Denuncian a Conde-Pumpido y otros seis magistrados del Constitucional por la amnistía de la malversación

La denuncia,  acusa a los magistrados de presunta prevaricación judicial y de forma alternativa, de usurpación de atribuciones judiciales
Tribunales07 de octubre de 2026Impacto España NoticiasImpacto España Noticias

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La asociación HazteOír ha presentado una denuncia ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, y los otros seis magistrados de la llamada mayoría 'progresista' de este órgano por la sentencia en la sentencia en la que amparan a Dolors Bassa y borran las malversación del 'procés'.

La denuncia,  acusa a los magistrados de presunta prevaricación judicial y de forma alternativa, de usurpación de atribuciones judiciales. Junto a Conde-Pumpido, el escrito se dirige contra la vicepresidenta, Inmaculada Montalbán y los magistrados María Luisa Balaguer, Juan Ramón Sáez Valcárcel, María Luisa Segoviano, Juan Carlos Campo y Laura Díez.

HazteOír solicita a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que asuma la competencia del caso e incoe diligencias penales. Para ello, requiere que se oficie al Tribunal Constitucional con el fin de obtener el testimonio íntegro de la sentencia, incluyendo el voto particular suscrito por los cinco magistrados que votaron en contra. 

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En ese voto, particular acusan a sus compañeros de invadir las competencias del Tribunal Supremo con «una más que preocupante (y reiterada) suplantación del rol que corresponde al Tribunal Supremo en la interpretación y aplicación de la legalidad ordinaria».

«Se insiste en una deriva, acentuada en los últimos años, que distorsiona y pervierte el rol funcional del Tribunal Constitucional, colocándole en una posición que no le corresponde dentro del esquema general del sistema de Justicia en nuestro país», advierten.

Recuerdan en ese texto que el Alto Tribunal es el encargado de fijar el criterio interpretativo de la legalidad ordinaria, mientras que el TC es el encargado de velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Carta Magna. «La sentencia de la que ahora disentimos profundiza en la ruptura de esa arquitectura constitucional», señalan.

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