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Vox eleva el pulso al Gobierno por el reparto de menores inmigrantes de Ceuta. Los responsables de Infancia de Castilla y León, Extremadura y Aragón no acudirán este jueves a la Conferencia Sectorial convocada por el Ministerio de Juventud e Infancia y anuncian una ofensiva judicial contra los expedientes que no concluyan con el retorno de los menores a Marruecos.
Los vicepresidentes Carlos Pollán, en Castilla y León; Óscar Fernández, en Extremadura, y Alejandro Nolasco, en Aragón, han comunicado su decisión al departamento que dirige Sira Rego. Los tres dirigentes de Vox mantienen una posición común: rechazan que el Ejecutivo distribuya a los menores llegados a Ceuta entre las comunidades autónomas sin resolver previamente y de manera individual la situación jurídica de cada uno.
La formación de Santiago Abascal reclama que el Estado estudie primero las posibilidades de reunificación familiar y retorno a Marruecos. Además, advierte de que recurrirá ante los tribunales aquellos expedientes que, tras su tramitación, terminen con una solución distinta al regreso al país vecino.
Vox vincula su rechazo a la invasión de Ceuta registrada los días 30 y 31 de julio y acusa al Ejecutivo de intentar trasladar a las autonomías las consecuencias de su política migratoria. «Rego pretende premiar económicamente la invasión perpetrada desde Marruecos y consentida por Sánchez», sostiene el partido en declaraciones recogidas.
La batalla no se limita a la ausencia de sus representantes en la reunión. Vox quiere trasladar el enfrentamiento al terreno administrativo y judicial.
Castilla y León ha reclamado al Ministerio que facilite el expediente administrativo completo de cada menor que el Gobierno pretenda enviar a la comunidad. La documentación, según exige el Ejecutivo autonómico, deberá incluir los procedimientos para localizar a la familia, la determinación de la edad, la valoración del interés superior del menor y la correspondiente resolución administrativa.
Carlos Pollán sostiene que el Gobierno debe resolver estos trámites antes de plantear cualquier traslado. Su departamento considera que Extranjería constituye una competencia estatal y rechaza que las comunidades tengan que asumir menores mientras el Estado todavía no ha determinado su situación.
Extremadura mantiene prácticamente la misma posición. Óscar Fernández ha comunicado a Sira Rego que su Gobierno recurrirá «uno a uno» los expedientes que no concluyan con el retorno de los menores a Marruecos.
La Junta extremeña pide además que conste expresamente su rechazo al acuerdo que plantea el Ejecutivo y a cualquier reparto desde Ceuta hacia su territorio. Fernández reclama que el Gobierno priorice la reunificación familiar y determine individualmente la situación de cada menor antes de tomar decisiones sobre su traslado.
Aragón se suma al frente abierto por las otras dos comunidades y tampoco enviará a su representante a la reunión ministerial.
La ausencia de Castilla y León, Extremadura y Aragón no constituye un gesto aislado. Las tres comunidades ya habían rechazado participar en anteriores reuniones técnicas convocadas por el Ministerio para abordar la situación de los menores llegados durante la invasión de Ceuta.
La Conferencia Sectorial de este jueves, 27 de agosto, representa un nuevo intento del departamento de Sira Rego de coordinar una respuesta con las autonomías. Uno de los asuntos centrales será el crédito extraordinario de 25 millones de euros destinado a financiar durante 2026 la atención a los menores inmigrantes no acompañados que permanecen en Ceuta.
El Ministerio también pretende abordar la situación general de los menores en la ciudad autónoma. El Gobierno había planteado anteriormente el traslado a la Península de alrededor de 500 niñas consideradas especialmente vulnerables, una propuesta que ha provocado un fuerte enfrentamiento político sobre las competencias del Estado, la capacidad de los sistemas autonómicos y las posibilidades de retorno y reunificación familiar.
Vox rechaza el planteamiento desde el principio. El partido sostiene que trasladar a los menores cientos de kilómetros antes de localizar a sus familias podría dificultar precisamente una eventual reunificación.
La principal novedad reside en la estrategia judicial que anuncian los gobiernos autonómicos con presencia de Vox. El partido ya no se limita a votar contra el reparto o ausentarse de las reuniones tras la invasión de Ceuta, sino que amenaza con examinar e impugnar cada expediente.
La posición resulta especialmente clara en Castilla y León. La Junta reclama que el Gobierno central acredite la tramitación completa de cada caso y advierte de que acudirá a los tribunales cuando la resolución no determine el regreso del menor a Marruecos.
Extremadura plantea una estrategia similar. Fernández sostiene que cualquier decisión debe atender al interés superior del menor y partir de una valoración individual. Su Gobierno argumenta que un traslado colectivo puede complicar la localización de familiares y los procedimientos de reunificación.
La cuestión tendrá que resolverse conforme a la legislación española y a las obligaciones de protección de menores. La condición de menor extranjero no acompañado impide aplicar automáticamente el mismo procedimiento previsto para un adulto en situación irregular, y cualquier retorno requiere garantías específicas y un análisis individual de las circunstancias.
Precisamente sobre esa individualización construye Vox su ofensiva política y jurídica: exige que el Estado complete primero los procedimientos y anuncia que discutirá judicialmente las resoluciones con las que discrepe.
La formación de Santiago Abascal sostiene que el Gobierno pretende trasladar a las comunidades autónomas un problema derivado de una competencia que corresponde al Estado.
Vox reclama al Ejecutivo que utilice sus competencias en materia de extranjería antes de activar mecanismos de distribución territorial. El partido también exige que las administraciones prioricen la localización de los familiares y estudien la posibilidad de reunificación antes de enviar a los menores a otros puntos de España.
La posición endurece todavía más el enfrentamiento abierto tras la invasión de Ceuta. El Gobierno intenta aliviar la presión sobre el sistema de protección de la ciudad mientras las comunidades cuestionan tanto el procedimiento como la financiación y las condiciones de los posibles traslados.
El Ejecutivo reconoce desde hace semanas que Ceuta afronta una situación extraordinaria. La entrada de decenas de miles de personas durante los días 30 y 31 de julio obligó a desplegar recursos policiales, asistenciales y administrativos adicionales, mientras las autoridades comenzaron los procedimientos de identificación de los menores.
La cifra ha variado conforme avanzan esos trabajos. El elevado número de niños y adolescentes bajo atención de los servicios públicos constituye uno de los principales problemas que afrontan las administraciones después de la entrada masiva.
La posición de Vox representa el rechazo más contundente, aunque el Gobierno también mantiene diferencias importantes con las comunidades gobernadas por el Partido Popular.
Durante la Comisión Sectorial celebrada el pasado 13 de agosto, el Ministerio aseguró que las comunidades del PP rechazaron incorporar al orden del día de la reunión de este jueves un punto informativo y de debate sobre la atención de los menores y la situación de Ceuta.
Sira Rego tiene previsto volver a plantear la cuestión al comienzo de la Conferencia Sectorial. Los asistentes deberán votar entonces su incorporación.
El PP ha cuestionado la gestión del Ejecutivo por la invasión de Ceuta y ha reclamado más información sobre los menores, los procedimientos y las condiciones en las que podrían producirse los traslados. Sin embargo, su estrategia difiere de la de Vox, que directamente ha decidido no participar en la reunión desde las tres autonomías donde gestiona las competencias relacionadas con Infancia.
La reunión de este jueves tendrá también un componente económico. El Gobierno quiere avanzar en la distribución de un crédito extraordinario de 25 millones de euros para financiar la atención de niños y adolescentes inmigrantes no acompañados en Ceuta durante 2026.
Este punto constituye otro de los motivos del rechazo de Vox. La formación interpreta la partida como parte de una política que, a su juicio, termina trasladando las consecuencias de la inmigración irregular a los presupuestos públicos y a los sistemas autonómicos de protección.
El Ministerio, por el contrario, plantea los fondos como un instrumento para reforzar la capacidad asistencial ante el fuerte incremento del número de menores que requieren atención.
La Conferencia Sectorial de este jueves se celebrará, por tanto, con un enfrentamiento político abierto y con tres sillas vacías. Castilla y León, Extremadura y Aragón han decidido plantar a Sira Rego, rechazar el reparto de menores inmigrantes y preparar el siguiente frente en los tribunales.
Vox convierte así su oposición a la política migratoria del Gobierno en una estrategia jurídica concreta. El partido quiere que cada expediente pase por un procedimiento individual, exige que el Ejecutivo estudie la reunificación familiar y el retorno a Marruecos y avisa de que recurrirá las resoluciones que no concluyan de esa manera.
La disputa sobre los menores se convierte así en otro de los grandes frentes políticos abiertos después de la invasión de Ceuta, con el Gobierno intentando coordinar una respuesta entre territorios y Vox dispuesto a bloquear judicialmente los traslados que considere contrarios a la normativa.
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