
El Gobierno convertirá Ceuta en un CETI permanente: anuncia en el BOE la cesión de ocho terrenos para habilitar espacios para invasores
Impacto España Noticias
El Gobierno de Pedro Sánchez ha incluido en el Boletín Oficial del Estado (BOE) una relación de ocho emplazamientos estatales en Ceuta disponibles para afrontar la invasión migratoria, con espacios destinados a ampliar la capacidad de acogida. El Real Decreto 761/2026, publicado el 30 de septiembre, incorpora una parcela del Centro Penitenciario a los recursos previstos por el Ejecutivo.
El listado abarca terrenos de Defensa en Loma Margarita, la Hípica, el antiguo campo de fútbol del cuartel de Caballería y el acuartelamiento K8. También contempla la explanada del Guano, dependiente de Transición Ecológica; dos parcelas de la ampliación de poniente del Puerto, vinculadas a Transportes; los terrenos D5 y E5 de Loma Colmenar, de Vivienda; y la parcela penitenciaria cedida por Interior.


La nueva incorporación amplía el despliegue de espacios públicos para gestionar la permanencia de inmigrantes en la ciudad. El Ejecutivo justifica la elección del terreno penitenciario por su ubicación y superficie, y defiende que permite reforzar la respuesta con rapidez y reducir las molestias a los vecinos. La norma no concreta cuántas plazas tendrá cada recinto ni un calendario individual de apertura.
El decreto original de agosto ya reconocía que la presencia de un elevado número de personas en situación irregular estaba superando las capacidades ordinarias de acogida, asistencia y seguridad ciudadana y alterando el funcionamiento de las administraciones. La respuesta estatal implica, por tanto, movilizar recursos de distintos ministerios para sostener unos servicios sometidos a una presión extraordinaria.
Aunque la ampliación de instalaciones permite plantear el debate sobre cuánto tiempo se prolongará esta situación, el BOE no establece la conversión de Ceuta en un CETI permanente. La declaración de interés para la Seguridad Nacional tiene como fecha de finalización el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga o terminación anticipada.
Además, la aportación de recursos está sujeta al principio de temporalidad: la disponibilidad de estos terrenos no acredita por sí sola que vayan a convertirse en centros definitivos.
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