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La magistrada Beatriz Biedma, que ha investigado y propuesto juzgar a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha solicitado personarse como acusación particular en la causa abierta en la Audiencia Nacional. Esta investigación se centra en una presunta trama coordinada por la exmilitante del PSOE Leire Díez para intentar boicotear procedimientos judiciales que pudieran perjudicar al partido o al Ejecutivo.
En el escrito remitido a la Audiencia Nacional, la magistrada pide intervenir en una causa que mantiene como investigados a Leire Díez, a los exdirigentes socialistas Santos Cerdán y Gaspar Zarrías, y a la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, entre otros. Biedma defiende su condición de perjudicada al existir "indicios" claros sobre actuaciones dirigidas a recabar información sobre ella, con el objetivo de "desacreditarla" y promover diversas denuncias contra su persona.
Estas maniobras guardan una conexión directa con su labor como instructora en el caso donde David Sánchez ha acabado condenado a 9 años de inhabilitación para empleo público. Según expone la instructora, "los indicios publicados" señalan que la presunta trama ha intentado "neutralizar, perturbar o incluso destruir" el procedimiento que se instruía desde el Juzgado de Instrucción 3 de Badajoz.
Entre las acciones dirigidas a entorpecer el proceso judicial, la magistrada destaca el intento de promover su recusación en el citado juzgado pacense. La instructora pone un especial énfasis en una anotación fechada el 25 de marzo de 2025 hallada en una agenda de Leire Díez, en la que figura el texto: "Jueza de Badajoz. La Celsa. Heroína o gitano".
Biedma considera "especialmente relevante" este apunte manuscrito por haberse redactado días después de que se rechazara formalmente la recusación planteada contra ella. Asimismo, denuncia la "obtención y recopilación de información" sobre su entorno personal, familiar y profesional, además de una "intensa campaña de descrédito desarrollada mediante denuncias, publicaciones y actuaciones difundidas en medios digitales".
La magistrada subraya que estos hechos le han ocasionado un "perjuicio personal y profesional", además de un daño "institucional de extraordinaria gravedad" que compromete la independencia judicial y la imparcialidad de los tribunales. Por todo ello, apunta que los hechos investigados pueden constituir presuntos delitos de obstrucción a la Justicia, contra la integridad moral, amenazas, coacciones, descubrimiento y revelación de secretos, acusación o denuncia falsa y organización criminal o grupo criminal.
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