El panorama político español afronta una de las maniobras más alarmantes de la actual legislatura en el ámbito de la integridad territorial. El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), bajo la dirección del socialista José Félix Tezanos, funciona una vez más como la herramienta de avanzadilla para los planes de Pedro Sánchez. El último barómetro de este organismo público no ha dejado indiferente a nadie al introducir una pregunta redactada con una clara intencionalidad política.
El sondeo plantea a los encuestados dos posibles posiciones: considerar que son «territorios tan españoles como cualquier otro territorio de la península» o entender que tienen «una situación ambigua y especial que debe ser objeto de acuerdos y entendimiento con Marruecos»
Detrás de este enunciado aparentemente técnico se esconde el primer paso deliberado del Gobierno de Pedro Sánchez para preparar la opinión pública ante una futura entrega de las ciudades españolas de Ceuta y Melilla a Marruecos.
El gobierno siembra el terreno para abrir un debate que debilita la posición de España. La inclusión de esta pregunta en la encuesta oficial busca que la ciudadanía comience a concebir la cosoberanía como una salida intermedia aceptable, un pacto que Sánchez podría tener cerrado con el reino alauita desde hace bastante tiempo.
La pregunta formulada por el equipo de Tezanos carece por completo de inocencia. El momento elegido para lanzar este globo de sonda demoscópico coincide de manera milimétrica con la invasión de Ceuta, un acontecimiento que ha disparado la inestabilidad en la zona.
Que una institución – el CIS- dependiente del Ministerio de la Presidencia normalice la duda sobre el estatus de las ciudades autónomas supone un cambio de paradigma inaceptable. El líder del PSOE ya demostró su capacidad para romper consensos históricos de forma unilateral cuando modificó la postura española respecto al Sáhara Occidental mediante una carta privada al rey Mohamed VI. Ahora, el palacio de la Moncloa repite el mismo patrón de actuación opaca, utilizando los recursos del Estado para minar los fundamentos de la soberanía nacional.
El análisis de esta maniobra desborda el marco de un simple estudio estadístico para encajar en una estrategia de ingeniería social muy precisa. La introducción de la duda en el debate público constituye la primera fase de la hoja de ruta del sanchismo.
Una vez que la sociedad asimile que el estatus de Ceuta y Melilla resulta supuestamente discutible, el Gobierno procederá a normalizar la opción de compartir la administración y la soberanía con el país vecino. El destino final de este proceso contempla la cesión definitiva de ambas localidades, camuflada bajo el pretexto de una solución diplomática, moderna y pacífica a un contencioso territorial ficticio.
De forma paralela, la inestabilidad inducida en Ceuta y las presiones migratorias ejercen una labor de desgaste psicológico continuo sobre la población civil. Los estrategas de la Moncloa pretenden convencer a los españoles de que el mantenimiento de las dos ciudades autónomas genera más costes y problemas que beneficios.
Este relato de la capitulación cuenta, además, con la colaboración activa de determinados medios de comunicación, formaciones políticas y factores de poder que actúan como altavoces de las tesis gubernamentales, debilitando la resistencia institucional y social frente al expansionismo de Marruecos.
La utilización del CIS para abrir el debate sobre la soberanía de Ceuta y Melilla confirma la deriva de un presidente dispuesto a sacrificar la unidad de España con tal de asegurar su continuidad en el poder. El cuestionamiento de la españolidad de Ceuta y Melilla desde las propias instancias gubernamentales debilita la posición de fuerza de España ante la comunidad internacional.
La sumisión de la política exterior a los intereses personales de Sánchez desprotege a miles de compatriotas que residen en Ceuta. La integridad nacional no puede convertirse en moneda de cambio en las negociaciones secretas de un gobierno traidor y corrupto.
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