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Las palabras de Isabel Rodríguez contra Urbagestión han abierto un debate que va mucho más allá del caso de Maricarmen: ¿con qué criterio decide el Gobierno quién es un especulador inmobiliario y quién es simplemente un propietario?
La ministra de Vivienda aprovechó la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para cargar nuevamente contra la empresa propietaria del piso. Rodríguez llegó a admitir que Urbagestión «tal vez no fuera un fondo», pero, pese a ello, decidió calificarla de «una pyme buitre, muy carroñera».
La expresión resulta especialmente llamativa porque Urbagestión se presenta como una pequeña empresa y sostiene que el inmueble de Retiro en el que residía Maricarmen es su única vivienda en propiedad.
Y aquí aparece una comparación que la ministra debería estar dispuesta a explicar.
La declaración de bienes presentada por Isabel Rodríguez ante el Congreso recoge tres viviendas: una vivienda con plaza de garaje y trastero en Ciudad Real, otra vivienda con trastero y una tercera vivienda con plaza de aparcamiento. En conjunto, la declaración describe siete elementos inmobiliarios: tres viviendas, dos plazas de aparcamiento y dos trasteros.
No hay nada ilegal en que una ministra tenga viviendas. Tampoco existe ninguna razón para cuestionar por sí mismo ese patrimonio.
Precisamente por eso la cuestión es otra: si tener varias viviendas no convierte a un particular en especulador, ¿por qué una empresa que afirma tener una única vivienda puede ser presentada desde el Gobierno como una «pyme buitre»?
La respuesta no puede ser simplemente un calificativo.
Si el Ejecutivo considera que Urbagestión ha realizado una operación especulativa, debería explicar qué conducta concreta justifica semejante acusación y qué criterio objetivo pretende aplicar en casos similares.
El problema de las palabras de Rodríguez es que «fondo buitre» no constituye una categoría jurídica específica. EFE Verifica recuerda precisamente que se trata de una denominación de carácter negativo asociada a determinadas prácticas de inversión, no de una forma jurídica empresarial.
Por eso resulta especialmente significativo que la ministra reconociera que Urbagestión quizá ni siquiera sea un fondo y, acto seguido, introdujera una nueva etiqueta: «pyme buitre».
¿Dónde está el límite?
¿Una empresa que posee una vivienda es un «buitre»?
¿Una persona que posee tres viviendas deja de serlo?
¿El criterio es el número de inmuebles, el precio de compra, la intención de obtener rentabilidad, la forma de gestionar el alquiler o las circunstancias concretas de cada operación?
El Gobierno tiene la obligación de contestar a esas preguntas si pretende convertir esta terminología en la base de una nueva política de vivienda.
El drama de Maricarmen ha provocado una legítima discusión sobre los alquileres de renta antigua, la protección de los mayores y los límites de la propiedad privada. Pero una cosa es defender una determinada política de vivienda y otra convertir un conflicto entre un propietario y una inquilina en una descalificación general de una empresa.
Además, el conflicto no surgió de la nada. Urbagestión y Maricarmen mantuvieron durante años un litigio que terminó en los tribunales y que, según la información publicada sobre el caso, concluyó con una resolución favorable a la propiedad.
El Gobierno puede considerar que la legislación debe cambiar para evitar situaciones semejantes.
Lo que resulta mucho más discutible es utilizar desde la sala de prensa del Consejo de Ministros expresiones como «muy carroñera» contra una empresa privada sin acompañarlas de una explicación jurídica o económica que permita comprobar qué conducta concreta merece semejante calificativo.
Aquí está la cuestión de fondo.
Isabel Rodríguez tiene tres viviendas declaradas, además de dos plazas de aparcamiento y dos trasteros. Urbagestión afirma que el inmueble de Maricarmen es su única vivienda en propiedad, entonces la ministra es mas buitre carroñera que la empresa a la que critica con una sola propiedad.
Los dos casos no son necesariamente comparables desde el punto de vista jurídico o económico: una persona física y una sociedad mercantil no son lo mismo, y el número de propiedades tampoco determina por sí solo que exista especulación.
Pero precisamente por eso las etiquetas políticas resultan insuficientes.
Si el Gobierno quiere combatir la especulación inmobiliaria, debe definirla con precisión.
Si quiere limitar las compras de vivienda por determinadas empresas, debe establecer criterios objetivos.
Y si considera que Urbagestión ha actuado incorrectamente, debe explicar qué actuación concreta considera reprochable.
Porque una ministra puede defender con firmeza a los inquilinos.
Puede promover nuevas leyes.
Puede criticar a los propietarios.
Puede incluso considerar que una determinada operación inmobiliaria es socialmente injusta.
Pero cuando desde el Gobierno se califica a una empresa de «buitre» y «carroñera», la ciudadanía tiene derecho a exigir algo más que una etiqueta: datos, criterios y coherencia.
Y una pregunta queda sobre la mesa: si tres viviendas forman parte del patrimonio declarado de la ministra y una empresa asegura que solo tiene una vivienda, ¿qué criterio exacto utiliza Isabel Rodríguez para decidir quién merece ser llamado «buitre»?
La respuesta a esa pregunta sería bastante más útil para el debate sobre la vivienda que cualquier descalificación pronunciada desde una rueda de prensa.
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