El inesperado adelanto electoral convocado para el próximo 29 de noviembre supone un auténtico balón de oxígeno para el ordenamiento jurídico español y la cordura institucional. Más allá de los cálculos partidistas y las maniobras de distracción del gobierno, la convocatoria de urnas aporta una ganancia colosal para la sociedad civil: frena el blindaje del aborto y desmonta parte de la agenda ideológica sectaria del Gobierno.
La disolución anticipada de las Cortes Generales actúa como un freno de mano de emergencia frente a una batería de normas cargadas de dogmatismo que amenazaban con fracturar los pilares de la familia, la vida y la propia Constitución.
Algunas de estas normas ya se encontraban en tramitación parlamentaria y decaerán por la disolución de las Cortes Generales, sepultando en el olvido legislativo proyectos diseñados exclusivamente para complacer a minorías radicales marxistas.
El desmantelamiento de la maquinaria burocrática del Ministerio de Igualdad
El departamento que dirige Ana Redondo sufre un golpe definitivo en su estrategia de hiperregulación colectivista. Con la convocatoria electoral, el Ministerio de Igualdad pierde sus dos proyectos más mediáticos y controvertidos, los cuales pretendían profundizar en la asimetría penal y el control del discurso público. Concretamente, desde el Ministerio de Igualdad, caerá la Ley de Violencia Vicaria, que el 30 de septiembre pasaba su primer examen en el Congreso.
La norma tipificaba como agravante de género este tipo de violencia, preveía la privación automática de la patria potestad de los padres condenados por maltrato y prohibía explícitamente a los condenados por violencia vicaria hablar sobre el crimen durante un tiempo de hasta 20 años. Este proyecto vulneraba principios fundamentales del derecho a cambio de propaganda política, imponiendo un veto de dos décadas a la libertad de expresión.
La ineficacia del propio ministerio también contribuyó al naufragio de sus planes. Igualmente, no verá la luz la Ley Orgánica Integral contra la Trata y la Explotación de Seres humanos, pendiente de aprobación en segunda vuelta por el Consejo de Ministros. El pasado mes de junio, la ministra Ana Redondo argumentó que la aprobación de la Directiva Europea de Trata obligaba a reformular el texto y que no quería hacer una «chapuza jurídica». Esta parálisis técnica condena al fracaso una regulación que la coalición utilizó repetidamente como herramienta de mercadotecnia electoral.
Del mismo modo, el Ejecutivo sufre una derrota simbólica de enormes proporciones en el ámbito constitucional: asimismo, la reforma del artículo 43 de la Constitución para blindar el aborto, que se encuentra en tramitación parlamentaria, tampoco saldrá adelante, y no podrá convertirlo en un ariete de división social.
El fracaso de los planes de sumisión social y el adoctrinamiento de la juventud
El ala radical del Ejecutivo, representada por los ministerios controlados por la extrema izquierda, ve cómo se desmorona su plan de ingeniería familiar y subsidios clientelares. Mientras, desde el Ministerio de Derechos Sociales, decaerá la Ley de Familias, varada en el Congreso y, además, la falta de Presupuestos Generales del Estado (PGE) hará que no salga adelante una de las medidas más deseadas por Sumar: la prestación universal por crianza.
La incapacidad del Gobierno para articular mayorías estables liquida el intento de establecer un modelo de dependencia económica estatal sobre los hogares españoles. Además, cuando el ministro Pablo Bustinduy asumió el cargo también hizo suya la aprobación de la Ley de Servicios Sociales, que había impulsado su predecesora en la anterior legislatura, Ione Belarra, pero esta norma ni siquiera ha vuelto a pasar por el Consejo de Ministros, confirmando el abandono total de la gestión real en favor del sectarismo puro.
La familia, a salvo
La ofensiva intervencionista también afectaba de lleno a la protección de la infancia, introduciendo conceptos jurídicos indeterminados que erosionaban la autoridad paterna. Además, se encuentra también pendiente la reforma de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI), aprobada en primera vuelta en mayo de este año, que establece la garantía de escucha al menor y el alejamiento de progenitores sobre los que pesen acusaciones de maltrato.
Los planes de la ministra Sira Rego encallan por completo debido al cierre prematuro del parlamento. Igualmente, la ministra Sira Rego avanzó en una entrevista con Europa Press que quería llevar al Consejo de Ministros tras este verano una Ley de familias acogedoras para favorecer la acogida y la adopción que ahora tampoco verá la luz.
En la misma situación queda la pretendida la Ley de Juventud, de la que Rego aseguró que ya estaba negociando el borrador con el PSOE y en la que quería incluir el voto a partir de los 16 años, una maniobra burda que buscaba alterar el censo electoral mediante el adoctrinamiento temprano de menores de edad.
El laberinto migratoria y las leyes de extranjería que quedan en el aire
La gestión de las fronteras y la política demográfica del Ejecutivo también quedan desarticuladas ante la cita con las urnas del 29 de noviembre. La Moncloa pierde la oportunidad de convalidar sus reformas orientadas a la flexibilización de las fronteras en plena crisis migratoria. En materia de Extranjería, no verá la nueva Ley de Asilo y la reforma de la Ley de Extranjería, dos anteproyectos aprobados por el Consejo de Ministros en primera vuelta para adaptarse al Pacto Europeo de Migración y Asilo.
No obstante, el blindaje de ciertos decretos ya convalidados mantendrá algunos flecos de la política gubernamental en el Boletín Oficial del Estado, aunque desprovistos de su desarrollo legislativo posterior. También en cuestión migratoria, aunque ha sido convalidado, hay un Decreto-Ley en materia de Extranjería que se están tramitando como proyecto de Ley en el Congreso. Con el adelanto electoral, quedará en vigor tal y como se publicó en el BOE al haber sido convalidado.
Se trata de la reforma del Artículo 35 de la Ley de Extranjería para establecer el reparto obligatorio de menores no acompañados en caso de contingencia migratoria. La disolución de las Cortes congela el debate y la modificación de este texto, dejando al país en una situación de provisionalidad legal que retrata la caótica herencia legislativa de un Gobierno obsesionado con la ideología y desconectado de los problemas reales de los españoles.
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