Impacto España Noticias
El Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, publicó el pasado 31 de julio en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el Real Decreto que regula la concesión directa de más de 1,5 millones de euros a Cruz Roja Española y 21.000 euros a la Comisión Islámica de España. La publicación se produjo apenas un día después del comienzo de la invasión de Ceuta, que desbordó la frontera española y dejó a decenas de miles de inmigrantes en la ciudad.
El Real Decreto 635/2026 está fechado el 29 de julio, un día antes de que comenzaran los acontecimientos en la frontera, y apareció publicado en el BOE el 31 de julio. Las partidas, por tanto, no fueron aprobadas como respuesta a la invasión. Además, sus cuantías coinciden con las establecidas por Interior en años anteriores.
La norma autoriza estas ayudas sin concurrencia competitiva al considerar que existen razones «de interés público, social y humanitario» que justifican la concesión directa.
La mayor cantidad corresponde a Cruz Roja Española. Interior contempla 1.125.000 euros para programas de asistencia social destinados a personas internadas en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). A ellos se añaden otros 341.400 euros por la participación de la organización en planes y operaciones de Protección Civil, especialmente la Operación Paso del Estrecho, y 96.000 euros por su colaboración en el cumplimiento de penas de trabajos en beneficio de la comunidad. En total, las tres partidas ascienden a 1.562.400 euros.
El propio decreto establece que entre los gastos financiables vinculados a Protección Civil figuran nóminas, desplazamientos, manutención, alojamiento, dietas, suministros, servicios y gastos de administración y gestión relacionados con las actuaciones subvencionadas.
Interior reserva además 21.000 euros para la Comisión Islámica de España, destinados a garantizar la asistencia religiosa musulmana de los internos en centros penitenciarios dependientes de la Administración General del Estado.
La organización mantiene acuerdos de cooperación con el Estado y representa institucionalmente a comunidades musulmanas ante las administraciones. El decreto recuerda que la colaboración en las prisiones deriva del acuerdo suscrito por el Estado con la Comisión Islámica y permite que imanes o personas designadas por las comunidades presten asistencia religiosa a los reclusos.
La norma establece además que estas subvenciones son compatibles con otras ayudas, ingresos o recursos procedentes de administraciones y entidades públicas o privadas, españolas, europeas o internacionales, siempre dentro de los límites establecidos por la legislación de subvenciones.
La lista de beneficiarios incluye también a la Conferencia Episcopal Española, con 608.500 euros para asistencia religiosa católica en centros penitenciarios; la UNED, con 632.700 euros; Cáritas Española, con 54.000; y la Fundación ANAR, con 150.000 euros, entre otras entidades.
La Comisión Islámica de España estuvo bajo el foco de la Audiencia Nacional en una investigación por la presunta financiación del terrorismo en Siria. La causa afectó a responsables de la organización y llegó a provocar en 2021 el ingreso en prisión provisional de su tesorero.
La pieza terminó archivada en diciembre de 2025 después de que el magistrado Antonio Piña, a petición de la Fiscalía, concluyera que no existían indicios suficientes para acreditar que los fondos recaudados en campañas destinadas a huérfanos y viudas en Siria hubieran terminado en territorios controlados por milicias yihadistas.
La publicación de las subvenciones cobra especial relevancia política por coincidir con el inicio de una situación que ha obligado a movilizar enormes recursos públicos en Ceuta. Cruz Roja participa desde entonces en la atención a los inmigrantes que permanecen en la ciudad y en el reparto de alimentos.
La presencia de las organizaciones asistenciales contrasta además con las denuncias formuladas por sindicatos policiales sobre las condiciones de alojamiento de algunos agentes desplazados a Ceuta. Durante las últimas semanas han trascendido imágenes y testimonios sobre policías alojados en instalaciones precarias mientras el dispositivo de acogida habilitado para inmigrantes dispone de nuevas literas y servicios básicos.
El malestar también ha llegado a una parte de la población ceutí. El pasado 27 de agosto, vecinos intentaron bloquear el paso de vehículos de Cruz Roja que trasladaban alimentos para los inmigrantes instalados en la playa del Trampolín. Los participantes reclamaron entonces que se atendieran también las necesidades de los residentes de la ciudad.
La tensión se produce mientras Ceuta continúa afrontando las consecuencias de la entrada del 30 de julio, con miles de inmigrantes todavía presentes en la ciudad, asentamientos improvisados y un fuerte incremento de las intervenciones policiales y judiciales.
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha hecho públicos datos que reflejan el deterioro de la seguridad durante agosto: las agresiones pasaron de 67 a 1.001 respecto al mismo mes de 2025; los allanamientos, de diez a 600; y las alteraciones del orden público, de 32 a 326. Los intentos de intrusión en el puerto aumentaron de 57 a 1.163, mientras las incidencias de seguridad contabilizadas alcanzaron las 5.233 frente a las 778 del mismo periodo del año anterior.
La publicación de las ayudas de Interior llegó así en uno de los momentos de mayor presión sobre Ceuta, aunque las subvenciones responden a programas de colaboración ya existentes y con cuantías que se repiten de ejercicios anteriores.
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