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¿Cuánto dinero público español se destina a alojar y alimentar a agentes de la Gendarmería Real de Marruecos que participan en operaciones conjuntas con la Guardia Civil?
La pregunta tiene nombre y apellidos: Guillermo Miguel Rocafort Pérez la formuló ante el Ministerio del Interior mediante una solicitud de acceso a la información pública presentada el 19 de septiembre de 2024.
La respuesta de la Administración española también tiene nombre y apellidos. La Resolución 00209/2024 fue firmada el 18 de noviembre de 2024 por el general de brigada David Blanes González, entonces jefe del Gabinete Técnico de la Dirección General de la Guardia Civil.
Y el documento contiene una afirmación especialmente relevante:
“Los gastos ocasionados por la alimentación y estancia de los efectivos de la Gendarmería Real Marroquí [...] son sufragados por esta Dirección General”.
Es decir, la propia Guardia Civil reconoce oficialmente que la Administración española paga la alimentación y la estancia de efectivos de la Gendarmería Real Marroquí que participan en las patrullas marítimas mixtas objeto de la solicitud.
Lo que no dice la resolución es cuánto.
Y precisamente ahí comienza una historia de transparencia, cooperación policial y dinero público que lleva más de veinte años.
El solicitante, Guillermo Miguel Rocafort Pérez, no preguntó únicamente por la existencia de la cooperación policial.
Su petición fue mucho más amplia.
Solicitó a la Guardia Civil copia del programa oficial de colaboración policial entre España y Marruecos, información sobre su publicación en el BOE, el número de patrullas mixtas existentes en Canarias y en otras partes de España año por año, informes y reglamentos, el expediente administrativo de autorización y, especialmente, una cuestión económica:
“¿Quién las paga y cuánto cuestan?”
La respuesta de la Dirección General de la Guardia Civil llegó mediante la Resolución 00209/2024, expediente GESAT 00001-00095842.
El documento no niega que existan las patrullas.
Al contrario.
La resolución habla expresamente de las “patrullas marítimas mixtas de la Guardia Civil y la Gendarmería Real Marroquí”, actualmente operativas contra organizaciones criminales dedicadas al tráfico de personas y al narcotráfico.
Por tanto, la existencia de estas operaciones conjuntas queda reconocida por la propia Administración.
La cuestión económica es la parte más clara de toda la resolución.
La Dirección General de la Guardia Civil afirma:
“Los gastos ocasionados por la alimentación y estancia de los efectivos de la Gendarmería Real Marroquí [...] son sufragados por esta Dirección General”.
No se trata de una interpretación de una noticia, ni de una estimación periodística, ni de una declaración de un partido político.
Es una resolución administrativa oficial de la Guardia Civil.
Y la conclusión que permite extraer es concreta:
la Dirección General de la Guardia Civil asume los gastos de alimentación y estancia de los efectivos de la Gendarmería Real Marroquí afectados por estas patrullas.
La Administración española reconoce, por tanto, que existe un gasto público español asociado directamente a la presencia de esos efectivos marroquíes en el marco de las operaciones conjuntas.
Guillermo Rocafort preguntó dos cosas: quién paga y cuánto cuesta.
La primera tiene respuesta.
La segunda permanece oculta.
La propia resolución explica que la información económica no se facilita porque, según la Guardia Civil, esos datos podrían permitir identificar el número de patrullas.
La Administración sostiene que revelar información sobre la operatividad y el número de estas patrullas podría permitir a organizaciones criminales analizar las capacidades policiales existentes y modificar sus rutas relacionadas con la inmigración irregular y el narcotráfico.
La Dirección General fundamenta la denegación en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, concretamente en los límites relacionados con la seguridad pública y la prevención, investigación y sanción de ilícitos.
La consecuencia práctica es singular:
el Estado reconoce el gasto, pero no permite conocer su cuantía.
La resolución tiene además un responsable administrativo perfectamente identificado.
El documento oficial lleva la firma electrónica de David Blanes González, general de brigada de la Guardia Civil y jefe del Gabinete Técnico de la Dirección General de la Guardia Civil.
La firma consta con fecha 18 de noviembre de 2024.
No estamos, por tanto, ante una afirmación anónima.
La cadena documental es perfectamente identificable:
Guillermo Miguel Rocafort Pérez solicita la información.
El Gabinete Técnico de la Dirección General de la Guardia Civil tramita la petición.
El general de brigada David Blanes González firma la resolución.
Y la Dirección General de la Guardia Civil reconoce que sufraga la alimentación y estancia de los efectivos de la Gendarmería Real Marroquí, pero deniega la cuantificación del gasto.
La resolución no se limita a negar el número de patrullas.
Explica que determinados aspectos de la organización y despliegue de las unidades de la Guardia Civil tienen clasificación de seguridad.
Entre ellos figura como “SECRETO” el “despliegue de unidades” y la estructura, organización, medios y procedimientos operativos específicos de determinados servicios.
También aparece clasificada como “RESERVADO” la información relativa a determinados destinos de personal y a las plantillas de personal, medios y equipos de las unidades.
Además, la resolución recuerda que el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de junio de 2014 otorgó la clasificación genérica de “Secreto” a determinada información relativa a la estructura, organización, medios y técnicas operativas empleadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra la delincuencia organizada.
La Administración sostiene que revelar esos datos podría comprometer la seguridad de los agentes y facilitar la actividad de las organizaciones criminales.
Es una justificación que afecta fundamentalmente a la información operativa.
Pero el problema que plantea el expediente es que también la información sobre el coste económico queda fuera del conocimiento público.
La cooperación entre la Guardia Civil y la Gendarmería Real Marroquí no comenzó con la resolución de 2024.
Tiene antecedentes documentados desde 2004.
En enero de aquel año, España y Marruecos acordaron poner en marcha patrullas marítimas mixtas entre la Guardia Civil y la Gendarmería Real Marroquí en la zona comprendida entre El Aaiún y Las Palmas.
Una respuesta oficial del Gobierno al Senado señala que el operativo comenzó en febrero de 2004 y se prolongó inicialmente durante seis meses.
Durante cada mes se realizó una patrulla mixta en aguas españolas y otra en aguas marroquíes. Las patrullas en aguas españolas se efectuaban con embarcaciones de la Guardia Civil de Las Palmas, mientras que las realizadas en aguas marroquíes utilizaban embarcaciones de la Gendarmería Real de Marruecos.
Posteriormente, los gobiernos de ambos países acordaron continuar las operaciones y ampliar su ámbito al Mediterráneo.
La documentación parlamentaria también recoge que Marruecos tenía previsto incorporar oficiales de enlace en Madrid, Canarias y Algeciras, mientras que la Guardia Civil mantenía un oficial agregado y de enlace con la Gendarmería Real en la Embajada de España en Rabat.
La documentación oficial del Congreso permite conocer algunos detalles de aquella primera etapa que hoy, paradójicamente, resultan más concretos que los que la Administración permite conocer sobre el dispositivo actual.
Una respuesta del Gobierno de marzo de 2005 señalaba que las patrullas marítimas conjuntas tenían una duración de siete días y que participaban tres miembros de la Guardia Civil y tres miembros de la Gendarmería Real marroquí.
La frecuencia era de dos patrullas mensuales en el Atlántico —una en aguas de cada país— y una patrulla mensual en el Mediterráneo, alternándose las aguas españolas y marroquíes.
La información parlamentaria de 2005 también señala que las patrullas mixtas se utilizaban para la vigilancia de las costas entre Canarias y el Sáhara Occidental, empleando embarcaciones tanto de la Guardia Civil como de la Gendarmería Real marroquí.
Esto demuestra que no estamos ante una colaboración improvisada.
Existe una estructura de cooperación que se remonta a los gobiernos de comienzos del siglo XXI y que posteriormente se ha desarrollado mediante diferentes acuerdos.
Los primeros pasos de estas patrullas también tienen nombres políticos.
En noviembre de 2003, el entonces ministro del Interior español Ángel Acebes y su homólogo marroquí Mustafá Sahel participaron en Madrid en la reunión en la que se creó el Grupo Migratorio Permanente Hispano-Marroquí.
Posteriormente, en enero de 2004, representantes de ambos países acordaron en Marbella poner en marcha las patrullas marítimas mixtas.
La prensa de la época describió el proyecto como una experiencia piloto. El dispositivo contemplaba que agentes marroquíes embarcaran en patrulleras de la Guardia Civil y que agentes españoles lo hicieran en embarcaciones marroquíes.
Aquellas primeras patrullas se plantearon como una herramienta para combatir la inmigración irregular y posteriormente se fueron ampliando a otros ámbitos de seguridad.
El marco de cooperación fue posteriormente formalizado mediante el Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno del Reino de Marruecos en materia de cooperación policial transfronteriza, firmado en Madrid el 16 de noviembre de 2010 y publicado en el BOE en 2012.
El acuerdo identifica como autoridades competentes españolas a la Policía Nacional y la Guardia Civil, y como autoridades marroquíes a la Dirección General de Seguridad Nacional y la Gendarmería Real.
Entre sus objetivos figuran la cooperación frente al terrorismo, la delincuencia transfronteriza, el crimen organizado, el tráfico de drogas y armas, la inmigración irregular y la trata de seres humanos.
El acuerdo contempla además Centros de Cooperación Policial.
Aquí conviene hacer una precisión importante.
El acuerdo oficial establece centros en Algeciras y Tánger.
Por ello, la documentación disponible no permite afirmar que existan “comisarías secretas” de la Gendarmería Real Marroquí en España.
Esa expresión requiere pruebas específicas.
Lo que sí está acreditado es la existencia de cooperación policial institucional, centros oficiales de cooperación y patrullas marítimas mixtas.
Y ahora también está acreditado que la Dirección General de la Guardia Civil paga alimentación y estancia de efectivos de la Gendarmería Real Marroquí vinculados a esas patrullas.
Canarias ocupa una posición central en la historia de esta cooperación.
Las primeras patrullas mixtas documentadas se desarrollaron precisamente entre la zona de El Aaiún y Las Palmas.
En 2005, el Gobierno informó oficialmente de la continuidad de las patrullas para vigilar las costas entre Canarias y el Sáhara Occidental.
En 2006, otra respuesta parlamentaria del Gobierno señaló que las primeras patrullas mixtas se habían realizado en febrero de 2004 en aguas próximas a Fuerteventura.
Y en 2024, la solicitud de Guillermo Rocafort vuelve a preguntar expresamente por el número de patrullas mixtas existentes en Canarias y otras partes de España, año por año.
La respuesta de la Guardia Civil no proporciona ese dato.
A partir de los documentos oficiales pueden establecerse varios hechos sin necesidad de especular.
Guillermo Miguel Rocafort Pérez solicitó información sobre las patrullas mixtas y preguntó expresamente quién las paga y cuánto cuestan.
David Blanes González, general de brigada y jefe del Gabinete Técnico de la Dirección General de la Guardia Civil, firmó la resolución que respondió a esa solicitud.
La Guardia Civil reconoce la existencia de patrullas marítimas mixtas con la Gendarmería Real Marroquí.
La Guardia Civil reconoce que sufraga los gastos de alimentación y estancia de los efectivos marroquíes.
La Administración española no comunica el importe de esos gastos.
El número y determinados aspectos del despliegue de las patrullas están protegidos mediante los límites de acceso a la información pública invocados por la Guardia Civil.
Y las patrullas marítimas mixtas tienen antecedentes oficiales desde 2004, con presencia documentada en la zona Canarias-Sáhara Occidental.
No conocemos el importe total anual.
No conocemos el coste acumulado.
No conocemos el número actual de agentes marroquíes que participan.
No conocemos el número actual de patrullas.
No conocemos, a partir de este documento, qué establecimientos concretos proporcionan el alojamiento.
Tampoco podemos concluir que España pague todos los gastos de la Gendarmería Real Marroquí en España.
Y tampoco podemos afirmar, únicamente con esta documentación, que existan “comisarías secretas” marroquíes en territorio español.
Hay una cuestión que no necesita especulación.
La pregunta es sencilla:
¿Cuánto dinero de los Presupuestos Generales del Estado se utiliza para alimentar y alojar a agentes de la Gendarmería Real Marroquí que participan en patrullas conjuntas con la Guardia Civil?
La respuesta oficial actualmente conocida es:
La Guardia Civil paga.
Pero:
La ciudadanía no conoce cuánto.
Y la propia resolución reconoce que conoce ese dato, pero decide no comunicarlo porque considera que permitiría identificar el número de patrullas.
Ahí se encuentra el verdadero debate.
No se trata de cuestionar por sí mismo que España coopere con Marruecos contra el narcotráfico o las organizaciones dedicadas al tráfico de personas.
Tampoco se trata de revelar rutas, horarios, medios o efectivos cuya publicación pueda comprometer una operación policial.
La cuestión es mucho más elemental:
¿Puede informarse a los ciudadanos del coste de una política pública sin revelar información que comprometa su seguridad?
Es una cuestión que podría resolverse, por ejemplo, mediante cifras anuales agregadas que no permitan reconstruir el despliegue operativo.
La resolución no permite responder a esa pregunta.
Pero permite responder a otra que hasta ahora podía generar dudas:
sí hay dinero público español destinado a sufragar alimentación y estancia de efectivos de la Gendarmería Real Marroquí en el contexto de estas patrullas.
Lo dice la Dirección General de la Guardia Civil.
Lo firma el general de brigada David Blanes González.
La pregunta la formuló Guillermo Miguel Rocafort Pérez.
Y el documento tiene fecha de 18 de noviembre de 2024.
El resto —cuántos agentes, cuántos días, cuántas patrullas y cuánto dinero— permanece fuera del conocimiento público.
La Resolución 00209/2024 no debería ser considerada el final de la investigación, sino su punto de partida.
El siguiente paso lógico consiste en localizar las partidas presupuestarias de la Guardia Civil, expedientes de contratación, facturas o contratos de alojamiento, gastos de manutención, indemnizaciones por razón del servicio y cualquier convenio económico relacionado con las patrullas.
También habría que comprobar si existen datos agregados que puedan hacerse públicos sin comprometer la seguridad de las operaciones.
Porque la transparencia y la seguridad no tienen por qué ser conceptos incompatibles.
Se puede ocultar una ruta policial si es necesario.
Se puede proteger la identidad de un agente.
Se puede mantener en secreto una capacidad operativa.
Pero la cuestión de cuánto dinero público se gasta merece, al menos, una respuesta que permita a los ciudadanos conocer la dimensión económica de la política que están financiando.
Y en este caso existe una primera respuesta oficial, inequívoca y documentada:
la Dirección General de la Guardia Civil paga la alimentación y la estancia de efectivos de la Gendarmería Real Marroquí que participan en las patrullas marítimas mixtas.
La cifra, sin embargo, sigue sin conocerse.
Y esa cifra es precisamente la que ahora corresponde investigar.
Resolución 00209/2024 — Dirección General de la Guardia Civil. Expediente GESAT 00001-00095842. Firmada por el general de brigada David Blanes González el 18 de noviembre de 2024. Consultar la resolución oficial del Ministerio del Interior
Boletín Oficial del Estado — Acuerdo de cooperación policial transfronteriza España-Marruecos. Consultar el BOE
Cortes Generales — documentación parlamentaria sobre las patrullas mixtas de 2004-2005. Consultar la documentación del Congreso/Senado
No está demostrado que España pague “todas las comisarías secretas” de Marruecos en territorio español.
Sí está demostrado oficialmente que la Dirección General de la Guardia Civil española sufraga la alimentación y la estancia de efectivos de la Gendarmería Real Marroquí que participan en determinadas patrullas marítimas mixtas.
Lo que no ha hecho público la Guardia Civil es cuánto dinero supone ese gasto.
Ese es el hecho que puede ser atribuido documentalmente a la Administración española y sobre el que debe continuar la investigación.
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