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Bruselas ha abierto un procedimiento de infracción contra España por no haber remitido la actualización de su plan de preparación ante posibles apagones eléctricos, cuyo plazo expiró el pasado 5 de enero.
La Comisión Europea ha incluido a España en su paquete periódico de procedimientos de infracción por incumplimientos de la legislación comunitaria.
La Comisión ha enviado a España una carta de apercibimiento en la que comunica los motivos del procedimiento. A partir de ahora, el Ejecutivo dispone de dos meses para responder y presentar las explicaciones o medidas que considere oportunas. Entre ellas podría incluirse el plan actualizado o un borrador del mismo.
Si la respuesta no resulta satisfactoria, Bruselas podría enviar una carta motivada, en la que detallaría las medidas que España debe adoptar para cumplir con la normativa europea. Si posteriormente el Gobierno no atiende esas exigencias, la Comisión podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
El procedimiento podría terminar entonces con una sentencia contra España y, en determinadas circunstancias, con la imposición de una sanción económica.
La Comisión Europea recuerda que los planes nacionales de preparación frente a crisis eléctricas constituyen una herramienta destinada a garantizar la máxima preparación del sistema energético. Su objetivo es establecer las medidas necesarias para prevenir, afrontar y mitigar una eventual interrupción del suministro eléctrico.
Los planes deben contemplar las actuaciones previstas para prevenir y gestionar posibles crisis provocadas por diferentes circunstancias, entre ellas fenómenos meteorológicos extremos, ciberataques o problemas relacionados con el suministro de combustible.
Bruselas subraya además que este tipo de situaciones pueden tener efectos transfronterizos y afectar simultáneamente a varios Estados miembros. Por este motivo, desde 2022 los países de la UE están obligados a elaborar y actualizar cada cuatro años sus planes nacionales de preparación ante riesgos eléctricos.
La segunda versión de estos documentos, que constituía la primera actualización de los planes iniciales, debía haberse remitido a la Comisión antes del 5 de enero de 2026. España no lo ha hecho, al igual que Francia y Bélgica.
Por ello, Bruselas reclama a los tres países que cumplan la normativa sin demora y advierte de que decidirá los siguientes pasos en función de las respuestas que reciba durante los próximos dos meses.
La Comisión Europea también ha avanzado este jueves en otro procedimiento contra España relacionado con la gestión de residuos eléctricos y electrónicos.
En este caso, Bruselas ha enviado un dictamen motivado por la falta de transposición completa de las normas europeas sobre residuos, concretamente en lo relativo al reciclaje de determinados paneles fotovoltaicos.
España figura junto a Bulgaria, Chequia, Chipre, Polonia y Rumanía entre los países que, según la Comisión, han respondido de manera insatisfactoria al anterior requerimiento.
El expediente está relacionado con una sentencia del TJUE de 2022 que modificó las reglas para establecer que los productores de determinados paneles solares instalados antes de 2005 deben asumir los costes de su reciclaje.
Bruselas ya había enviado a España una carta de apercibimiento en noviembre de 2025. La Comisión señala ahora que el país sigue sin notificar las medidas necesarias para completar la transposición de la directiva y le concede otros dos meses para hacerlo.
Si España no adopta las medidas requeridas, la Comisión Europea podría decidir trasladar también este segundo expediente al Tribunal de Justicia de la UE.
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