Impacto España Noticias
Puigdemont no ha tenido que cambiar ni una coma de su discurso victimista y asegura que lo que dijo el primer día de su fuga continúa siendo válido a día de hoy, una vez que el Tribunal Constitucional ha avalado la amnistía del delito de malversación.
En su primera intervención desde Waterloo tras conocer que el juez del Supremo, Pablo Llarena, se ha visto obligado a desactivar la orden de detención, el líder fugado ha insistido en su determinación de seguir haciendo política: «Decidimos ir al exilio para hacer política y vamos a volver de la misma manera».
Puigdemont ha calificado de «derrota de los poderes públicos españoles» la aplicación total de la amnistía, al tiempo que ha recriminado a la Unión Europea que retirase la inmunidad a los líderes del golpe separatista del 1 de Octubre.
El dirigente de Junts ha querido acordarse de las familias de los hasta ahora condenados o procesados, a los que ha dedicado, en una breve comparecencia sin preguntas, «la victoria de la amnistía».
La sentencia aprobada por el Tribunal Constitucional ordena al Supremo que «dicte una nueva resolución en la que se declare amnistiado el delito de malversación» a Bassa con «carácter preferente y urgente», lo que supone una orden directa y precisa, como ya anticipó Conde Pumpido hace unos días, que era justo lo que había pedido el Supremo.
Porque la resolución fija la doctrina que será de aplicación para el resto de los recursos de condenados y procesados por rebeldía por el procés que están pendientes de resolver por el Constitucional, entre ellos el exconseller Jordi Turull, cuyo recurso finalmente no se ha votado hoy una vez que el magistrado conservador Jose Maria Macías ha retirado su ponencia, que era estimatoria pero menos crítica con el Supremo que la del presidente respecto a Bassa.
Aunque aquí la clave no es la aplicación de esta sentencia a los recursos pendientes en el Constitucional, sino que el Supremo ya tiene vía libre para actuar porque el alto tribunal tenía previsto hacerlo siempre que la doctrina fuera clara y en cuanto la sentencia del TC fuera publicada por el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Un trabajador de Correos alerta de que «se pueden amañar las elecciones mediante el voto por correo»Pero resulta que en una mañana frenética y sin esperar a recibir la sentencia, el magistrado Pablo Llarena ha dejado sin efecto, con carácter inmediato, la orden nacional de busca y captura y detención de Carles Puigdemont, que ya puede regresar a España sin ser arrestado desde que abandonó el territorio el 29 de octubre de 2017.
Llarena, cuya decisión afecta también a los exconsellers Antoni Comin y Lluis Puig, explica que adopta esta decisión tras hacerse público el fallo del Constitucional, porque ya no tiene sentido mantener las medidas cautelares pues la coincidencia sustancial de los hechos y de la cuestión jurídica controvertida permite apreciar, que el pronunciamiento constitucional puede incidir en el fundamento de las órdenes de detención, acordadas el 1 de julio de 2024.
Ahora bien, deja claro que no declara aplicable la amnistía, pero que resolverá sin demora una vez conozca el contenido íntegro de la sentencia, que probablemente no se demore más de esta misma semana.
En paralelo, también está previsto que entonces la Sala de lo Penal actúe y aplique la doctrina del Constitucional al resto de condenados por el delito de malversación, estos son el líder de ERC, Oriol Junqueras, y los exconsellers Jordi Turull y Raul Romeva.
En síntesis, la sentencia del Constitucional enmienda la postura del Supremo, que no aplicó la amnistía a la malversación al entender que los líderes del procés obtuvieron un beneficio personal de naturaleza patrimonial, una de las excepciones que recoge la norma.
Fuentes jurídicas explican que se han suavizado algunas expresiones de la ponencia que se consideraban duras con el criterio del Supremo cuya interpretación, recogía el borrador, es «manifiestamente contraria al espíritu y finalidad de la Ley».
Enfrente, los cinco magistrados que han emitido un voto particular denuncian que la corte ha suplantado al Supremo «en la apreciación de la amnistía» con la utilización de ciertos epítetos que consideran «inaceptables» y de los que se deduce «una tan lamentable como inasumible animadversión o virulencia hacia la Sala Segunda»
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