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Pedro Sánchez llegó a La Moncloa en junio de 2018. Más de ocho años después, España tiene más empleo y una economía que ha vuelto a crecer con fuerza tras la pandemia, pero también deja una fotografía mucho menos favorable cuando el análisis baja del PIB al bolsillo de las familias:
Los precios generales son alrededor de un 23% superiores a los de 2018, la vivienda se ha encarecido con enorme intensidad, la deuda pública continúa alrededor del 100% del PIB y millones de españoles siguen atrapados en situaciones de pobreza o exclusión social.
Los últimos datos disponibles permiten poner cifras al balance.
En 2025, el 25,7% de la población española estaba en riesgo de pobreza o exclusión social, según la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística. Eso equivale a aproximadamente 12,6 millones de personas. España se situaba además entre los países de la Unión Europea con mayor tasa AROPE.
Y tener trabajo tampoco garantiza haber dejado atrás la pobreza.
Según el informe elaborado por EAPN a partir de los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida, en 2024 el 11,7% de las personas ocupadas estaba en situación de pobreza. Cerca de 2,5 millones de españoles eran pobres pese a tener un empleo.
El cambio más visible para cualquier hogar aparece simplemente entrando en un supermercado.
El propio calculador oficial del INE muestra que entre julio de 2018 y julio de 2025 el Índice de Precios de Consumo acumuló una subida del 23%.
Traducido a una comparación sencilla, una cesta de bienes y servicios que estadísticamente costaba 100 euros en aquel momento necesitaría ahora alrededor de 123 euros para adquirir el mismo conjunto de productos, aunque la evolución concreta varía mucho entre categorías.
El impacto acumulado de la inflación constituye uno de los grandes cambios económicos de estos ocho años.
Los salarios nominales también han subido, pero eso no significa que toda esa subida se haya convertido en mayor capacidad de compra.
La OCDE advertía en su informe de empleo de 2025 de que los salarios españoles no habían logrado seguir completamente el ritmo del aumento de los precios.
En el primer trimestre de 2025, los salarios reales permanecían un 4,2% por debajo del nivel del primer trimestre de 2021.
Entre las principales economías analizadas por la organización, únicamente Australia e Italia habían sufrido una caída real mayor durante ese período.
Es decir, un trabajador podía estar cobrando más euros que varios años antes y, al mismo tiempo, disponer de menor capacidad adquisitiva una vez descontada la inflación.
Existe una excepción relevante: el salario mínimo sí había ganado poder adquisitivo. Según la propia OCDE, en abril de 2025 el SMI español era un 3,1% superior en términos reales al de enero de 2021.
El fenómeno de los trabajadores pobres es probablemente uno de los indicadores que mejor ilustra la diferencia entre tener empleo y disfrutar de seguridad económica.
En 2024, el 11,7% de la población ocupada vivía bajo el umbral de pobreza, lo que representaba cerca de 2,5 millones de personas. Además, un 4,1% de los trabajadores se encontraba en situación de pobreza severa.
Hay que introducir aquí un dato fundamental para comprender correctamente la evolución: la pobreza laboral ha descendido.
En 2018 afectaba al 13,8% de la población empleada y en 2024 había bajado al 11,7%.
Lo mismo sucede con la tasa general de riesgo de pobreza.
El INE refleja que pasó del 21,5% en 2018 al 19,5% en 2025, mientras la tasa AROPE bajó del 27,3% al 25,7%.
Por tanto, los datos no permiten afirmar que la pobreza sea mayor que cuando Sánchez llegó al Gobierno. Sí muestran que, después de ocho años, uno de cada cuatro residentes continúa en riesgo de pobreza o exclusión social y más de uno de cada diez ocupados puede ser pobre pese a trabajar.
Si existe un indicador especialmente difícil para las nuevas generaciones es el precio de la vivienda.
El INE registró al cierre de 2018 una subida interanual del 6,6%.
Después llegaron incrementos del 3,6% en 2019, 1,5% en 2020, 6,4% en 2021, 5,5% en 2022, 4,2% en 2023, 11,3% en 2024 y nada menos que 12,9% en 2025.
Encadenando las variaciones del índice desde finales de 2018 hasta finales de 2025, el resultado supone un encarecimiento acumulado de aproximadamente el 55%.
Solo durante 2025, la vivienda usada subió un 13,1% y la nueva un 11,2%.
Esto significa que la mejora salarial tiene que competir no solamente contra la inflación general, sino contra un activo esencial que se ha encarecido mucho más rápido.
Para millones de jóvenes y familias, el problema ya no consiste únicamente en pagar una hipoteca: el primer obstáculo es reunir el ahorro necesario para acceder a ella.
Otro de los grandes números del período se encuentra en las cuentas públicas.
España cerró 2025 con una deuda de las Administraciones Públicas de 1,698 billones de euros, equivalente al 100,7% del PIB.
La cifra permite una comparación muy gráfica: la deuda pública equivale aproximadamente a toda la producción anual de la economía española.
Además, durante 2025 el volumen nominal de deuda volvió a crecer un 4,8%.
La comparación con 2018 requiere, sin embargo, un matiz importante.
España ya partía de un endeudamiento muy elevado. Al terminar 2018 la deuda equivalía al 97,2% del PIB.
Por tanto, la ratio actual no está decenas de puntos por encima de la existente cuando Sánchez comenzó a gobernar.
La gran explosión se produjo durante la pandemia y desde entonces el porcentaje sobre el PIB ha descendido considerablemente. De hecho, el 100,7% registrado en 2025 fue el nivel más bajo desde 2020.
Aun así, España mantiene una deuda superior a la media de la zona euro, que el Banco de España situó en el 87,4% del PIB.
Cualquier balance de estos ocho años que ignore el mercado laboral estaría incompleto.
Al finalizar 2018 había aproximadamente 19,56 millones de ocupados y una tasa de paro del 14,45%.
En el segundo trimestre de 2026 España alcanzó 22,78 millones de ocupados y la tasa de paro descendió hasta el 9,87%.
Son más de tres millones de ocupados adicionales respecto al cierre de 2018 y una reducción muy significativa del desempleo.
También el PIB ofrece al Gobierno argumentos.
La economía española creció un 3,7% en 2024 y otro 2,6% en 2025, según la revisión más reciente del INE.
Negar esa mejora sería ignorar una parte esencial de la fotografía económica.
La contradicción que dejan los datos es precisamente esa.
España tiene más trabajadores, menos paro y una economía mayor.
Pero el ciudadano también vive en un país donde los precios generales han aumentado alrededor de un 23% desde 2018, la vivienda se ha encarecido aproximadamente un 55% desde finales de aquel año, la deuda pública ronda los 1,7 billones de euros y todavía existen 12,6 millones de personas en riesgo de pobreza o exclusión social.
Además, casi 2,5 millones de personas tienen empleo y aun así se encuentran bajo el umbral de pobreza.
Ese probablemente sea el gran debate económico después de ocho años de Sánchez.
No si España produce más.
Los datos dicen que sí.
La cuestión es cuánto de ese crecimiento ha conseguido transformar realmente la vida cotidiana de los hogares después de descontar inflación, vivienda y pérdida de poder adquisitivo.
Porque las cifras macroeconómicas pueden mejorar mientras comprar una casa, llenar la cesta de la compra o llegar con margen a final de mes continúa siendo una batalla para millones de españoles.
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