
Pedro Sánchez baraja adelantar las elecciones generales si finalmente no son aprobados en el Congreso este viernes los decretos de vivienda. Miembros del Ejecutivo aseguran que este escenario es "muy probable".
Miembros del Gobierno y del PSOE han trasladado a Moncloa que serían partidarios de esa convocatoria, por entender que la situación será insostenible si Junts vota en contra de los dos decretos y los hace caer.
Sánchez tiene previsto acudir al Congreso para votar. En principio, los encargados de defender los decretos en el Pleno serán los ministros Isabel Rodríguez y Pablo Bustinduy, pero si lo entendiera necesario el presidente del Gobierno puede intervenir siempre que quiera para solemnizar su posición y su relato posible.
El rechazo de Junts a los decretos de vivienda ha dejado a Sánchez en una situación muy difícil. En la encrucijada entre aguantar para seguir hasta 2027 como preveía o disolver las Cortes y convocar elecciones generales para finales de noviembre o principios de diciembre. La primera fecha posible sería el 29 de noviembre.
Moncloa confiaba estos días en el sí del partido de Carles Puigdemont. Porque Junts había aceptado por primera vez en un año sentarse a negociar, porque algunas de sus exigencias las habían incluido en el decreto y, además, habían admitido que Sumar renunciara a algunas de sus peticiones.
Las respuestas de los independentistas parecían positivas. Por eso, el anuncio del no les pilló por sorpresa. Les hubiera bastado la abstención de los siete diputados, pero ni eso.
El desconcierto entre ministros socialistas y de Sumar era anoche total. Había además mucho enfado con los de Puigdemont y expresiones de reconocimiento de que nunca han sido socios fiables, pese a que en los últimos años ha habido todo tipo de cesiones por parte de Sánchez.
Eso es lo único que se emitió desde el Gobierno y oficialmente desde la Moncloa no se desveló qué ocurrirá desde este viernes.
Moncloa se limitó a emitir una nota en la que defienden el decreto y su utilidad y asegura que "ha llegado la hora de que PP, Vox y Junts se retraten y demuestren si, en materia de vivienda, están con la ciudadanía o con los especuladores. Con las clases medias y trabajadoras o con las élites. España ya no puede esperar más. Necesita soluciones y una política de vivienda valiente".
En la nota oficial no hay pistas sobre las consecuencias políticas tras la votación.
Tampoco las hay en el mensaje posterior en redes sociales de Sánchez siguiendo la misma línea: "Este Gobierno no va a dar un paso atrás en su lucha por el derecho a la vivienda" y "ha llegado la hora de la verdad. PP, Vox y Junts deben elegir: o están con la mayoría social o con los especuladores. Mañana, su voto les retratará ante generaciones enteras".
Para el Gobierno es un mazazo político muy importante, porque muestra la imposibilidad de avanzar en la legislatura y dar respuesta a problemas reales.
Es también una nueva constatación de que es inviable seguir adelante con un Gobierno progresista en un Congreso de derechas. Así es imposible en un régimen parlamentario como el español.
Las opciones de Sánchez
Sánchez puede intentar seguir adelante, con un nuevo decreto con las medidas esenciales para que pueda ser convalidado, pero sin garantías de conseguirlo.
Ahí se arriesgaría a tener más fracasos, empezando por la financiación autonómica o los Presupuestos en diciembre, para acabar convocando elecciones para febrero. Sería una opción "muy Pedro Sánchez", marca de la casa y coherente con su historia política. La mítica resiliencia y la leyenda del resistente.
La otra opción, que manejan abiertamente miembros de su Gobierno como pura especulación, sería la convocatoria inmediata de elecciones. Serían en noviembre o diciembre, poniendo ya punto final a la legislatura.
Con esta vía, Sánchez aprovecharía la movilización actual de la izquierda y el relato del "Gobierno que pretende tomar medidas para la gente y que se da de bruces contra la derecha sin corazón".
Sería su programa de campaña, con la derecha y extrema derecha al otro lado. El pleno de hoy con la votación con PP, Vox y Junts alineados a favor de los desahucios sería el primer acto de esa campaña.
Por tanto, esas elecciones serían una especie de plebiscito sobre política social y de vivienda, entre derecha e izquierda.
El principal inconveniente es saber si los movilizados y acampados estos días votarían al PSOE. Y, además, Sumar aún no se ha organizado, no tiene ni candidato y aunque puede atribuirse el haber promovido el decreto, no está claro que eso le sirviera para derrotar los pronósticos de las encuestas.
Otro inconveniente evidente para esas hipotéticas elecciones inmediatas es la situación en Ceuta, aún con miles de migrantes en las calles y sin que se atisbe una solución próxima.
Queda la duda de cómo va a responder la calle, la que se ha movilizado estos días tras el desahucio emblemático de Maricarmen. Si eso da votos al PSOE o si, por el contrario, el "desorden" ayuda a movilizar definitivamente a la extrema derecha.



















