Impacto España Noticias
El PSOE y Sumar han alcanzado finalmente este martes un acuerdo para sacar adelante el nuevo paquete de medidas sobre vivienda después de una negociación que se ha prolongado durante toda la noche y hasta minutos antes del Consejo de Ministros.
La tensión negociadora ha llegado hasta tal punto que la reunión del Gobierno, prevista inicialmente para las 9.30 horas, ha comenzado alrededor de las 10.30 mientras los ministros implicados ultimaban el pacto en La Moncloa. El acuerdo fue comunicado poco después de las 11.00.
El Ejecutivo pretende responder con estas medidas a una crisis de vivienda que ha vuelto al centro del debate político tras el desahucio de Maricarmen y las movilizaciones que desde entonces se han extendido por diferentes ciudades españolas.
Pero el acuerdo dentro del Gobierno no significa todavía que las medidas estén aseguradas.
Una vez aprobados los reales decretos leyes por el Consejo de Ministros deberán ser convalidados posteriormente por el Congreso, donde el Ejecutivo necesita volver a reunir una mayoría suficiente.
Una de las principales novedades de la negociación es que PSOE y Sumar han optado por sacar adelante dos decretos diferentes con medidas relacionadas con vivienda.
La fórmula permite separar iniciativas que cuentan con niveles distintos de apoyo parlamentario e intentar evitar que el rechazo a determinadas disposiciones termine tumbando todo el paquete.
Es una cuestión especialmente relevante porque las posiciones de los socios de investidura distan mucho de ser homogéneas.
Sumar y otros grupos situados a la izquierda del PSOE han reclamado durante los últimos días una protección mucho mayor para los inquilinos.
Junts, por el contrario, ha advertido de que cualquier regulación debe tener también en cuenta la situación de los pequeños propietarios. Su portavoz, Miriam Nogueras, aseguró este martes que su formación mantiene abierta la posibilidad de apoyar las medidas, pero acusó a Sumar de no proteger suficientemente a esos propietarios.
El Gobierno tendrá que conseguir equilibrar ambas posiciones cuando los textos lleguen al Congreso.
La duración de los contratos de alquiler ha sido uno de los puntos más difíciles de cerrar.
Durante la negociación, el Gobierno llegó a plantear que determinados contratos de vivienda habitual pudieran prorrogarse de forma extraordinaria durante dos años, siempre que el inquilino estuviera al corriente de sus obligaciones.
Sumar había reclamado ir más lejos.
La formación defendía la renovación automática de los contratos mientras el arrendatario siguiera pagando y el propietario no necesitara recuperar la vivienda por una causa justificada.
El Sindicato de Inquilinas ha pedido incluso avanzar hacia contratos indefinidos y ha convertido esta cuestión en una de sus principales exigencias durante las protestas de los últimos días.
La versión exacta que finalmente aparecerá en los decretos deberá confirmarse cuando el Gobierno publique el texto definitivo.
Entre las propuestas manejadas en las últimas horas figura limitar las actualizaciones de determinados contratos.
Uno de los borradores planteaba una subida máxima del 2% anual en determinados supuestos cuando no existiera acuerdo entre las partes.
También se han estudiado incentivos fiscales para propietarios que mantengan o reduzcan los precios y deducciones destinadas a determinados arrendatarios.
Estas medidas han generado diferencias dentro de la propia mayoría parlamentaria.
Mientras algunos partidos defienden que los incentivos fiscales pueden aumentar la oferta de alquiler, otros grupos consideran que las ayudas a propietarios tienen un efecto limitado sobre el problema estructural de los precios.
Otro de los grandes bloques del decreto afecta a los desahucios de personas vulnerables.
El Gobierno ha negociado ampliar hasta 2028 determinadas protecciones frente al lanzamiento de familias vulnerables que no dispongan de alternativa habitacional.
En algunos casos relacionados con pequeños propietarios, la propuesta contempla que la Administración pueda compensar económicamente al dueño mientras se mantenga la suspensión.
Sumar había presionado durante las últimas horas para extender todavía más ese escudo, incluso hasta 2030.
El alcance definitivo será uno de los elementos clave del texto que deberá explicar el Ministerio de Vivienda.
La regulación del alquiler de habitaciones también ha formado parte de la negociación.
Sumar sostiene que este mercado se ha convertido en una vía utilizada para esquivar parte de la regulación que afecta al alquiler tradicional y había exigido su incorporación al decreto.
El borrador presentado por la formación incluía expresamente esa regulación, junto con la renovación automática de contratos y un refuerzo del escudo frente a los desahucios.
De nuevo, la redacción definitiva será fundamental.
No es lo mismo establecer límites generales que intervenir únicamente determinados contratos o situaciones específicas.
Otro de los puntos con mayor consenso dentro de la coalición consiste en impedir que las viviendas del parque público estatal puedan terminar vendiéndose posteriormente en el mercado libre.
El objetivo declarado es mantenerlas permanentemente dentro del parque público.
También se han negociado medidas sobre alquileres temporales, vivienda protegida y determinados incentivos fiscales destinados a aumentar la oferta residencial.
El Ejecutivo considera que la crisis actual no puede abordarse únicamente actuando sobre los precios y defiende paralelamente la necesidad de aumentar el número de viviendas disponibles.
El paquete no aparece de la nada.
El Gobierno ya intentó sacar adelante medidas similares antes del verano, pero las diferencias entre los distintos grupos parlamentarios impidieron reunir los apoyos suficientes y el decreto terminó aplazándose hasta septiembre.
El desahucio de Maricarmen, de 87 años, y las posteriores protestas aceleraron las conversaciones.
Durante los últimos días se han producido acampadas y movilizaciones en Madrid, Málaga, Bilbao, Murcia y otras ciudades reclamando cambios en la legislación de vivienda.
El Sindicato de Inquilinas ha advertido además de que considera insuficientes las medidas si no incluyen buena parte de las reivindicaciones que ha presentado públicamente.
Podemos también ha mostrado fuertes reservas y ha criticado las propuestas conocidas hasta ahora, aunque todavía deberá decidir su posición sobre los textos definitivos cuando lleguen al Congreso.
La aprobación por parte del Consejo de Ministros será únicamente el primer paso.
Los reales decretos leyes entrarán en vigor tras su publicación en el BOE, pero deberán someterse posteriormente a la convalidación del Congreso.
Ahí volverá a aparecer el mismo problema que ha marcado toda la negociación.
El Gobierno necesita combinar el apoyo de fuerzas con posiciones muy distintas sobre el mercado de la vivienda.
Junts reclama mayor protección para los pequeños propietarios.
Los partidos situados a la izquierda del PSOE exigen aumentar las garantías de los inquilinos.
Y el Ejecutivo intenta redactar unas medidas capaces de reunir suficientes votos entre ambos bloques.
El acuerdo entre PSOE y Sumar despeja por tanto la primera barrera.
La siguiente será comprobar si lo pactado este martes también sobrevive al Congreso.
¿Conoces algún hecho irregular que quieres que investigue y cuente Impacto España Noticias? Escribe a [email protected]
Comparte en Redes Sociales
Apoya el periodismo independiente y crítico
Evite la censura de Internet suscribiéndose directamente a nuestro canal de Telegram, Newsletter
Haz tu Donación
Síguenos en Telegram: https://t.me/impactoespananoticias
Whassapt Impacto España: https://chat.whatsapp.com/DkvQU3OzEzz1Ih524CPUd7
Twitter: https://twitter.com/impactoSumustv
Instagram: https://www.instagram.com/impactoespana?r=nametag
WhatsApp: 635967726
