El Supremo acorrala al Gobierno por las grietas de seguridad en los lectores del DNI digital para el 29-N

El Tribunal Supremo ha otorgado un plazo improrrogable de dos días al Gobierno para que acredite la seguridad de los 61.603 dispositivos contratados para leer los códigos QR del DNI digital en las mesas electorales
Tribunales18 de noviembre de 2026Impacto España NoticiasImpacto España Noticias

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A apenas doce días de las elecciones generales del 29 de noviembre, la improvisación tecnológica del Ejecutivo enfrenta un severo revés judicial. El Tribunal Supremo ha otorgado un plazo improrrogable de dos días al Gobierno para que acredite la seguridad de los 61.603 dispositivos contratados para leer los códigos QR del DNI digital en las mesas electorales.

Esta contundente resolución responde al recurso de la formación política Iustitia Europa, fundamentado en las recientes investigaciones de El Debate sobre las graves vulnerabilidades de estos terminales. El Alto Tribunal exige al Ministerio del Interior que certifique los controles realizados y aporte las pruebas técnicas que los respalden, desmontando la pretensión gubernamental de implantar un sistema de identificación electoral sin haber demostrado previamente su invulnerabilidad.

La decisión judicial trasciende la mera solución logística anunciada por el Ejecutivo para permitir el sufragio mediante la aplicación MiDNI. No basta con desplegar lectores QR en los colegios electorales; el Ministerio del Interior debe demostrar de forma fehaciente que los aparatos encargados de verificar la identidad de millones de ciudadanos cumplen con las exigencias legales más estrictas. Resulta preocupante que, a menos de dos semanas de la apertura de las urnas, la limpieza y fiabilidad tecnológica de un elemento esencial de la jornada electoral dependa de un requerimiento judicial de última hora.

Exigencias del Tribunal Supremo sobre el Esquema Nacional de Seguridad

La resolución, dictada dentro del procedimiento ordinario 2317/2026 en su pieza de medidas cautelares 0001, atiende las actuaciones promovidas por Iustitia Europa, el partido que preside el abogado Luis María Pardo. Concretamente, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo emitió este 17 de noviembre una providencia dirigida a la directora general de Política Interior. El tribunal ordena a la alto cargo que certifique, bajo su propia responsabilidad, si los 61.603 terminales alquilados han superado los controles de seguridad que establece el artículo 22 del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, norma que regula el Esquema Nacional de Seguridad.

El plazo de dos días desde la notificación judicial pone contra las cuerdas a la Administración en plena recta final de la campaña. El Supremo rechaza conformarse con una simple declaración afirmativa o una promesa política por parte del Ministerio del Interior. Si el departamento asegura haber ejecutado dichas auditorías, deberá entregar de inmediato toda la documentación técnica que las justifique.

La justicia apunta así al núcleo de las revelaciones periodísticas: mientras que el código generado por MiDNI incorpora mecanismos criptográficos de autenticación, los terminales físicos encargados de leerlo carecen de garantías acreditadas sobre su blindaje frente a manipulaciones o fallos técnicos.

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El Gobierno debe demostrar los controles técnicos realizados

El Ejecutivo presentó la instalación de lectores QR como una vía ágil para modernizar la identificación de los votantes ante las mesas electorales. Sin embargo, las pesquisas de El Debate expusieron serias dudas sobre la ausencia de auditorías previas en estos equipos. El pasado 12 de noviembre, el citado medio publicó las advertencias de destacados especialistas en seguridad digital de la Unión Europea sobre los riesgos de este despliegue.

 Los expertos Ignacio Alamillo y Julián Inza señalaron que el verdadero peligro reside en la gestión y el control de los terminales físicos, diferenciando claramente entre la seguridad del software de la aplicación móvil y la vulnerabilidad de los dispositivos receptores que operan en los colegios.

Ante estas evidencias, la providencia judicial exige una precisión temporal determinante. La directora general de Política Interior debe acreditar si, con posterioridad a la firma del contrato de alquiler, la Administración efectuó los controles normativos sobre los equipos concretos que irán a las mesas. El Alto Tribunal no pregunta por las especificaciones genéricas del fabricante ni por las características teóricas del modelo elegido, sino por las verificaciones reales practicadas sobre el lote contratado para los comicios. Una vez que Interior presente sus pruebas documentales, el Supremo decidirá sobre la suspensión cautelar del sistema.

Siete millones de euros de gasto y dudas en la contratación de emergencia

La opacidad que rodea esta operación administrativa alimenta las sospechas sobre la gestión del proceso. El 3 de noviembre, El Debate reveló que el Gobierno aprovechó la jornada de luto oficial por las víctimas del accidente ferroviario de Urda para publicar en el Boletín Oficial del Estado la orden que introducía estos lectores QR.

Apenas veinticuatro horas después, el periódico documentó que la normativa aprobada garantiza la trazabilidad de los aparatos, pero omite la auditoría de cada acto de identificación ciudadana. Posteriormente, la investigación destapó un contrato tramitado por vía de emergencia por valor de 7.000.455 euros, adjudicado a Telefónica Defensa y Seguridad para el arrendamiento de los 61.603 terminales.

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Tras conocer la providencia del 17 de noviembre, Iustitia Europa presentó ese mismo día un nuevo escrito solicitando al Supremo que amplíe el requerimiento documental. La formación reclama el expediente íntegro de la contratación de emergencia, incluyendo el acuerdo de adjudicación y las especificaciones técnicas completas.

Asimismo, exige conocer la identidad de los fabricantes y suministradores reales, la marca, el modelo, el sistema operativo y la correspondencia exacta entre los lotes supuestamente auditados y los equipos que llegarán a las urnas. El escrito demanda además transparencia absoluta sobre el tratamiento, transmisión y eventual almacenamiento de los datos personales captados durante la lectura criptográfica.

Aunque el Alto Tribunal todavía debe pronunciarse sobre esta ampliación documental urgente, el partido de Luis María Pardo celebra el primer paso judicial como un freno necesario ante la falta de rigor del Ejecutivo. «Hemos conseguido que el Tribunal Supremo exija al Gobierno que acredite la seguridad de los 61.603 dispositivos con los que se pretende identificar a los españoles en las urnas», afirma el dirigente, quien insiste en la urgencia de fiscalizar cada terminal.

Para respaldar sus alegaciones, la formación ha incorporado al proceso un dictamen pericial elaborado por un ingeniero de Telecomunicación especializado en ciberseguridad, evaluando los riesgos reales en los mecanismos de verificación de MiDNI a escasos días de una cita electoral decisiva.

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