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La crisis migratoria que golpea a Ceuta desde finales de julio empieza a tener una dimensión económica que el Gobierno todavía no ha desglosado completamente. Mientras miles de inmigrantes continúan siendo atendidos en la ciudad autónoma y las administraciones amplían los dispositivos de acogida, Hazte Oír ha decidido acudir al Portal de Transparencia para intentar determinar cuánto dinero público se está destinando a la respuesta institucional y qué organizaciones están recibiendo esos fondos.
La pregunta que plantea la asociación es directa: «¿Cuánto nos cuesta a los españoles?»
La organización ha registrado solicitudes de información ante los ministerios de Defensa, Juventud e Infancia e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, con el objetivo de obtener las partidas presupuestarias, contratos, subvenciones y pagos vinculados a la gestión de la situación migratoria en Ceuta.
La petición abarca desde el 20 de julio, antes de las entradas masivas de los días 30 y 31, porque Hazte Oír considera que durante los días previos ya se estaba produciendo un aumento progresivo de las llegadas irregulares.
Y aunque todavía no existe una cifra oficial que permita sumar todo el coste de la crisis, sí hay ya un importe que el propio Gobierno ha hecho público: 6,5 millones de euros destinados a reforzar la atención humanitaria en Ceuta.
El dato más concreto procede del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, dirigido por Elma Saiz.
El departamento anunció que había declarado una situación de emergencia dotada con 6,5 millones de euros, dentro de la respuesta humanitaria desplegada en Ceuta. La medida se articula en el marco de la colaboración con Cruz Roja Española, que quedó designada como entidad prioritaria para prestar apoyo a las personas en situación de vulnerabilidad.
La cifra es significativa, pero conviene hacer una precisión: 6,5 millones no equivale necesariamente al coste total de la crisis migratoria de Ceuta.
Se trata de una dotación vinculada a la respuesta humanitaria. El coste final puede ser superior cuando se incorporen otros gastos realizados por diferentes ministerios y administraciones: seguridad, infraestructuras, alojamiento, transporte, atención sanitaria, menores no acompañados, personal, limpieza, logística o utilización de instalaciones públicas.
Precisamente eso es lo que pretende averiguar Hazte Oír.
La principal entidad que aparece identificada hasta ahora en la respuesta extraordinaria es Cruz Roja Española.
Según los datos difundidos por el Ministerio de Inclusión, la organización comenzó a distribuir aproximadamente 4.000 kits de alimentación diarios desde el 3 de agosto, además de kits de higiene femenina. También ha proporcionado asistencia sociosanitaria básica a más de 4.000 personas en Ceuta.
Estos datos permiten dimensionar la magnitud del operativo.
Si se distribuyen alrededor de 4.000 kits diarios, la alimentación se convierte en uno de los gastos recurrentes de la emergencia. A ello hay que añadir la asistencia sanitaria, el personal, el material de emergencia y la logística necesaria para mantener el dispositivo.
Pero todavía queda por conocer cuánto de los 6,5 millones de euros corresponde a cada concepto y qué cantidad ha sido efectivamente pagada.
Esa es una de las cuestiones que la petición de transparencia pretende aclarar.
El nombre que aparece en el centro de la respuesta del Gobierno es el de Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Saiz se desplazó a Ceuta y mantuvo reuniones con las autoridades locales para coordinar la ampliación de los recursos de acogida. Su ministerio anunció el 17 de agosto cuatro nuevos emplazamientos destinados a reforzar temporalmente la capacidad de atención.
Los primeros espacios fueron:
El Gobierno anunció inicialmente 1.500 plazas y posteriormente elevó la capacidad operativa a unas 1.800 plazas con la incorporación de Loma Margarita.
Los emplazamientos son temporales y algunos son instalaciones pertenecientes al Estado, mientras que el aparcamiento del Embolsamiento fue cedido por la Ciudad Autónoma.
Junto a Cruz Roja, otras dos organizaciones aparecen expresamente vinculadas al dispositivo extraordinario de acogida: Accem y la Asociación Engloba.
Ambas han participado en el operativo de traslado y atención de los inmigrantes que permanecían en la playa de El Trampolín y en otras zonas de la ciudad. EFE confirmó que estas entidades del tercer sector participan en la atención de los nuevos recursos habilitados por el Gobierno.
El 20 de agosto, cerca de 1.700 inmigrantes fueron trasladados desde la playa de El Trampolín hacia los espacios temporales habilitados por las autoridades, dentro de un dispositivo coordinado por el Gobierno central, la Ciudad Autónoma y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
La participación de estas organizaciones no significa, por sí misma, que las tres estén percibiendo una parte de los 6,5 millones de euros en las mismas condiciones. Para determinarlo es necesario conocer los contratos, convenios o instrumentos de financiación concretos.
Y precisamente ahí está una de las claves de la solicitud de Hazte Oír.
La asociación no se limita a preguntar por una cifra global.
Su solicitud pretende identificar las entidades beneficiarias de fondos públicos, incluyendo ONG y fundaciones, y conocer cuánto dinero ha recibido cada una, por qué concepto y mediante qué procedimiento.
La petición incluye:
La diferencia entre estas categorías es fundamental.
Una cosa es que una administración conceda una subvención a una organización y otra que contrate a una entidad para prestar un determinado servicio. También puede existir financiación ordinaria de programas de atención humanitaria que no haya sido creada específicamente como consecuencia de la crisis de julio.
Por ello, presentar todo el dinero destinado a migración como si correspondiera exclusivamente a la emergencia de Ceuta sería incorrecto.
El Ministerio de Inclusión dispone de un Programa de Atención Humanitaria que no nació con la crisis de julio.
El programa está diseñado para atender a personas migrantes en situación de vulnerabilidad que llegan irregularmente a España, incluidas aquellas que acceden por vía terrestre a Ceuta y Melilla. Entre las actuaciones previstas se encuentran la acogida, la atención sociosanitaria urgente, el suministro de material básico, ayudas económicas y traslados.
El propio Ministerio explica que estos servicios se financian con recursos de los Presupuestos Generales del Estado y que pueden ser prestados mediante entidades del tercer sector.
Por tanto, para conocer el coste extraordinario de la crisis será necesario separar dos conceptos:
el gasto estructural que ya existía antes de julio y el gasto extraordinario provocado por la avalancha migratoria.
La documentación que reclama Hazte Oír puede ser determinante para realizar esa separación.
El Gobierno ya dispone de mecanismos de financiación para distintas organizaciones que trabajan en el ámbito de la acogida y la atención humanitaria.
La documentación oficial del Ministerio recoge entre las entidades beneficiarias de determinados programas a organizaciones como Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad, Asociación Columbares, Progestión, San Juan de Dios España, CESAL y la Coordinadora Estatal de Plataformas Sociales Salesianas, entre otras.
Sin embargo, hay que evitar una confusión importante: que una entidad aparezca como beneficiaria de programas estatales de acogida no demuestra que haya recibido dinero específicamente por la crisis de Ceuta de julio de 2026.
Para atribuir una cantidad concreta a la emergencia actual es necesario disponer del expediente correspondiente.
Este matiz es fundamental si se pretende ofrecer una información rigurosa y no simplemente sumar todas las subvenciones que una ONG haya recibido en los últimos años.
El importe de 6,5 millones de euros debe entenderse como una de las primeras cifras oficiales conocidas, no como la factura definitiva.
El dispositivo requiere además instalaciones, transporte, personal, seguridad y medios materiales.
El Ministerio de Inclusión ha habilitado espacios de titularidad estatal y ha trabajado con la Ciudad Autónoma de Ceuta para disponer de instalaciones adicionales. La capacidad proyectada de los diferentes emplazamientos supera las 5.000 plazas, según las informaciones difundidas sobre el dispositivo.
Cada ampliación implica nuevos costes.
También existe una dimensión relacionada con los menores migrantes no acompañados. Las autoridades han situado en torno a 2.500 el número de menores migrantes presentes en Ceuta, aunque las propias fuentes oficiales reconocen las dificultades para establecer un recuento global debido a la movilidad y las circunstancias del territorio.
La atención de menores constituye un capítulo diferente y requiere analizar las competencias y gastos de la Ciudad Autónoma, además de los mecanismos estatales de apoyo y eventual traslado a otras comunidades.
En el ámbito autonómico, otro de los nombres fundamentales es Juan Jesús Vivas, presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta.
Vivas se ha reunido con Elma Saiz para abordar la situación y la puesta en marcha de los nuevos dispositivos de acogida. El Gobierno central y el Ejecutivo ceutí han tenido que coordinar la utilización de terrenos e instalaciones para responder a la emergencia.
La Ciudad Autónoma cedió, por ejemplo, el espacio del Embolsamiento de Loma Colmenar para el dispositivo temporal.
El coste que asume la administración local es otra de las cuestiones que debería aparecer en una radiografía completa de la crisis.
Si la pregunta es cuánto cuesta la emergencia a los contribuyentes españoles, no basta con mirar exclusivamente las cuentas del Ministerio de Inclusión.
Hay que sumar, cuando proceda, el gasto de la Administración General del Estado, la Ciudad Autónoma y cualquier otra administración que haya movilizado recursos específicamente por la situación.
La crisis también ha requerido un amplio despliegue de Policía Nacional y Guardia Civil.
El operativo del 20 de agosto para desalojar la playa de El Trampolín y trasladar a los inmigrantes a los nuevos recursos temporales se realizó con participación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. EFE señaló que el dispositivo comenzó a primera hora de la mañana y que los traslados se efectuaron de manera voluntaria, según fuentes de la Delegación del Gobierno.
Estos costes, sin embargo, pertenecen a otra categoría presupuestaria.
El gasto policial no equivale a una subvención a una ONG, pero forma parte del esfuerzo económico que puede generar una situación de presión migratoria extraordinaria.
De ahí la importancia de que la investigación de transparencia abarque distintos ministerios y no únicamente Inclusión.
El Ministerio de Defensa participa asimismo en la respuesta logística.
En los primeros días de la crisis se recurrió a material disponible en instalaciones militares para reforzar la capacidad de acogida. Según RTVCE, la ampliación del CETI en 72 plazas se produjo con la colaboración del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa, que trasladó material desde el Centro de Acogida de Las Raíces, en Tenerife.
Esto abre otro interrogante económico: ¿cuánto cuesta transportar, instalar y mantener estos medios?
La utilización de recursos públicos preexistentes puede no generar un nuevo contrato, pero sí implica costes de transporte, personal, mantenimiento y logística.
Por eso Hazte Oír ha incluido también al Ministerio de Defensa en sus solicitudes.
El Ministerio de Juventud e Infancia, dirigido por Sira Rego, aparece igualmente entre los departamentos a los que Hazte Oír ha dirigido sus solicitudes.
La razón está relacionada con la situación de los menores migrantes no acompañados que se encuentran en Ceuta y con la respuesta institucional que se está articulando para ellos.
La situación de los menores constituye uno de los principales retos de la crisis, tanto por el volumen de personas afectadas como por las obligaciones legales de protección y acogida.
En este ámbito, además, la factura no se limita al alojamiento. Incluye educación, asistencia social, protección de menores, personal especializado y, cuando se producen traslados, los costes asociados a los mismos.
Esta es probablemente la pregunta que más interés suscita, pero también la que exige mayor cautela.
A día de hoy, con la información oficial publicada, se puede afirmar que:
Cruz Roja Española: el Gobierno ha declarado una emergencia de 6,5 millones de euros para reforzar la atención humanitaria en Ceuta, con Cruz Roja como entidad prioritaria.
Accem: participa en el dispositivo extraordinario de atención y acogida, junto con otras entidades, pero no se ha localizado en la documentación pública consultada una cifra que permita afirmar que Accem haya recibido una cantidad concreta de esos 6,5 millones por esta emergencia.
Engloba: participa igualmente en la atención y en el dispositivo de acogida temporal, pero tampoco se ha localizado una cifra oficial pública que permita atribuirle una cantidad concreta de los 6,5 millones.
Otras entidades: existen numerosas organizaciones que participan en programas estatales de acogida y atención humanitaria, pero su presencia en los registros de subvenciones generales no permite atribuir automáticamente sus fondos a la crisis concreta de Ceuta.
Esta distinción es esencial.
Los 6,5 millones de euros constituyen, por ahora, el principal importe extraordinario reconocido públicamente por el Gobierno para la respuesta humanitaria en Ceuta.
Pero la pregunta formulada por Hazte Oír es más amplia.
La asociación quiere saber cuánto se ha gastado desde el 20 de julio en la totalidad de la respuesta institucional.
Eso significa que habrá que esperar a conocer los expedientes de los distintos departamentos para sumar:
6,5 millones de emergencia humanitaria + contratos adicionales + costes de alojamiento + alimentación + transporte + asistencia sanitaria + asistencia jurídica + dispositivos para menores + logística + instalaciones + otros gastos extraordinarios.
Solo entonces se podrá hablar de una cifra total.
La dimensión del problema explica por qué el gasto ha crecido con rapidez.
La entrada masiva se produjo principalmente durante los días 30 y 31 de julio, cuando miles de personas accedieron irregularmente a Ceuta desde Marruecos. Posteriormente, una parte importante regresó a Marruecos, mientras otras personas permanecieron en la ciudad.
En las semanas siguientes se formaron asentamientos improvisados, especialmente en la playa de El Trampolín.
El 20 de agosto, las autoridades desalojaron la zona y trasladaron a alrededor de 1.700 personas a los nuevos espacios de acogida.
El problema, sin embargo, no desapareció con el traslado.
Las autoridades continúan ampliando las instalaciones y el Gobierno ha planteado nuevos espacios temporales.
El Ministerio de Inclusión ha señalado que la capacidad podrá seguir aumentando conforme finalicen los trabajos de adecuación.
La situación de Ceuta ha obligado a intervenir a numerosos departamentos.
Elma Saiz, desde Inclusión, dirige la respuesta humanitaria.
Sira Rego, desde Juventud e Infancia, se encuentra vinculada a la problemática específica de los menores.
Margarita Robles, desde Defensa, tiene bajo su departamento los recursos militares que han colaborado en la respuesta logística.
Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, dirige las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que participan en el control fronterizo y en los dispositivos de seguridad.
Y en Ceuta, Juan Jesús Vivas coordina la respuesta del Gobierno de la Ciudad Autónoma.
La dimensión económica de la crisis, por tanto, está repartida entre distintas administraciones.
La iniciativa de Hazte Oír pretende que esa dispersión no impida conocer la factura final.
La asociación quiere que el Gobierno identifique los contratos, subvenciones y pagos realizados y que se especifique el beneficiario de cada uno de ellos.
La información será especialmente relevante si permite distinguir entre:
Sin esta separación, cualquier cifra global podría inducir a error.
Mientras llegan las respuestas a las solicitudes de transparencia, existe una cifra que ya está confirmada oficialmente:
6.500.000 euros.
Es la cantidad asociada a la declaración de emergencia anunciada por el Ministerio de Inclusión para reforzar la atención humanitaria en Ceuta, con Cruz Roja como entidad prioritaria.
Pero no es todavía posible afirmar que esa sea la factura total de la crisis migratoria.
Tampoco puede afirmarse, sin los expedientes correspondientes, que esos 6,5 millones sean íntegramente una subvención directa a Cruz Roja en sentido ordinario. El Gobierno habla de una declaración de emergencia y de una actuación prioritaria de Cruz Roja dentro del dispositivo de asistencia humanitaria.
Precisamente por eso será necesario conocer la resolución, las condiciones económicas, los pagos efectuados y la justificación de los gastos.
La crisis de Ceuta ya ha obligado al Estado a movilizar millones de euros, miles de plazas de acogida, recursos policiales, instalaciones militares y equipos sanitarios y sociales.
El Gobierno ha reconocido 6,5 millones de euros para reforzar la atención humanitaria y ha puesto en marcha dispositivos con capacidad inicialmente anunciada para 1.500 personas y posteriormente ampliada a unas 1.800.
Cruz Roja ha distribuido miles de kits de alimentación y prestado atención sanitaria a miles de personas. Accem y Engloba participan en la gestión de los nuevos espacios. Y las distintas administraciones continúan ampliando los recursos mientras miles de personas permanecen en la ciudad.
Pero todavía falta conocer la factura completa.
Hazte Oír reclama ahora al Gobierno que entregue esa información.
Cuánto se ha gastado. Quién lo ha cobrado. En qué se ha gastado. Qué contratos se han firmado. Qué subvenciones se han concedido. Y cuánto dinero adicional tendrá que movilizar el Estado si la situación continúa.
La respuesta a esas preguntas permitirá determinar, con documentos oficiales, cuánto ha costado realmente la crisis migratoria de Ceuta a las arcas públicas.
Por ahora, el dato oficial más claro es 6,5 millones de euros para la emergencia humanitaria.
La cifra final, sin embargo, todavía está por escribir.
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