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La investigación sobre Leire Díez y las supuestas cloacas del PSOE da un giro relevante. El juez Juan Carlos Zamarriego, titular del Juzgado de Instrucción nº 32 de Madrid, ha decidido remitir la causa al magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.
El movimiento judicial se produce en un momento de máxima presión política y mediática, con varias piezas abiertas que apuntan a un presunto entramado de intereses, filtraciones y operaciones de inteligencia paralela vinculadas al entorno socialista.
La causa investiga la presunta participación de Leire Díez, asesora del PSOE, en maniobras de obtención y difusión de información sensible que habría sido utilizada para atacar adversarios políticos y proteger a figuras del partido. El caso, que ha ido creciendo en ramificaciones, se relaciona con otras investigaciones sobre presuntas redes de influencia, pagos opacos y estructuras informales de presión dentro del ecosistema socialista.
El juez Zamarriego también ha acordado dejar sin efecto el volcado del soporte de grabación relacionado con el fiscal Ignacio Stampa. Díez contactó con el fiscal para tratar de obtener información que pudiera comprometer a determinados responsables judiciales y policiales.
La decisión se produce después de que Pedraz rechazara admitir como acusación particular al coronel de la Guardia Civil Daniel Baena, responsable de la investigación policial sobre el referéndum ilegal de independencia celebrado en Cataluña el 1 de octubre de 2017.
Zamarriego, que llevaba meses analizando documentación y declaraciones, ha considerado que la complejidad del caso y su conexión con otras piezas ya abiertas en la Audiencia Nacional justifican el traslado. Pedraz, que acumula investigaciones de alto impacto político, será ahora quien decida el rumbo de la instrucción.
El relevo judicial llega en un contexto especialmente delicado para el Gobierno. La oposición denuncia que el caso Díez podría destapar una estructura de “guerra sucia” dentro del PSOE, mientras el Ejecutivo evita pronunciarse y se limita a defender la independencia judicial. Analistas señalan que el movimiento de Zamarriego podría acelerar la investigación y abrir la puerta a nuevas imputaciones.
La causa incluye comunicaciones internas, informes policiales, testimonios de funcionarios y material digital que, según fuentes del procedimiento, podría ser clave para determinar si existió una red organizada de obtención de información con fines políticos.
Las investigaciones sobre Leire Díez también han alcanzado a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dependiente del Ministerio de Hacienda. Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil conocido el pasado mes de junio reveló que Díez aspiró a convertirse en «directora de gabinete» de la entidad pública.
La referencia aparecía en las pesquisas sobre el rescate de 112,8 millones de euros concedido por el Gobierno de Pedro Sánchez a Tubos Reunidos. La SEPI, encargada de gestionar las participaciones empresariales del Estado, fue el organismo que aprobó aquella ayuda multimillonaria.
Con la llegada del caso a manos de Pedraz, la investigación entra en una fase decisiva que podría tener consecuencias de gran alcance para el partido de Sánchez.
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