El Supremo condena a UGT-A a devolver otros 8,8 millones de euros

En la sentencia, fechada el pasado 13 de octubre, la Sala de lo Contencioso-Administrativo confirma la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en relación a la controversia de si los gastos de personal en los que se exceden los mínimos legales o establecidos en el convenio colectivo son subvencionables o deben ser abonados por la empresa, en este caso el sindicato.

Esta segunda resolución sigue a la sentencia dictada el 5 de octubre por el mismo Supremo, que resolvía una cuestión similar y obligaba al UGT-A a reintegrar 18.319.183,71 euros a la Junta de Andalucía por presuntas irregularidades en subvenciones para la formación de desempleados.

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 Entonces el Alto Tribunal también respaldó al TSJA, que había considerado que "el plus de retribución abonado voluntariamente por la empresa, por encima de lo previsto en el convenio, no puede tener la consideración de gasto que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada ni es un gasto que resulte estrictamente necesario para la realización de la actividad subvencionada".

De hecho, en esta segunda sentencia el Alto Tribunal hace referencia a esa conclusión y mantiene, como ya hizo antes, que "las mejoras pactadas individualmente con los trabajadores deben sufragarse con fondos propios de la entidad beneficiaria", ya que "su abono con cargo a la subvención supondría destinar fondos públicos a financiar estas mejoras".

"La coincidencia entre la cuestión resuelta en nuestra sentencia del 5 de octubre y la que ahora se plantea determina que sigamos la doctrina establecida en aquella resolución", indica la Sala, que subraya que en ambos asuntos se excluye de la financiación con fondos públicos aquellas mejoras voluntarias de las retribuciones por encima de los mínimos legales o convencionales, "aunque no sean desproporcionadas con arreglo al valor de mercado".

En definitiva, el Supremo declara que no ha lugar al recurso de casación de UGT-A y rechaza que puedan ser declarados como subvencionables las retribuciones que excedan los mínimos legales o convencionales.