La parálisis que sufre el sistema judicial español ha alcanzado cotas alarmantes debido a la estrategia de bloqueo sistemático que ejecuta el Tribunal Constitucional bajo la presidencia del socialista Cándido Conde-Pumpido.
Lejos de actuar como el máximo garante de los derechos fundamentales de los ciudadanos, la corte se ha transformado en un búnker de inoperancia que asfixia el acceso a la justicia y desprotege a los españoles de manera deliberada. Los profesionales del derecho asisten con estupor a un escenario donde el sesgo político y la parálisis administrativa sepultan las garantías democráticas.
«El Tribunal Constitucional afronta nuevas críticas en el sector judicial por la escasa tasa de admisión de recursos de amparo. De los 9.600 presentados solo 59 fueron admitidos a trámite el pasado ejercicio, según las cifras reveladas por el abogado García Cebrián. Ahora, el magistrado Manuel Jaén Vallejo cuestiona la eficacia de este mecanismo y expone que ‘una justicia tardía e inoperante no es justicia'».
La descomposición de las funciones esenciales del tribunal golpea directamente los cimientos del Estado de derecho. Cuando el órgano encargado de velar por la Carta Magna decide dar la espalda a la ciudadanía, la indefensión jurídica se generaliza. Una justicia tardía es más bien «una injusticia», ya que afecta al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, un derecho por el que el Tribunal Constitucional (TC) ha de velar.
El bloqueo fáctico que ejercen los magistrados afines al Ejecutivo de Sánchez dinamita los plazos razonables y despoja a los españoles de una herramienta clave para defenderse de los abusos de los poderes públicos.
Los datos estadísticos desmontan cualquier intento de justificación técnica por parte de la presidencia del tribunal. Las cifras reflejan una estrategia de inadmisión masiva que convierte el recurso de amparo en una quimera inalcanzable. «Pero la realidad es que el alto tribunal, según las últimas cifras facilitadas en elcierredigital.com por Alberto García Cebrián en su artículo del pasado día 24 sobre la base de las estadísticas y memoria anual del TC, tiene una tasa de admisión del 0’61%«.
Esta raquítica proporción evidencia que el tribunal funciona como un muro infranqueable. «Una cifra, que sobre la base del filtro que representa el requisito de la ‘especial trascendencia constitucional’, lleva a la conclusión de que el propio TC no cumple con el derecho a la tutela judicial efectiva, un derecho que no rige sólo en el ámbito de la jurisdicción ordinaria, sino también en la jurisdicción constitucional«.
Resulta paradójico que el propio tribunal incumpla de manera flagrante los criterios que durante décadas impuso al resto de los juzgados y tribunales de la nación. La jurisprudencia histórica de la propia corte determina que el retraso injustificado equivale a una denegación del derecho.
«El TC ha venido afirmando reiteradamente que la realización de toda la actividad judicial indispensable para la resolución del caso ha de ser el más breve posible, algo que se hace más necesario aún en la jurisdicción penal. Incluso, desde bien temprano, ya dejó claro este tribunal que ‘una justicia tardíamente concedida equivale a un fallo del derecho a la tutela judicial efectiva’ (STC 26/1983)». Bajo la actual dirección de Conde-Pumpido, estas palabras quedan reducidas a papel mojado.
La desconexión entre la doctrina constitucional y la práctica diaria bajo el control socialista genera una situación insostenible para el tejido judicial. Las alarmas se han encendido en todas las audiencias y colegios de abogados del país ante el desprecio absoluto a las solicitudes de amparo.
«Es evidente que ante una situación como la que reflejan las estadísticas y memoria del TC, en la que, de 9.600 recursos presentados sólo se admitieron a trámite 59 (luego se inadmitieron 9.541), otorgándose el amparo entre el 60 y el 70%, la inoperancia del actual recurso de amparo es ‘clamorosa’. Además resulta inviable para el cumplimiento de su función constitucional de protección de los derechos fundamentales frente a las vulneraciones de los poderes públicos».
El malestar de los juristas aumenta debido a la total ausencia de motivación en los autos de rechazo. El Tribunal Constitucional despacha miles de reclamaciones ciudadanas mediante resoluciones tipo, desprovistas de cualquier argumentación jurídica real.
«Muchos juristas han mostrado su ‘perplejidad ante la inutilidad’ de este mecanismo de protección de los derechos fundamentales, tal como está actualmente articulado, con competencia del TC. La sorpresa es mayor aún si tenemos en cuenta que el TC se limita a inadmitir por «falta de trascendencia constitucional», sin mayores explicaciones, vulnerándose también en este aspecto la tutela judicial efectiva».
Esta falta de transparencia vulnera los principios democráticos más elementales, que exigen que los jueces justifiquen sus decisiones para evitar sospechas de favoritismo o persecución ideológica.
«Este derecho fundamental exige, como el propio TC ha dicho en muchas ocasiones, que toda resolución contenga una motivación adecuada y suficiente, de manera que sea posible comprobar que la decisión judicial – en este caso sería una decisión del propio tribunal – es consecuencia de la aplicación razonada del ordenamiento jurídico –consecuencia de una irrelevante demanda de amparo desde la perspectiva constitucional– y no el fruto de la arbitrariedad, en la que también puede incurrir el Tribunal Constitucional«.
Para disipar la sombra de la sospecha que planea sobre la corte, la transparencia debería guiar cada paso. «En cualquier caso, ese ‘peligro’ debería ser mínimo. El TC es garante de los derechos fundamentales, de manera que para alejar toda duda sobre posibles sospechas de arbitrariedad, debería ofrecer siempre la necesaria motivación sobre la inadmisión acordada».
La profunda crisis de credibilidad que arrastra la institución con el amigo de Sánchez, el socialista Conde-Pumpido, ha abierto un debate doctrinal de calado sobre la necesidad de retirarle competencias a una corte secuestrada por el partidismo. Ante el colapso provocado por la actual dirección, las propuestas de modificación legal ganan fuerza entre los expertos, quienes sugieren devolver la protección de los derechos a los jueces de carrera, alejados de las cuotas políticas.
«Este autor, incluso, dada la inoperancia actual del recurso de amparo en sede de TC, defiende la exclusión del conocimiento de este recurso de las competencias del TC, encomendando a la jurisdicción ordinaria la defensa de los derechos fundamentales. Aunque con previsión de la unificación de doctrina en los supuestos de diversas interpretaciones en el correspondiente orden jurisdiccional, llevando a cabo para ello las oportunas modificaciones legales».
La regeneración del Alto Tribunal exige, de manera urgente, erradicar las puertas giratorias entre el Gobierno y la magistratura para garantizar la neutralidad. «También propone, que para evitar la falta de independencia y de imparcialidad de los magistrados de este tribunal, habría que excluir como posibles magistrados ‘a quienes pertenezcan a un partido político, hayan desempeñado funciones públicas en puestos de libre designación o pertenecido a un Gobierno vinculado al partido proponente‘».
Solo mediante una reforma profunda de estos criterios de selección se podrá rescatar a la justicia constitucional de la parálisis inducida y del secuestro político al que la someten las actuales mayorías.
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