El exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías, ha irrumpido en la causa judicial que investiga la supuesta red para desestabilizar procedimientos judiciales contra cargos socialistas con una durísima ofensiva de defensa.
A través de un recurso presentado por su representación letrada, el histórico dirigente andaluz acusa a la exmilitante socialista Leire Díez de incumplir la «promesa» de entregarle material decisivo para tumbar la condena del caso ERE y carga simultáneamente contra la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, a las que atribuye la realización de una investigación «prospectiva» e incomprensible contra su persona.
En el escrito remitido al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, la defensa de Zarrías justifica los pagos realizados a Díez a través de su firma de consultoría, Zaño.
Según la versión del investigado, la 'fontanera' Leire se puso en contacto con él para trasladarle que dirigía una pesquisa sobre presuntas irregularidades vinculadas al excomisario José Manuel Villarejo en los orígenes del caso ERE.
Bajo la hipótesis de que la causa judicial instruida en Sevilla por la magistrada Mercedes Alaya respondía a un «montaje policial», Díez le aseguró estar cerca de obtener las pruebas que lo acreditarían, solicitándole respaldo económico para costear sus indagaciones.
Zarrías sostiene que accedió a contratar sus servicios profesionales con la única pretensión de «demostrar su inocencia» mientras aguardaba la resolución del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
Sin embargo, el exdirigente socialista asegura que la actuación de la consultora le «defraudó notablemente», puesto que las entregas prometidas no contenían «información relevante» ni sirvieron para desacreditar el procedimiento, lo que demuestra —a su juicio— que no existió concierto delictivo alguno para entorpecer la labor de los tribunales.
Paralelamente, la defensa de Zarrías ha pedido al magistrado Pedraz que revoque la autorización concedida a la Guardia Civil para examinar un total de once cuentas bancarias vinculadas a su persona y a su empresa.
El escrito enfatiza que la propia UCO acreditó en sus atestados que los movimientos económicos investigados —los 16.000 euros abonados a Leire Díez en cuatro mensualidades— transitaron de forma exclusiva por un único depósito, por lo que considera «impertinente y alarmante» que los agentes pretendan fiscalizar el resto de sus productos financieros.
El recurso critica con vehemencia el viraje de la Fiscalía Anticorrupción, reprochándole haber respaldado el criterio de los investigadores tras tildar inicialmente de «excesivas» las pretensiones de la UCO.
Zarrías niega rotundamente haber recibido reembolso alguno del PSOE por dichos pagos —tesis sostenida por las acusaciones— y desmiente de forma categórica que existieran mensajes entre él y Leire Díez en 2021 para identificar a los agentes de la Benemérita que testificaron en el juicio de los ERE.
Para la representación del exconsejero, la insistencia en escrutar todo su patrimonio financiero evidencia una «actuación prospectiva que busca sencillamente mirarlo todo a ver si encuentra algo», vulnerando sus derechos de defensa al no constar una imputación judicial delimitada formalmente.
¿Conoces algún hecho irregular que quieres que investigue y cuente Impacto España Noticias? Escribe a [email protected]
Comparte en Redes Sociales
Apoya el periodismo independiente y crítico
Evite la censura de Internet suscribiéndose directamente a nuestro canal de Telegram, Newsletter
Haz tu Donación
Síguenos en Telegram: https://t.me/impactoespananoticias
Whassapt Impacto España: https://chat.whatsapp.com/DkvQU3OzEzz1Ih524CPUd7
Twitter: https://twitter.com/impactoSumustv
Instagram: https://www.instagram.com/impactoespana?r=nametag
WhatsApp: 635967726
