El caos y el pudrimiento de la situación en Ceuta no obedecen a un problema de ineptitud o de simple negligencia gubernamental. Eso sería una explicación simplista. Estamos ante una calculada estrategia de Pedro Sánchez, diseñada minuciosamente para retener el control de la nación a cualquier precio.
Los servicios de información del Estado mantienen actualmente una alerta máxima ante el inminente riesgo de un estallido social en la ciudad autónoma, tras encadenar un mes entero de absoluto desgobierno.
Sánchez actúa de manera desesperada porque sabe perfectamente el destino que le espera fuera de la Moncloa: la cárcel. Como advierten con contundencia analistas y expertos, esta cuadrilla de maleantes que malgobierna y roba al mismo tiempo desde hace más de ocho años sabe que, si pierde el poder y se queda sin los inmensos resortes que da el Estado, va al trullo de forma directa. La supervivencia judicial del sanchismo depende, por tanto, de su supervivencia en los despachos de poder.
La realidad cotidiana del territorio ceutí dista mucho de la propaganda que difunden los medios oficiales. Ceuta necesita con urgencia fronteras protegidas, calles seguras, colegios sin vigilancia y un Gobierno que se afane más en restaurar el orden público y menos en fabricar relatos falsos y ficticios. Lamentablemente, el gobierno socialista niega de forma sistemática estas necesidades básicas a los ciudadanos.
La cronología de los hechos demuestra una complicidad evidente con las autoridades marroquíes. Primero dejaron la frontera abierta de par en par durante las horas en que se consumó la invasión de 80.000 marroquíes del territorio nacional. Después, durante un mes entero, el Estado —al que corresponde en exclusiva el uso legítimo de la fuerza para restaurar el orden— ha desaparecido por completo de Ceuta y ha abandonado a los ceutíes a su suerte frente a los invasores. ¿ Y que ha conseguido? Caos y desorden, que es lo que pretendía.
Tras ejecutar el abandono deliberado de la población ceutí, la maquinaria de propaganda de la Moncloa ha iniciado una segunda fase de manipulación informativa. Ahora, los responsables del derrumbe institucional pretenden colgarle a los ciudadanos ceutíes la etiqueta de violentos, mientras lloran de forma hipócrita por los invasores supuestamente acosados en las calles.
Esta estrategia busca desviar la atención del verdadero foco del conflicto: la desprotección total de la soberanía nacional y de los ciudadanos. Sánchez prefiere criminalizar a las víctimas del caos antes que asumir el coste político de restablecer el orden y sellar el paso fronterizo con firmeza. Le interesa.
Mientras la tensión social se dispara en las calles de Ceuta, la presión política y ciudadana sobre Pedro Sánchez para que convoque elecciones generales crece semana a semana en el resto del territorio español. Ante este arrinconamiento político, el presidente busca desesperadamente una salida de emergencia dentro del marco legal. Existe un detalle fundamental de la Constitución española que hasta ahora apenas se había discutido en el debate público y que encaja a la perfección con los planes de resistencia de Sánchez.
El artículo 116.5 de la Carta Magna establece, sin margen de interpretación alguno: «No podrá procederse a la disolución del Congreso mientras estén declarados algunos de los estados comprendidos en el presente artículo».
Esos estados de excepción jurídica que contempla la ley se resumen en tres niveles: alarma, excepción y sitio.
El estado de alarma, que representa el escalón más leve de los tres, depende directamente de la firma del presidente. El Gobierno puede declararlo de forma unilateral mediante un decreto aprobado en el Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días. Para prorrogarlo más allá de esa frontera temporal, la Moncloa necesita obligatoriamente la autorización expresa del Congreso de los Diputados.
Resulta crucial subrayar lo que ese articulado constitucional no dice de forma explícita. Un estado de alarma no permite en ningún caso suspender la actividad del Parlamento ni autoriza al Ejecutivo a gobernar sin el control de la oposición. De hecho, la ley obliga a que las Cámaras permanezcan convocadas y en pleno funcionamiento ordinario durante la crisis.
El único efecto político real que impide este mecanismo, mientras permanece vigente el decreto, es la disolución del Congreso para convocar elecciones generales. Y eso es lo que quiere Sánchez.
Si analizamos la crisis de Ceuta bajo este prisma estratégico constitucional, el panorama cobra un sentido perverso. Si en algún momento el Consejo de Ministros declarase el estado de alarma utilizando los disturbios como justificación, Sánchez no podría disolver el Congreso bajo ninguna circunstancia. El bloqueo legal seguiría vigente mientras ese estado continuara activo, anulando por completo la presión política exterior que exige abrir las urnas de forma inmediata.
Sánchez provoca de forma intencionada una situación excepcional en Ceuta que, en teoría, podría justificar la declaración de alguno de estos estados de emergencia. La gestión de la invasión de Ceuta permitida por Sánchez demuestra que el uso de un mecanismo constitucional capaz de bloquear temporalmente la disolución del Congreso no constituye una excentricidad jurídica o una teoría conspirativa.
Estamos ante una advertencia muy seria sobre hasta qué punto los resquicios de la ley se convierten, llegado el caso, en herramientas brutales de supervivencia política. Si la Moncloa tiene o no la intención firme de usar este decreto de alarma en los próximos días representa, hoy por hoy, una incógnita que nadie puede despejar con total certeza, pero las piezas del tablero político ya ocupan su posición de ataque.
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