l presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, habría mostrado su desacuerdo con la decisión del Tribunal Supremo de suspender cautelarmente los efectos de la denominada Ley de Nietos, según fuentes del Constitucional.
La controversia se produce después de que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo acordara paralizar temporalmente los efectos de la normativa sobre el Censo de Españoles Residentes Ausentes (CERA). La decisión se adoptó tras admitir las medidas cautelares solicitadas por Iustitia Europa y Vox.
Según las fuentes consultadas, Conde-Pumpido habría manifestado en los últimos días, dentro del Tribunal Constitucional, que la suspensión acordada por el Supremo podría afectar al derecho fundamental al sufragio.
El artículo 23.1 de la Constitución Española reconoce el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, directamente o mediante representantes elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.
Las mismas fuentes sostienen que estas manifestaciones se habrían producido antes de que el Tribunal Constitucional recibiera un eventual recurso sobre la cuestión y, por tanto, antes de una posible deliberación formal sobre el asunto.
A partir de estas declaraciones, las fuentes citadas por el diario plantean que el presidente del Constitucional podría verse obligado a valorar una eventual abstención si el asunto llegara posteriormente a un Pleno del tribunal.
El Tribunal Supremo justificó su decisión cautelar en la necesidad de preservar la transparencia del proceso electoral y la confianza de los ciudadanos en los resultados.
Uno de los elementos centrales de la resolución fue el incremento registrado en el número de electores inscritos en el CERA como consecuencia de la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, conocida popularmente como Ley de Nietos.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo consideró que el aumento extraordinario del censo podía generar un riesgo para la objetividad y transparencia del proceso electoral y que ese eventual perjuicio podría resultar difícilmente reversible.
La medida adoptada por el Supremo tiene carácter cautelar, por lo que la decisión definitiva sobre el fondo del litigio deberá llegar posteriormente mediante la correspondiente resolución judicial.
El futuro de la Ley de Nietos también podría terminar siendo analizado por el Tribunal Constitucional si alguna de las partes presenta un recurso de amparo contra la resolución definitiva del Supremo.
Según la información publicada, una de las posibilidades contempladas sería que la Abogacía del Estado o la Fiscalía recurrieran ante el Constitucional una vez que el Supremo dictase sentencia.
Otra posibilidad planteada por el medio sería presentar un recurso de amparo contra la propia decisión cautelar del Tribunal Supremo, solicitando al Constitucional que dejara sin efecto temporalmente la suspensión.
La utilización de una u otra vía dependería, entre otros factores, de la evolución del procedimiento judicial y de las decisiones que adopten las partes implicadas.
La denominada Ley de Nietos ha permitido ampliar el acceso a la nacionalidad española a determinados descendientes de españoles exiliados o emigrados, dentro del marco establecido por la Ley de Memoria Democrática.
Su aplicación ha tenido especial incidencia entre los españoles residentes en el extranjero y, por extensión, sobre el Censo Electoral de Españoles Residentes Ausentes.
Precisamente el crecimiento de este censo se encuentra en el centro de la controversia judicial que ha desembocado en la suspensión cautelar acordada por el Supremo.
El caso adquiere además una dimensión política por su posible incidencia en futuros procesos electorales, aunque cualquier efecto concreto sobre unas elecciones dependerá de las resoluciones judiciales que se adopten y de la evolución del censo electoral.
Por ahora, la disputa enfrenta dos cuestiones jurídicas diferentes: por un lado, la decisión cautelar del Tribunal Supremo y su justificación basada en las garantías del proceso electoral; por otro, la eventual revisión de esa decisión por parte del Tribunal Constitucional.
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