Impacto España NoticiasHay una pregunta que cualquier ciudadano tiene derecho a formular cuando una organización privada recibe dinero público:
¿Qué se está financiando exactamente con nuestros impuestos?
La cuestión adquiere especial relevancia cuando hablamos de inmigración irregular, uno de los asuntos que más división genera en la sociedad española y uno de los ámbitos en los que las administraciones públicas han tenido que movilizar importantes cantidades de dinero.
En el centro de esta controversia aparece Associació Superacció, una organización que trabaja con jóvenes en situación de vulnerabilidad y que en Canarias participa en programas públicos de atención a menores migrantes no acompañados.
Pero existe un elemento adicional que merece ser investigado: Bengala, una aplicación presentada como herramienta para acompañar y localizar a personas durante una ruta migratoria, con funciones como geolocalización, registro del recorrido y botón SOS.
La cuestión no es demonizar a una ONG.
La cuestión es mucho más sencilla:
¿Quién paga, quién controla y para qué se utiliza?
Superacció no es una organización desconocida para las administraciones públicas.
El propio Gobierno de Canarias la incluye entre las entidades del tercer sector que participan en la atención integral de menores migrantes dentro del programa de financiación europea EMAS 2025. Junto a Superacció aparecen otras entidades como Asociación Coliseo, Nexus Meridional, Mundo Nuevo, CEPSOCIAL, FEPAS o Fundación SAMU.
La propia Superacció explica que gestiona el Hogar La Isla, un recurso residencial situado en Tenerife que funciona desde 2024 y que presta atención las 24 horas a jóvenes migrantes no acompañados de entre 14 y 18 años, recién llegados a España y en situación de desamparo.
El centro funciona bajo el encargo de la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias del Gobierno de Canarias.
Por tanto, hay un hecho que no admite discusión:
Superacció forma parte del entramado mediante el cual las administraciones públicas atienden a menores migrantes en Canarias.
Y eso significa que el ciudadano tiene derecho a conocer todos los detalles económicos y operativos de esa colaboración.
Los datos disponibles permiten concretar todavía más.
La contratación para la gestión del dispositivo de atención inmediata a menores migrantes no acompañados Hogar La Isla, en Tenerife, fue adjudicada a ASSOCIACIÓ SUPERACCIÓ por 133.920 euros.
No se trata, por tanto, de una relación meramente simbólica entre una ONG y una administración.
Existe una contratación pública.
Existe un servicio.
Existe un importe económico.
Y existe una población destinataria perfectamente definida.
Precisamente por ello resulta legítimo preguntarse qué coste tiene el conjunto de la estructura, qué resultados obtiene y cómo se fiscaliza.
Porque cuando el dinero procede de los presupuestos públicos, el ciudadano tiene derecho a exigir transparencia.
Aquí empieza la parte más controvertida.
En la información difundida públicamente sobre el caso aparece una aplicación denominada Bengala, vinculada a Superacció.
La aplicación se presenta como una herramienta destinada a facilitar el seguimiento de personas durante una ruta migratoria y se le atribuyen funciones de geolocalización, registro del recorrido y activación de un botón SOS.
La finalidad de estas funciones puede ser perfectamente legítima desde el punto de vista de la seguridad de una persona que se encuentra en una situación vulnerable.
Pero precisamente porque se trata de una herramienta relacionada con desplazamientos migratorios, las preguntas son inevitables.
¿Quién desarrolló Bengala?
¿Quién financió su desarrollo?
¿Se emplearon fondos públicos?
¿Quién puede utilizarla?
¿En qué momento de la ruta se utiliza?
¿Qué información registra?
¿Quién puede consultar la ubicación de la persona?
¿Dónde se almacenan los datos?
¿Durante cuánto tiempo?
¿Qué relación concreta tiene Bengala con Superacció?
Y la pregunta políticamente más sensible:
¿Está diseñada únicamente para proteger a personas que ya se encuentran bajo atención de una entidad en España o puede utilizarse durante desplazamientos migratorios anteriores a su llegada?
Aquí hay que ser especialmente rigurosos.
Una herramienta de geolocalización con botón SOS puede utilizarse para proteger a una persona durante un desplazamiento.
Eso, por sí mismo, no demuestra que la aplicación haya sido creada para facilitar una entrada irregular.
Pero tampoco es razonable pedir al ciudadano que acepte sin preguntas una herramienta de estas características cuando existe una relación entre su desarrollador y una organización que recibe fondos públicos destinados a programas migratorios.
La diferencia es fundamental.
Una cosa es proteger a una persona durante una ruta. Otra es facilitar una ruta.
Y para saber en cuál de los dos supuestos estamos hay que conocer exactamente cómo funciona Bengala, quién la utiliza y cuál fue el objetivo con el que se desarrolló.
Hasta que esa información esté documentada, afirmar categóricamente que Bengala "facilita la llegada ilegal a España" iría más allá de lo que permiten acreditar las fuentes públicas consultadas.
Pero exigir explicaciones es completamente legítimo.
El debate de fondo es todavía mayor.
España ha construido un sistema en el que administraciones públicas, ONG, asociaciones y fundaciones colaboran en la atención de personas migrantes.
En Canarias, la dimensión de este sistema es particularmente importante.
El Gobierno autonómico reconoce que los centros residenciales constituyen una parte esencial de la respuesta ante la magnitud de los flujos migratorios y señala que estos recursos son gestionados por entidades del tercer sector con financiación pública y europea.
No hay nada necesariamente irregular en ello.
Pero sí existe una obligación:
controlarlo.
Una ONG no deja de estar sometida al escrutinio por llamarse ONG.
Al contrario.
Cuando una asociación recibe dinero de los ciudadanos debe explicar qué hace con él.
Esta es la pregunta que debería estar sobre la mesa.
Porque existe una diferencia entre financiar la protección de un menor que ya se encuentra bajo tutela de una comunidad autónoma y financiar actuaciones que tengan como objetivo influir sobre los movimientos migratorios.
La primera cuestión pertenece al ámbito de la protección de la infancia.
La segunda entra de lleno en el debate sobre la política migratoria.
Y ambas cuestiones no deberían confundirse.
Los menores deben ser protegidos.
Pero proteger a un menor no significa que las organizaciones que gestionan esos recursos queden exentas de crítica.
Tampoco significa que los ciudadanos tengan que renunciar a preguntar cuánto cuesta el sistema.
No todas las preguntas corresponden a Superacció.
Hay otras que debe contestar el Gobierno de Canarias.
Si una administración contrata a una organización privada para gestionar un centro de menores migrantes, debe poder explicar:
Además, cuando una entidad participa en proyectos tecnológicos relacionados con población migrante, debería conocerse claramente si existe financiación pública directa o indirecta.
La transparencia no debería ser una excepción.
Debería ser la norma.
El texto inicial de esta controversia señalaba además que Superacció recibe dinero público de distintas administraciones.
Ese extremo debe analizarse partida por partida y administración por administración.
No es suficiente con afirmar genéricamente que una ONG "recibe dinero del Estado".
Un medio de comunicación serio debe poder indicar:
qué organismo concede el dinero, cuánto concede, mediante qué instrumento jurídico, en qué fecha y para qué finalidad.
Ese es precisamente el nivel de detalle que merece el dinero del contribuyente.
Y si Bengala ha recibido financiación pública, la información debería ser igualmente verificable.
Hay otra cuestión incómoda.
La atención a la inmigración mueve una enorme cantidad de recursos públicos.
Centros de acogida.
Alojamiento.
Alimentación.
Personal.
Transporte.
Atención jurídica.
Asistencia psicológica.
Formación.
Integración.
Gestión administrativa.
Tecnología.
Todo ello tiene un coste.
Y buena parte termina siendo ejecutada por organizaciones privadas.
No es ilegítimo que una ONG cobre por prestar un servicio público contratado.
Pero sí es legítimo preguntar si el modelo es eficiente.
Porque una cosa es el voluntariado y otra muy diferente gestionar contratos y servicios públicos por cientos de miles o millones de euros.
La etiqueta de ONG no puede utilizarse para evitar el debate económico.
Cuando un ciudadano paga sus impuestos no decide individualmente qué parte de ellos irá a una organización u otra.
Es el Estado quien decide.
Por eso el ciudadano debe poder exigir una información completa.
No debería bastar con saber que una organización tiene "fines sociales".
Hay que saber:
cuánto recibe.
qué hace.
cuánto cuesta.
qué resultados obtiene.
quién la controla.
Y, en el caso de herramientas tecnológicas:
qué datos maneja.
El texto que ha dado origen a esta polémica contiene además una acusación especialmente seria: que desde Superacció se habrían producido amenazas contra quien difundió la información.
Esta afirmación debe ser tratada con especial cautela.
Si existen comunicaciones, requerimientos legales, mensajes o documentos que permitan acreditar esas amenazas, deberían hacerse públicos y contextualizarse.
Una cosa es que una organización ejerza legítimamente acciones legales para defender su reputación.
Otra muy distinta sería intentar intimidar a periodistas o ciudadanos para impedir que investiguen el uso de fondos públicos.
La diferencia también debe documentarse.
Las organizaciones financiadas con dinero público tienen derecho a defenderse. Los ciudadanos y medios de comunicación tienen derecho a investigar.
Ambas cosas son compatibles.
A estas alturas, el debate puede resumirse en diez preguntas concretas:
Son preguntas concretas.
No son insultos.
No son propaganda.
No son una acusación penal.
Son preguntas que pueden responderse con documentos.
Quienes defienden el actual modelo de acogida tienen derecho a hacerlo.
Quienes lo critican también.
Quienes consideran que España debe aumentar la inmigración tienen derecho a defenderlo.
Quienes creen que debe reducirse o detenerse la inmigración irregular tienen exactamente el mismo derecho a expresar su posición dentro de la ley.
Pero ninguna posición política debería quedar al margen del escrutinio cuando se financia con dinero público.
Y ese es el núcleo del caso.
Superacció gestiona recursos públicos destinados a menores migrantes.
El Gobierno de Canarias reconoce su participación en el sistema de atención.
Existe una contratación pública para la gestión del Hogar La Isla.
Existe una aplicación denominada Bengala cuya finalidad y funcionamiento merecen ser explicados públicamente en relación con las acusaciones difundidas.
Y existe una pregunta que va mucho más allá de una organización concreta:
La respuesta corresponde a los ciudadanos y a sus representantes.
Pero para poder decidir, los ciudadanos necesitan información.
No propaganda.
No etiquetas.
No silencios.
Información.
Porque cuando una ONG recibe dinero público, la sociedad no le está entregando un cheque en blanco.
Le está confiando recursos que pertenecen a todos.
Y esa confianza lleva aparejada una obligación ineludible:
rendir cuentas.
¿Conoces algún hecho irregular que quieres que investigue y cuente Impacto España Noticias? Escribe a [email protected]
Comparte en Redes Sociales
Apoya el periodismo independiente y crítico
Evite la censura de Internet suscribiéndose directamente a nuestro canal de Telegram, Newsletter
Haz tu Donación
Síguenos en Telegram: https://t.me/impactoespananoticias
Whassapt Impacto España: https://chat.whatsapp.com/DkvQU3OzEzz1Ih524CPUd7
Twitter: https://twitter.com/impactoSumustv
Instagram: https://www.instagram.com/impactoespana?r=nametag
WhatsApp: 635967726
