Impacto España Noticias
La investigación abierta en la Audiencia Nacional por la crisis de Ceuta incorpora desde este viernes una pieza especialmente relevante. La Jefatura del Servicio de Información de la Guardia Civil ha entregado a la jueza María Tardón el informe con el que responde a una de las principales incógnitas que rodean lo ocurrido los días 30 y 31 de julio: si existieron avisos o informaciones previas que permitieran anticipar la entrada irregular masiva de miles de personas desde Marruecos.
La magistrada había requerido expresamente al Instituto Armado que aclarara si sus agentes recibieron «alguna información en los días previos que hubiese podido alertar» de lo que posteriormente sucedió en la frontera ceutí. Según fuentes del caso citadas, la Guardia Civil ya ha contestado a las cuestiones concretas planteadas por Tardón en su providencia del pasado 5 de agosto.
El requerimiento judicial no se limitaba a determinar si hubo o no alertas previas. La jueza pidió también información detallada sobre el dispositivo desplegado por la Guardia Civil en Ceuta, con especial atención a las operaciones de rescate realizadas en aguas territoriales españolas durante aquellos días.
Tardón reclamó igualmente conocer las circunstancias de las personas localizadas durante la crisis. En el caso de los fallecidos, solicitó que se especificara, cuando constase, la causa y la fecha de la muerte. Respecto a los supervivientes, pidió su identidad y los datos de localización que hubieran podido recopilar los agentes.
La entrega de este informe se produce después de que otro documento requerido por la propia magistrada haya provocado un fuerte choque institucional. Se trata del informe elaborado por el Centro Nacional de Inteligencia y Fronteras (CENIF), dependiente de la Policía Nacional, sobre la posible planificación de la entrada masiva en Ceuta.
Ese documento, de 55 páginas, apunta a la participación de gendarmes marroquíes en labores de «guiado» y planificación de la llegada de migrantes a la ciudad autónoma. La jueza había preguntado específicamente si los hechos podían responder a una «acción concertada» promovida por algún grupo criminal.
El Gobierno sostiene, sin embargo, que no existen pruebas concluyentes que permitan determinar la autoría intelectual de lo ocurrido ni atribuir responsabilidades a un gobierno o a un servicio de inteligencia.
La remisión directa del informe del CENIF a la Audiencia Nacional provocó además malestar en el Ministerio del Interior. El ministro Fernando Grande-Marlaska pidió explicaciones al director general de la Policía, Francisco Pardo, y trasladó posteriormente su «preocupación» a la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló.
Tanto Marlaska como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, advirtieron de que el desconocimiento del informe por parte de la cadena de mando policial podía afectar a la seguridad nacional. Perelló, por su parte, respaldó la actuación de María Tardón y reclamó «máximo respeto» a la independencia judicial.
La causa tiene su origen en una denuncia presentada por Iustitia Europa contra funcionarios, integrantes de organizaciones criminales y autoridades españolas y extranjeras que pudieran resultar identificadas durante la investigación. La denuncia atribuye posibles delitos contra la Seguridad del Estado y contra la Nación, además de favorecimiento de la inmigración ilegal, tráfico de personas, organización criminal y omisión del deber de perseguir delitos.
El siguiente movimiento previsiblemente será el traslado del informe de la Guardia Civil a la Fiscalía para que se pronuncie sobre la competencia de la Audiencia Nacional. Aunque el criterio del Ministerio Público no será vinculante, su posición será uno de los elementos que Tardón tendrá sobre la mesa antes de decidir si mantiene abierta la investigación sobre lo ocurrido en Ceuta.
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