Impacto España Noticias
Hay diagnósticos que pertenecen a una consulta médica y hay diagnósticos políticos que pertenecen a la historia.
El caso de Pedro Sánchez plantea una frontera especialmente delicada entre ambos.
El médico Joaquín Sama hizo público un texto extraordinariamente contundente en el que sostenía que el presidente del Gobierno podía ser considerado, en su interpretación, un «psicópata narcisista» y que presentaba un trastorno narcisista de la personalidad. El texto enumeraba determinados rasgos de personalidad y trataba de relacionarlos con la trayectoria pública y política del presidente.
La afirmación fue polémica entonces y continúa siéndolo.
Pero quizá haya llegado el momento de formular la cuestión de otra manera.
No se trata de preguntarnos si Pedro Sánchez tiene una enfermedad mental. No tenemos legitimidad clínica para afirmarlo desde una tribuna periodística.
La pregunta que sí podemos formular es mucho más incómoda:
¿Qué características del ejercicio del poder han llevado a algunos profesionales a interpretar públicamente su comportamiento en términos de narcisismo, frialdad, necesidad de reconocimiento y extraordinaria resistencia a abandonar el poder?
Esa pregunta merece debate.
El punto de partida es conocido.
Sama sostuvo que Sánchez reunía, a su juicio, características compatibles con un trastorno narcisista de la personalidad y vinculó esa valoración con una necesidad extraordinaria de reconocimiento, poder y admiración. Su texto utilizaba criterios procedentes de la clasificación psiquiátrica y pretendía trasladarlos al análisis de la conducta pública del presidente.
No estamos, por tanto, ante un simple insulto lanzado en una tertulia.
Estamos ante una interpretación formulada por un médico que se identificó como especialista en Psiquiatría, Neurología y Medicina Familiar y Comunitaria.
Pero tampoco estamos ante un diagnóstico clínico convencional.
Y aquí es donde empieza la parte verdaderamente importante del debate.
La Sociedad Española de Psiquiatría cuestiona la validez de realizar un diagnóstico de este tipo fuera de una relación terapéutica con el paciente.
Esto significa que una publicación rigurosa no debería escribir:
«Pedro Sánchez es un psicópata».
Debería escribir:
«Joaquín Sama sostuvo que Pedro Sánchez presentaba un perfil que él calificó como psicopático y narcisista».
La diferencia puede parecer pequeña.
No lo es.
Es la diferencia entre informar de una opinión profesional y fabricar una certeza clínica.
Aquí aparece una cuestión que merece mucha más atención.
Que un diagnóstico clínico realizado a distancia sea cuestionable no significa que resulte ilegítimo analizar políticamente la personalidad pública de un gobernante.
La política es, entre otras cosas, una lucha por el poder.
Y quienes ejercen el poder son seres humanos con ambiciones, inseguridades, convicciones, estrategias y mecanismos de defensa.
La historia está llena de dirigentes cuya personalidad influyó profundamente en su forma de gobernar.
Por eso resulta perfectamente legítimo preguntarse qué papel desempeñan el ego, la necesidad de reconocimiento, la resistencia a admitir errores y la obsesión por mantener el control en la conducta de un dirigente.
No hace falta diagnosticar.
Basta con observar.
Una de las características que más llama la atención de la trayectoria política de Sánchez es su extraordinaria capacidad de supervivencia.
Ha sufrido derrotas.
Ha afrontado rebeliones internas.
Ha perdido apoyos.
Ha cambiado alianzas.
Ha modificado posiciones.
Ha atravesado crisis políticas extraordinarias.
Y, sin embargo, ha demostrado una capacidad excepcional para mantenerse en primera línea.
Para sus partidarios, esa capacidad constituye una virtud.
La llaman resistencia.
La llaman determinación.
La llaman inteligencia estratégica.
Para sus adversarios, el mismo fenómeno tiene otro nombre:
supervivencia a cualquier precio.
Y aquí aparece el verdadero debate.
¿Cuándo termina la perseverancia y comienza la obsesión por conservar el poder?
¿Cuándo una rectificación es pragmatismo y cuándo es simplemente una renuncia a las propias convicciones?
¿Cuándo la negociación es una virtud y cuándo se convierte en una herramienta para permanecer?
Son preguntas políticas, no psiquiátricas.
Y pueden formularse sin necesidad de conocer el estado mental privado del presidente.
El poder tiene una característica especialmente peligrosa: devuelve al dirigente una imagen distorsionada de sí mismo.
Miles de personas esperan sus palabras.
Sus partidarios justifican sus decisiones.
Sus adversarios las critican.
Los asesores filtran información.
Los medios interpretan cada gesto.
Las redes sociales multiplican cada declaración.
Y, poco a poco, el político puede terminar viviendo dentro de una realidad política construida alrededor de su propia figura.
Por eso el narcisismo político merece ser estudiado como fenómeno, aunque no se diagnostique a individuos concretos.
Un dirigente excesivamente dependiente de la aprobación puede tomar decisiones para conservarla.
Uno obsesionado con la imagen puede priorizar el relato sobre la realidad.
Uno convencido de su propia excepcionalidad puede interpretar las críticas como ataques injustificados.
Y uno que identifica su proyecto personal con el interés general puede llegar a considerar que quien se opone a él se opone al país.
No estamos afirmando que Sánchez padezca clínicamente ninguna de esas patologías.
Estamos planteando una cuestión política sobre el ejercicio del poder.
Hay otro aspecto que merece atención.
En democracia, un político tiene derecho a cambiar de opinión.
Incluso puede ser una virtud hacerlo cuando cambian las circunstancias.
Pero existe una diferencia entre rectificar y negar que se haya rectificado.
La ciudadanía puede aceptar una explicación.
Lo que resulta mucho más difícil de aceptar es que el político pretenda convencerla de que nunca dijo lo que dijo.
Ahí aparece la importancia de la memoria.
Las hemerotecas no tienen ideología.
Los vídeos tampoco.
Las declaraciones públicas quedan registradas.
Y cualquier análisis serio de Sánchez debería comenzar precisamente ahí: comparando sus palabras con sus decisiones.
No hace falta acudir a la psiquiatría.
Los hechos pueden resultar mucho más demoledores.
Sama puso el acento en la necesidad de admiración.
Pero existe otra lectura posible: la necesidad de control.
Un dirigente puede no buscar únicamente que lo admiren.
Puede buscar controlar el relato.
Controlar la agenda.
Controlar los tiempos.
Controlar la reacción de sus adversarios.
Controlar la interpretación de sus decisiones.
Controlar incluso la conversación política.
En la política contemporánea, quien controla el relato dispone de una ventaja formidable.
Y Sánchez ha demostrado ser extraordinariamente eficaz en ese terreno.
Sus defensores ven en ello capacidad comunicativa.
Sus críticos ven manipulación.
Probablemente la realidad sea más compleja.
Pero precisamente por eso merece ser estudiada.
Hay, además, un problema que no puede esquivarse.
Si un profesional decide analizar públicamente la personalidad de un presidente sin haberlo tratado como paciente, debe aceptar que su opinión será examinada con enorme rigor.
Y si un medio publica ese análisis, tiene una obligación todavía mayor.
No basta con poner la palabra «psicópata» en un titular.
Eso no debilita el artículo.
Lo hace más fuerte.
Porque una opinión que necesita ser protegida de las preguntas es una opinión débil.
También debemos evitar una trampa muy peligrosa.
Si consideramos enfermo a todo político que toma decisiones que consideramos inmorales, terminaremos utilizando la psiquiatría como arma partidista.
Y eso sería un error.
Un político puede mentir sin ser psicópata.
Puede ser arrogante sin padecer un trastorno narcisista.
Puede ser extremadamente ambicioso sin estar enfermo.
Puede manipular políticamente sin que exista un diagnóstico psiquiátrico detrás.
La maldad, la ambición, el oportunismo y la mentira no son diagnósticos médicos.
Son, en muchos casos, comportamientos.
Y los comportamientos se juzgan políticamente.
Por eso, paradójicamente, quizá la parte más interesante de la polémica de Joaquín Sama no sea la palabra «psicópata».
Es la descripción de determinados comportamientos.
La relación con el poder.
La necesidad de reconocimiento.
La capacidad de resistir derrotas.
La utilización de la comunicación como instrumento político.
La extraordinaria flexibilidad ante los cambios de escenario.
La dificultad, según sus críticos, para reconocer errores.
Todo eso puede discutirse.
Todo eso puede contrastarse.
Todo eso pertenece al terreno de la política.
Y es ahí donde debería producirse el debate.
Esta es probablemente la conclusión más importante.
No necesitamos saber si Pedro Sánchez tiene un trastorno narcisista para valorar su Gobierno.
No necesitamos saber si es psicópata para analizar sus decisiones.
No necesitamos entrar en su intimidad psicológica para juzgar sus contradicciones.
Tenemos sus discursos.
Tenemos sus decisiones.
Tenemos las leyes aprobadas.
Tenemos las alianzas parlamentarias.
Tenemos sus declaraciones.
Tenemos sus rectificaciones.
Tenemos sus resultados.
Y tenemos, sobre todo, la posibilidad de comparar.
El ciudadano no necesita un psiquiatra para decidir si un gobernante ha cumplido sus promesas.
Necesita información, y con la información podemos decir que Pedro Sanchez es un peligro como gobernante
La tesis de Joaquín Sama seguirá siendo controvertida.
Y existen también análisis posteriores que han continuado utilizando conceptos como narcisismo, frialdad emocional o síndrome de Hubris al hablar del comportamiento público de Sánchez.
Pero una democracia madura debería ser capaz de mantener ambas cosas separadas.
Podemos discutir la personalidad política de Pedro Sánchez.
Podemos analizar sus mecanismos de comunicación.
Podemos estudiar su relación con el poder.
Podemos cuestionar su resistencia a abandonar el Gobierno.
Podemos criticar duramente sus contradicciones.
Podemos preguntarnos si su forma de ejercer el poder revela una concentración extraordinaria de ambición personal.
Quizá, después de todo, la pregunta más importante no sea:
«¿Es Pedro Sánchez un psicópata?»
La pregunta debería ser:
«¿Qué ocurre cuando la necesidad de conservar el poder se convierte en el principal criterio para tomar decisiones políticas?»
Si la respuesta es que un dirigente puede cambiar de posición tantas veces como sea necesario, sobrevivir a cualquier contradicción y convertir cada derrota en una oportunidad para reforzar su posición, entonces tenemos un fenómeno político digno de estudio.
Y para estudiarlo no necesitamos diagnosticar al hombre.
Tenemos que analizar al gobernante.
Porque el poder deja huellas.
Y esas huellas sí pueden examinarse.
Con documentos.
Con hechos.
Con hemeroteca.
Con datos.
Y con una pregunta que ningún político debería poder evitar:
¿Gobierna usted porque tiene el respaldo suficiente para hacerlo, o gobierna porque ha encontrado la manera de mantenerse a pesar de no tenerlo?
Hay un punto en el que la crítica al estilo de Pedro Sánchez deja de ser una discusión sobre personalidad y empieza a convertirse en una discusión sobre calidad democrática.
Ese punto es el Parlamento.
España no es un sistema presidencialista. España es una monarquía parlamentaria. El Gobierno gobierna, sí, pero lo hace porque existe una mayoría parlamentaria que lo sostiene y porque las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa y controlan la acción del Ejecutivo.
Por eso resulta especialmente inquietante una concepción del poder en la que el Parlamento aparece como un obstáculo que hay que sortear en lugar de como la institución ante la que el Gobierno debe rendir cuentas.
Y aquí los números son difíciles de ignorar.
Durante el curso político 2025-2026 se aprobaron 10 leyes frente a 21 reales decretos-ley convalidados por el Congreso. EFE señala, además, que el recurso a los decretos-ley ha aumentado durante esta legislatura: de siete convalidados en 2023-2024 se pasó a 16 en 2024-2025 y a 21 en 2025-2026.
El Gobierno puede defender jurídicamente cada decreto concreto.
Puede argumentar que existen razones de urgencia.
Puede recordar que el Congreso debe convalidarlos.
Pero existe una cuestión política mucho más profunda:
¿Qué ocurre cuando la excepción empieza a convertirse en método ordinario de gobierno?
El Real Decreto-ley tiene una función constitucional. No es ilegal ni ilegítimo utilizarlo cuando concurren los requisitos establecidos por la Constitución.
El problema aparece cuando el decreto deja de ser una herramienta excepcional y empieza a convertirse en una forma habitual de evitar una negociación parlamentaria que resulta incómoda o incierta.
Una ley necesita debate.
Necesita enmiendas.
Necesita negociación.
Necesita escuchar a los grupos parlamentarios.
Necesita someterse a votaciones sucesivas.
El decreto, en cambio, permite al Ejecutivo actuar primero y pedir después al Congreso que convalide la decisión.
La diferencia institucional es enorme.
Y en una legislatura en la que el Gobierno carece de una mayoría parlamentaria estable, la tentación de utilizar esa vía puede resultar evidente.
El problema no es solamente jurídico.
Es democrático.
Porque la democracia parlamentaria no consiste únicamente en que el Congreso pueda votar al final.
Consiste también en que el Parlamento participe realmente en la elaboración de las grandes decisiones que afectan al país.
Aquí adquiere especial relevancia una frase pública de Sánchez: la idea de que gobernaría «con o sin el concurso del Parlamento». Esa expresión ha sido recogida en sede parlamentaria como una declaración particularmente grave porque plantea precisamente la cuestión de hasta dónde puede llegar un Ejecutivo que no dispone de una mayoría estable.
Si la frase se interpreta literalmente, contiene una contradicción difícil de ignorar.
Un Gobierno parlamentario no debería plantearse si gobierna con o sin el Parlamento.
Debería plantearse cómo consigue gobernar con el Parlamento.
Porque el Parlamento no es un adorno.
No es una sala donde el Gobierno acude periódicamente a explicar lo que ya ha decidido.
Es la representación política de la soberanía popular.
Y precisamente por eso resulta preocupante cualquier concepción del poder según la cual la aritmética parlamentaria sea algo que debe sortearse cuando resulta desfavorable.
El asunto adquiere todavía mayor gravedad cuando hablamos de los Presupuestos Generales del Estado.
Los Presupuestos son, probablemente, la ley políticamente más importante de un Gobierno: determinan ingresos, gastos y prioridades económicas.
Sin embargo, la actual legislatura ha llegado a prolongarse sin nuevos Presupuestos Generales del Estado aprobados.
El propio debate parlamentario ha convertido esta circunstancia en uno de los principales símbolos de la anomalía política de la legislatura.
Aquí aparece una paradoja extraordinaria.
Un Gobierno puede carecer de una mayoría suficiente para aprobar la ley fundamental de su programa económico y, sin embargo, continuar gobernando.
Y eso obliga a formular una pregunta incómoda:
¿Dónde termina la legitimidad formal y dónde empieza la legitimidad política?
Legalmente puede existir una respuesta.
Políticamente, el debate está abierto.
Una democracia parlamentaria tiene precisamente una característica que a los Gobiernos les resulta incómoda: el Ejecutivo no debe estar cómodo todo el tiempo.
Debe negociar.
Debe ceder.
Debe explicar.
Debe aceptar enmiendas.
Debe perder votaciones.
Debe responder ante la oposición.
Debe rendir cuentas.
Debe aceptar que no puede hacer exactamente lo que quiere.
Eso no es una deficiencia del sistema.
Eso es el sistema.
Por eso, cuando un Gobierno encuentra mecanismos para reducir la dependencia de la mayoría parlamentaria, la cuestión no debería plantearse únicamente desde la legalidad formal.
También debería plantearse desde la filosofía constitucional.
¿Estamos fortaleciendo el parlamentarismo o estamos vaciándolo progresivamente de contenido?
Es en este punto donde la controvertida tesis de Joaquín Sama adquiere una dimensión política diferente.
No porque su diagnóstico psicológico pueda considerarse demostrado —no puede presentarse así—, sino porque plantea una pregunta sobre la relación entre personalidad y poder.
Si un dirigente posee una extraordinaria necesidad de control, reconocimiento o permanencia, ¿qué sucede cuando además se encuentra al frente de un Gobierno con una mayoría parlamentaria extremadamente frágil?
La respuesta puede tener consecuencias institucionales.
Un dirigente dispuesto a negociar permanentemente tendrá un comportamiento.
Un dirigente convencido de que cualquier obstáculo debe ser superado tendrá otro.
Uno que entienda el Parlamento como una institución indispensable buscará acuerdos.
Uno que lo perciba principalmente como una fuente de obstáculos buscará mecanismos alternativos.
La diferencia puede ser invisible en un Gobierno con mayoría absoluta.
Pero se vuelve decisiva cuando el Ejecutivo está en minoría.
Es aquí donde algunos críticos introducen las comparaciones con los socialistas Mussolini y Hitler.
La comparación debe manejarse con enorme cuidado.
Pedro Sánchez no dirige una dictadura fascista ni un régimen totalitario, aunque esta procediendo como uno de ellos. España continúa siendo una democracia constitucional con elecciones, pluralismo político, oposición parlamentaria, tribunales, libertad de prensa y mecanismos de control.
Equiparar sin más a Sánchez con Mussolini o Hitler sería históricamente absurdo.
Pero eso no significa que la historia no pueda servir de advertencia.
Mussolini y Hitler demostraron hasta dónde puede llegar la concentración del poder cuando las instituciones dejan de actuar como límites efectivos al Ejecutivo y cuando el liderazgo político se convierte en el centro absoluto del sistema.
La lección no es que Sánchez sea Mussolini.
La lección es otra:
las democracias no se destruyen necesariamente de un día para otro; también pueden deteriorarse cuando los controles dejan de considerarse necesarios, lo que esta haciendo Pedro Sanchez actualmente en España.
Por eso la pregunta correcta no es:
«¿Es Sánchez un dictador?»
La pregunta correcta es:
«¿Está suficientemente controlado el poder de Sánchez?»
Y esa pregunta sí merece una respuesta rigurosa.
Hay algo especialmente llamativo en la actual situación española.
El Gobierno necesita a distintos partidos para sacar adelante determinadas iniciativas, pero al mismo tiempo ha demostrado una capacidad notable para continuar gobernando pese a la ausencia de una mayoría parlamentaria estable a base de decretos ley que solo deberían ser por temas de urgencia, sin embargo, Sanchez los utiliza para todo, lo que debería ser ilegal y investigado judicialmente.
Desde la perspectiva de sus defensores, eso demuestra capacidad de negociación y resistencia.
Desde la perspectiva de sus críticos, demuestra que el Ejecutivo ha aprendido a sobrevivir sin necesidad de construir un verdadero consenso parlamentario.
La diferencia entre ambas interpretaciones es enorme.
Pero hay una realidad objetiva:
el Gobierno ha encontrado fórmulas para mantenerse en pie incluso cuando el Parlamento no le proporciona una mayoría sólida para desarrollar su programa legislativo.
Y esa capacidad de supervivencia política es, probablemente, uno de los rasgos más extraordinarios de la trayectoria de Sánchez.
Aquí regresamos al principio.
La pregunta no es si Pedro Sánchez es clínicamente narcisista.
La pregunta es si su forma de ejercer el poder muestra una personalización excesiva de la política.
Si el Gobierno se identifica demasiado con su presidente.
Si el partido se identifica demasiado con su líder.
Si la supervivencia del Ejecutivo se convierte en un fin en sí mismo.
Si las decisiones se justifican principalmente por la necesidad de mantener la legislatura.
Y si el Parlamento termina siendo tratado como un elemento que debe ser gestionado, en lugar de como el centro natural del sistema democrático.
Estas son cuestiones legítimas.
Y son cuestiones que pueden analizarse sin recurrir a un diagnóstico psiquiátrico.
Conviene insistir en ello porque es la clave de todo el argumento.
Nadie puede sostener seriamente que utilizar un Real Decreto-ley sea, por sí mismo, antidemocrático.
La Constitución lo contempla.
El Congreso los convalida o los deroga.
El Tribunal Constitucional puede controlar su constitucionalidad.
El problema aparece cuando la excepción se convierte en hábito.
Cuando una herramienta concebida para circunstancias extraordinarias termina siendo una vía recurrente para legislar.
Cuando resulta más sencillo aprobar un decreto que negociar una ley.
Cuando el Ejecutivo comienza a acostumbrarse a gobernar sin conseguir previamente el consenso parlamentario.
Entonces el debate deja de ser jurídico.
Se convierte en institucional.
Pedro Sánchez tiene derecho a intentar completar la legislatura.
Tiene derecho a negociar con sus socios.
Tiene derecho a utilizar los instrumentos jurídicos que la Constitución pone a disposición del Gobierno.
Pero también tiene una obligación:
respetar el carácter parlamentario de nuestro sistema político.
Y eso significa asumir que el Parlamento no es un enemigo.
No es una molestia.
No es un trámite.
No es una cámara que debe limitarse a ratificar lo que el Ejecutivo ya ha decidido.
Es el lugar donde se expresa la pluralidad política de España.
Por eso, si queremos llevar hasta sus últimas consecuencias el debate iniciado por el controvertido informe de Joaquín Sama, quizá la pregunta más incómoda sea psicológica.
Es constitucional.
¿Hasta qué punto puede un Gobierno convertir su extraordinaria capacidad de supervivencia política en una forma de gobernar al margen de una mayoría parlamentaria estable?
Y una segunda pregunta resulta todavía más importante:
¿Cuánto poder está dispuesto a acumular un dirigente antes de aceptar que el Parlamento no es un obstáculo para gobernar, sino precisamente la razón por la que puede gobernar?
Esa es la frontera que una democracia debe vigilar.
No porque Pedro Sánchez sea Hitler.
No porque sea Mussolini.
Ni siquiera porque un médico haya utilizado la expresión «psicópata narcisista».
Sino por una razón mucho más sencilla:
porque ningún dirigente democrático debería acostumbrarse a pensar que puede gobernar indistintamente con el Parlamento o sin él.
¿Está usted gobernando para conservar el poder, o está utilizando el poder para cumplir aquello que prometió cuando pidió el voto?
Esa pregunta no pertenece a ningún psiquiatra.
Pertenece a los ciudadanos.
¿Conoces algún hecho irregular que quieres que investigue y cuente Impacto España Noticias? Escribe a [email protected]
Comparte en Redes Sociales
Apoya el periodismo independiente y crítico
Evite la censura de Internet suscribiéndose directamente a nuestro canal de Telegram, Newsletter
Haz tu Donación
Síguenos en Telegram: https://t.me/impactoespananoticias
Whassapt Impacto España: https://chat.whatsapp.com/DkvQU3OzEzz1Ih524CPUd7
Twitter: https://twitter.com/impactoSumustv
Instagram: https://www.instagram.com/impactoespana?r=nametag
WhatsApp: 635967726
