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El voto exterior ha dejado de ser un elemento marginal para convertirse en un factor capaz de alterar el equilibrio político en España. Así lo demuestra el exhaustivo informe Evolución del censo CER y CERA en España, elaborado por la consultora De Madrid a Europa, que analiza los datos de las trece elecciones generales celebradas desde 1986 y los cruza con el censo mensual del INE.
Su conclusión, es tan contundente como inédita: el voto de los residentes en el extranjero podría llegar a cambiar hasta 23 escaños en las próximas elecciones generales si se alcanzaran los niveles máximos de participación registrados en cada provincia.
A 1 de julio de 2026, el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) suma 2.736.522 electores, el 7,11% del cuerpo electoral español, una cifra diez veces superior a la de 1986. Este crecimiento explosivo se explica, en gran medida, por la entrada en vigor en 2022 de la conocida ‘ley de nietos’, que ha permitido la nacionalización de cientos de miles de descendientes de exiliados y emigrantes españoles, especialmente en América Latina.
El informe revela que 158 municipios españoles tienen hoy más electores fuera que dentro, frente a los cuatro que se encontraban en esa situación en 2002. El caso más llamativo es el de Madrid, que concentra 422.732 inscritos en el exterior, el 15,4% del total nacional. Sus nuevos votantes residen mayoritariamente en México, Estados Unidos y Reino Unido, países donde la diáspora española ha crecido de forma acelerada desde 2022.
América es, de hecho, el epicentro del fenómeno: 1.734.444 electores, el 63,4% del censo exterior. Europa queda muy atrás, con 917.881 (33,5%). Argentina lidera la serie histórica con 516.185 inscritos, y su oficina consular en Buenos Aires —328.576 electores— es hoy más grande que cualquier provincia española salvo Madrid, Barcelona y La Coruña. Cuba, por su parte, ha pasado de 17.818 electores en 2002 a 169.008 en 2026.
La participación del voto exterior ha fluctuado enormemente en las últimas décadas. Entre 1986 y 2008 votaba entre el 20% y el 36% del censo. La implantación del voto rogado en 2011 hundió la cifra al 4,95%. Su eliminación en 2022 permitió un repunte hasta el 8,95% en las generales de 2023.
El estudio proyecta dos escenarios sobre el censo actual:
Con ese nivel máximo, habría suficientes votos exteriores para superar el margen del último escaño en 23 de las 52 circunscripciones. Con la media, en 16. Los ejemplos son elocuentes:
El informe evita especular sobre la orientación política de ese voto, pero su impacto cuantitativo es indiscutible.
El crecimiento del CERA no solo tiene implicaciones electorales: también ha abierto un frente judicial. El Tribunal Supremo tramita recursos de Iustitia Europa y Hazte Oír sobre las inscripciones de nuevos nacionalizados por la ‘ley de nietos’. El Alto Tribunal celebrará vista oral el 7 de septiembre de 2026 para decidir si adopta medidas cautelares, incluida la suspensión temporal de nuevas altas mientras se revisa la trazabilidad del proceso.
El núcleo del litigio se centra en la adscripción electoral de los nuevos inscritos, un punto donde los recurrentes denuncian falta de verificación y un uso excesivo de la casilla de “otros motivos”, que podría alterar el reparto provincial del censo.
Con un censo exterior en expansión y una participación que podría multiplicarse, el voto CERA se perfila como uno de los elementos más determinantes —y controvertidos— de las próximas elecciones generales.
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