El juez Arturo Zamarriego, titular de la Plaza de Castilla número 9, ha emitido un auto que marca un giro decisivo en el caso Leire Díez, la presunta “fontanera” del PSOE y Ferraz. El magistrado ha decidido inhibirse y trasladar la causa completa a la Audiencia Nacional, al considerar que una jurisdicción única permitirá una investigación “más ágil” y que existen indicios que afectan a personas de mayor jerarquía dentro del entramado.
El auto recoge conclusiones contundentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Según los agentes, Leire Díez habría ofrecido remuneraciones y favores a funcionarios de la Guardia Civil y del Ministerio Fiscal para obstaculizar investigaciones judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno. Su objetivo, según el informe, era “atacar la correcta dirección” de procesos sensibles para el partido.
La resolución judicial detalla que Díez habría contado con el “impulso y soporte intelectual y/o financiero” de Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE. El dirigente socialista habría acordado pagar los servicios de Díez con fondos del partido, utilizando para ello un mecanismo de facturación irregular.
El juez señala directamente a Ana María Fuentes Pacheco, gerente de la Secretaría de Organización del PSOE, como la persona que habría emitido órdenes de encargo que dieron lugar a facturas falsas. Estas permitieron transferir dinero del partido a Díez y al empresario Javier Pérez Dolset, también investigado.
Zamarriego justifica la inhibición en que la Audiencia Nacional ya investiga a otros implicados “con mayor nivel de jerarquía”, lo que exige una concreción exacta de responsabilidades. El Ministerio Fiscal y las acusaciones personadas coincidieron en solicitar el traslado.
El caso, que comenzó en 2025, ha ido revelando una presunta estructura paralela de presión, filtraciones y sabotaje institucional vinculada a Ferraz. La llegada del procedimiento a manos del juez Santiago Pedraz abre una nueva fase en una investigación que afecta al núcleo orgánico del PSOE.
La reciente resolución explica que acepta que la Audiencia Nacional se quede con la investigación de la causa completa porque «las diligencias seguidas por el Juzgado Central de Instrucción se dirigen además contra otras personas, que podrían tener mayor nivel de jerarquía en dicho entramado, por lo que resulta necesario la exacta concreción de responsabilidades».
«En consecuencia, en criterio coincidente con el expresado por el Ministerio y demás acusaciones personadas, procede la inhibición de las presentes actuaciones en favor de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia», añade.
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