Impacto España Noticias
La gerente del PSOE, Ana María Fuentes, ha descargado en el exdirigente socialista Santos Cerdán la responsabilidad de los encargos y facturas abonados por el partido los dos abogados vinculados a la trama de Leire Díez: Ismael Oliver y Jacobo Teijelo. Así se ha pronunciado en su declaración de este miércoles ante el juez Santiago Pedraz, que investiga la presunta trama liderada por la exmilitante socialista Leire Díez y el ex 'número tres' del partido para intentar desbaratar las causas judiciales que afectasen al Gobierno y al PSOE.
Según han precisado fuentes jurídicas, la gerente de los socialistas ha explicado que todos los encargos eran decisiones de Cerdán y que ella no intervenía en el contenido de los trabajos jurídicos. Su departamento recibía los encargos previamente realizados por la Secretaría de Organización y ella se limitaba a formalizar, documentar y tramitar los abonos.
Según su versión, el exsecretario de Organización justificaba la contratación de abogados por el elevado volumen de pleitos que afrontaba el partido y era quien trasladaba las necesidades de asistencia jurídica. Ella, por su parte, únicamente autorizaba los gastos superiores a 5.000 euros y ordenaba su ejecución.
La gerente ha defendido así que se trataba de gastos ordinarios del partido que no correspondían ni a la Comisión Ejecutiva Federal ni a la Secretaría General. También ha señalado que el PSOE contrata habitualmente despachos externos especializados mediante hojas de encargo y que ella desconocía el contenido concreto de los trabajos.
Fuentes ha negado además tener trato con Leire y ha asegurado que no sabía nada de la actividad de la exmilitante socialista. Sobre los viajes, ha explicado que el pago dependía de las secretarias de mañana y de tarde y que no pasaban por ella. Según su versión, desconocía la reunión de abril de 2024 a la que alude la UCO y solo tuvo conocimiento de ella posteriormente a través de las informaciones publicadas en los medios. La gerente considera que aquella reunión tenía un carácter político y ha explicado que ella no participa en encuentros de ese tipo.
Pedraz —ya a cargo de toda la causa después de que el primer instructor del caso en los juzgados de Madrid, Arturo Zamarriego, acordara remitirle su parte de la investigación— apuntó en un auto al que tuvo acceso este periódico que Fuentes tendría una "indiciaria responsabilidad", al menos como cómplice, de los delitos de revelación de secretos, cohecho y contra las instituciones del Estado.
Y, en todo caso, como presunta autora de falsedad en documento mercantil por la emisión de varias "facturas mendaces" elaboradas para dar "apariencia de legalidad" a los pagos dirigidos a la supuesta fontanera del PSOE.
Para canalizar los pagos dirigidos a la supuesta trama se habrían utilizado dos vías. Una de ellas fue a través del despacho Estudio Jurídico I. Oliver & Partners, a través del cual se habría realizado un pago de 27.225 euros. Después, Oliver transfirió exactamente la misma cantidad a Díez desde otra de sus sociedades, Oliver Gruppe SL, con el objetivo de "romper la trazabilidad" de los fondos. En total, unos 54.450 euros.
Asimismo, el abogado Jacobo Teijelo habría percibido 125.000 euros procedentes de fondos del POSE, "habiendo quedado los pagos amparados por un soporte documental aparente y una facturación falaz", según recoge el juez: "Esto no habría sido posible sin la confección de una nota de encargo tramitada por Leire a través de Santos Cerdán y rubricada en última estancia por Ana María Fuentes".
El abogado Ismael Oliver también ha declarado este miércoles ante Pedraz y ha ofrecido una versión sobre el origen de su relación con el PSOE que sitúa a Leire Díez como su contacto con el partido. Según fuentes jurídicas, Oliver ha explicado que fue la exmilitante socialista quien le contactó inicialmente en nombre del PSOE para encargarle el estudio de las comparecencias de la comisión de investigación parlamentaria sobre la llamada 'Operación Cataluña'.
El abogado ha precisado ante el juez que el PSOE le abonó unos 27.000 euros por esos trabajos de asesoría jurídica. Según su declaración, los primeros acuerdos fueron verbales y posteriormente Díez le indicó que debía formalizarse una hoja de encargo.
La UCO sostiene que esos 27.000 euros acabaron llegando a Leire Díez y que las sociedades vinculadas a Oliver fueron utilizadas para canalizar fondos de origen socialista hacia la exmilitante. No obstante, el exabogado de Koldo ha justificado al juez que el dinero que recibió del PSOE correspondía a sus propios trabajos de asesoría jurídica y el pago que posteriormente realizó a Díez a través de su despacho respondía a un encargo diferente por unos trabajos de redes sociales que desarrolló para él la exmilitante socialista.
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