria de los comicios generales de forma indefinida, blindando a Sánchez en el Palacio de la Moncloa sin necesidad de someterse al dictamen de las urnas. La invasión de 72.000 personas que ha sufrido Ceuta proporciona la materia prima humana para justificar una dictadura constitucional de facto que elimine la alternancia política en España.
La pasividad de los ministerios, el silencio clamoroso de las altas instituciones del Estado y la parálisis casi generalizada de la sociedad civil adquieren un sentido lógico bajo esta perspectiva de demolición controlada. Al desarmar judicialmente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado e impedir las devoluciones en caliente, Moncloa asegura el flujo constante de desestabilización necesario para alimentar su agenda de poder.
A la monarquía alauita le interesa que Sánchez permanezca en el poder, sabedor de su sumisión y vasallaje. Mohamed VI avanzará sin oposición en su estrategia de anexión territorial, consciente de que Sánchez necesita también la consolidación de la presión fronteriza y de desestabilización para ejecutar sus planes internos de promulgar un estado de excepción.
España afronta un proceso de descomposición donde sus propios dirigentes actúan como agentes de la fragmentación nacional. Mientras los españoles sigan buscando solo explicaciones en la geopolítica internacional -que las hay, y son muy importantes- o en la simple cobardía de los ministros o ciertas instituciones, Sánchez completará una hoja de ruta totalitaria que instrumentaliza el desorden, destruye la soberanía y condena a la nación a la desaparición definitiva para garantizar la supervivencia de su régimen tiránico.
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