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El coste del Ingreso Mínimo Vital (IMV) sigue creciendo mientras aumenta también el número de personas que dependen de esta prestación. En los siete primeros meses de 2026, las nóminas mensuales del IMV suman cerca de 3.362 millones de euros, una factura que, repartida entre los 22,5 millones de afiliados que registraba la Seguridad Social en julio, equivale a prácticamente 150 euros por cada trabajador.
La cifra supone además un fuerte incremento respecto a hace sólo dos años. En el mismo periodo de 2024, la suma de las nóminas del IMV rondaba los 2.441 millones de euros, mientras que España contaba en julio con 21,38 millones de afiliados medios. La equivalencia era entonces de unos 114 euros por trabajador. De este modo, el coste equivalente soportado por cada afiliado ha pasado de 114 a 149 euros entre 2024 y 2026, un incremento cercano al 31%.
El cálculo no significa que la Seguridad Social haya retirado directamente 150 euros de la nómina de cada trabajador para entregarlos a los perceptores del IMV. Se trata de poner en relación el gasto de la prestación con el número de afiliados que sostiene el sistema: dividir los aproximadamente 3.362 millones acumulados en nóminas entre los 22.508.065 afiliados medios contabilizados en julio arroja un resultado de 149,36 euros por afiliado.
El crecimiento se produce pese a que España cuenta ahora con más cotizantes. En julio de 2024 había 21.383.106 afiliados medios y dos años después son 22.508.065, alrededor de 1,12 millones más, un 5,3%. El gasto acumulado en nóminas del IMV entre enero y julio, sin embargo, ha aumentado alrededor de un 38% en el mismo periodo.
La Seguridad Social asegura que el mercado laboral mantiene un fuerte ritmo de crecimiento. Sólo durante los siete primeros meses de 2026 se han incorporado 663.652 afiliados al sistema y el número total de cotizantes ha superado por primera vez los 22,5 millones.
Al mismo tiempo que aumenta la afiliación, también lo hace la población cubierta por el Ingreso Mínimo Vital. La prestación alcanzaba en julio de 2026 a 879.225 hogares en los que viven 2.682.646 personas. La nómina correspondiente únicamente a ese mes ascendió a 473,3 millones de euros, con una prestación media de 504,5 euros mensuales por hogar.
La comparación con 2024 muestra la velocidad a la que se ha ampliado el sistema. En julio de aquel año cobraban el IMV 639.968 hogares, en los que vivían 1.928.430 personas. Dos años después existen, por tanto, alrededor de 239.000 hogares más dentro del IMV y la población beneficiaria ha aumentado en más de 754.000 personas, cerca de un 39%.
Además, la factura continuará creciendo durante los próximos meses. Desde enero, las prestaciones en alta del IMV se han revalorizado un 11,4%. Sólo la nómina de enero alcanzó los 457,7 millones, frente a los 473,3 millones que se pagaron en julio.
El IMV es una prestación no contributiva y su financiación última procede de las transferencias del Estado a la Seguridad Social. Por tanto, la equivalencia de 150 euros por afiliado permite dimensionar la factura entre quienes están dados de alta, pero no implica que cada cotizante financie individualmente esa cantidad mediante sus cotizaciones sociales.
El incremento del coste y del número de perceptores coincide, además, con las advertencias de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre la capacidad del IMV para facilitar la incorporación de sus beneficiarios al mercado laboral.
La última opinión de la AIReF, publicada en julio, concluye que el IMV permite compatibilizar prestación y empleo, pero «no facilita la salida hacia el trabajo». Cinco años después de comenzar a cobrarlo, el 46% de los hogares continúa percibiendo la ayuda. Entre quienes reciben una prestación más próxima al máximo garantizado, el porcentaje de permanencia alcanza el 57%.
La AIReF ya había detectado, además, un efecto directo de la prestación sobre la oferta de trabajo. Su evaluación econométrica concluyó que comenzar a percibir el IMV reduce en tres puntos porcentuales la probabilidad de trabajar, lo que supone una caída del 12% respecto al porcentaje de titulares que trabajaban antes de recibir la ayuda. También reduce un 11% el número de días trabajados al mes.
El problema persiste pese al incentivo al empleo introducido en 2023 para tratar de hacer compatible el cobro de la prestación con la incorporación al mercado laboral. La AIReF señala que los efectos negativos siguen apareciendo entre quienes empezaron a recibir el IMV después de su entrada en vigor y ha pedido una «reformulación completa» de este mecanismo.
En determinados colectivos, como los menores de 30 años, los hogares monoparentales o quienes reciben prestaciones más elevadas, el efecto desincentivador sobre la participación laboral supera incluso el 20%.
Así, mientras España suma cotizantes y alcanza máximos históricos de afiliación, el coste del Ingreso Mínimo Vital crece a un ritmo muy superior. La factura equivalente por trabajador ha pasado de unos 114 euros entre enero y julio de 2024 a prácticamente 150 euros en el mismo periodo de 2026.
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