El Supremo anula el decreto contra las universidades 'chiringuito' del Gobierno y critica su tramitación urgente

La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha dado así la razón a la Consejería de Educación del Govern balear, que había recurrido la regulación. Sin embargo, Baleares no es la única comunidad gobernada por el Partido Popular que había recurrido la norma: a ella se sumaron la Comunidad de Madrid, Extremadura, Aragón y La Rioja, así como universidades como el CEU o la Hespérides (en Canarias). Varias instituciones americanas con sede en España también habían recurrido solicitando medidas cautelares, aunque fueron desestimadas por el Alto Tribunal.

La razón del fallo, no reside en las exigencias fijadas en la norma, sino en un defecto formal durante su elaboración: el Consejo de Ministros no justificó la vía de urgencia utilizada. Esta tramitación acelerada saltó el trámite de consulta pública previa, impidiendo a los sectores afectados alegar antes de la redacción del texto, una omisión que el Alto Tribunal califica como «nulidad de pleno derecho». Además, se imponen las costas a la Administración General del Estado en cuantía de 6.000 euros.

Ya el Consejo de Estado, como adelantó este diario, había señalado múltiples riesgos jurídicos en su dictamen: posibles invasiones de competencias autonómicas, vulneración del derecho europeo de libre circulación o deficiencias de procedimiento que podrían acabar en los tribunales. Los informes de ministerios como el de Economía también habían valorado negativamente la norma. De hecho, hasta el último momento, Carlos Cuerpo intentó boicotearla.

El Ministerio de Universidades asegura que se ha enterado de la sentencia del Tribunal Supremo por los medios de comunicación y, aunque respeta el fallo, recuerdan que «no entra en el fondo del real decreto, sino en la urgencia con la que se tramitó»: «Una decisión que no compartimos». Para este ministerio, la necesidad del real decreto, ya nulo de pleno de derecho, «era y sigue siendo clara y urgente». Esta había sido la norma más relevante aprobada bajo el mando de Diana Morant, que se irá de vacío de la cartera ministerial.

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El sector, por su parte, respira aliviado. Desde Acade (Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada) valoran «muy positivamente» la sentencia que anula el real decreto.

Después de la aprobación de esta polémica norma, una decena de proyectos universitarios se habían visto paralizados. Entre ellos, tres universidades en Aragón: Uniar (Universidad privada online con sede en la comunidad), The Power University MBA (también online) y la Universidad Nicolo Cusano. En Galicia, se había visto afectada la Cesuga. 

En Andalucía, se paralizaron otros dos proyectos universitarios: Lucio Ameo Séneca y la Universidad Internacional del Mediterráneo. En Extremadura quedaron bloqueadas otras dos iniciativas (entre ellas, Uinde, la Universidad Internacional de la Empresa).

Por último, también se paralizó la tramitación de un proyecto en Canarias: la Universidad Tecnológica de las Islas Canarias (Utic). Sin embargo, una vez tumbada la norma, la pelota está en manos de las comunidades autónomas, que son las que ahora deben retomar cada una de estas iniciativas.

El varapalo del Supremo anula la exigencia de superar los 4.500 alumnos en los seis primeros años de actividad de las nuevas universidades, introducida por este real decreto. Desaparece también la nueva obligación de disponer de alojamiento universitario equivalente al 10% de las plazas presenciales previstas. Pierden su fundamento las demás modificaciones introducidas por el RD 905/2025, incluidas las nuevas exigencias que afectaban a la creación, reconocimiento y funcionamiento de universidades y centros universitarios.

Con esta sentencia del Alto Tribunal, del 30 de septiembre, se abre un nuevo escenario para los proyectos universitarios públicos y privados, particularmente los de nueva creación, expansión y desarrollo institucional.

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 El mensaje del Supremo es, así, contundente: el Gobierno no puede utilizar una urgencia insuficientemente justificada para eliminar la participación pública en la elaboración de una norma de esta trascendencia. Se trata de una sentencia de enorme relevancia jurídica y estratégica para el sistema universitario español, que obliga a reconsiderar los proyectos y expedientes afectados por la reforma anulada.

A lo largo de esta legislatura, el Ejecutivo no ha ocultado su obsesión contra la educación privada, en todas las etapas educativas. La llamada ley de ratios, ahora en un limbo, suponía una reducción del número de estudiantes que habría provocado, por ejemplo, el cierre del 100% de las guarderías infantiles.

 Hace solo unas semanas, antes de que estallara el 'caso Maricarmen' y el Gobierno convocara elecciones, Pedro Sánchez anunció que su equipo estaba trabajando en un nuevo real decreto que incluiría nuevos requisitos para las universidades privadas, como contar con un 50% de profesores que tengan título de doctor o presencialidad «allí donde sea necesaria». Se trataba del tercer decreto en menos de un año que el Ejecutivo preparaba para poner coto a la proliferación de campus privados.

El pasado 7 octubre, se aprobó el texto que ahora ha tumbado el Tribunal Supremo. Pero no quedó ahí. Meses después, el Ministerio de Educación, ya en manos de Milagros Tolón, (que no el de Universidades) anunciaba una nueva norma con el mismo espíritu, pero que afectaría a la FP, que ahora también se imparte en universidades.

Esta última endurecía las condiciones para la Formación Profesional privada (no así para la pública), algo que había suscitado intensas críticas dentro del sector. El Gobierno pretendía aprobar este texto antes de final de año, aunque es probable que hubiese tenido un recorrido judicial similar al del decreto «antichiringuitos» primigenio, ahora invalidado.