El curso de la historia política de un país rara vez salta por los aires de forma imprevista. La erosión de las libertades suele ser un proceso mucho más silencioso, un goteo constante de anomalías institucionales que, a fuerza de repetirse, terminan aceptándose como parte del paisaje cotidiano y Pedro Sánchez lo sabe.
A finales de los años setenta, durante los años más inciertos y convulsos de la Transición, la premisa básica de políticos como Adolfo Suárez pasaba por trasladar la normalidad democrática que ya se vivía en la calle a las altas instituciones del Estado.
Aquella generación entendió que la sociedad civil española estaba sobradamente madura para el pluralismo, la alternancia y el contrapeso de poderes, y que el deber de la clase política era derribar el viejo régimen autoritario para dar paso a una democracia liberal sólida.
Cinco décadas después, el modelo se ha invertido de punta a punta. Lo que la sociedad española atestigua hoy bajo la etapa del sanchismo no es el traslado de la normalidad social a las instituciones, sino la inyección programada de un estado de anormalidad constante para modificar las reglas del juego por la puerta de atrás.
Ya no se trata de una advertencia teórica ni de un pronóstico hiperbólico agitado por los analistas: el desmantelamiento de los pilares de la democracia liberal es un proceso en ejecución plena, perpetrado desde el propio corazón del Ejecutivo y amparado en el adormecimiento de una parte del electorado y el rechazo a la democracia por parte de ese electorado.
El hallazgo político más relevante de Pedro Sánchez no ha sido la astucia para tejer alianzas heterogéneas, sino la constatación de que un sector significativo de la sociedad está dispuesto a renunciar a la exigencia democrática con tal de evitar la alternancia.
Cuando el miedo al contrincante político se convierte en la única fuerza motriz del voto, la ciudadanía tolera abusos de poder que en cualquier otro contexto habrían provocado un escándalo mayúsculo. Esta dinámica transforma a la sociedad abierta en una masa acrítica dispuesta a justificar la arbitrariedad con tal de no ver al adversario en el Gobierno.
Al apelar a las emociones más primarias y reactivar la lógica de la polarización en las calles, el poder político consigue que el ciudadano corriente sustituya la fiscalización por la obediencia sectaria. La masa reconvertida en trinchera otorga una especie de legitimidad moral de la calle que el Ejecutivo utiliza para pasar por encima de las trabas legales e institucionales.
Se configura así la paradoja del presente: un amplio sector del país acepta convivir sin garantías democráticas plenas bajo la promesa de que esa es la única forma de frenar una amenaza mayor.
Este estado de cosas no ha surgido de la nada, sino de un adiestramiento paulatino a lo largo de los últimos años a través de sucesivos ensayos de ingeniería social. Las crisis recientes han funcionado como impecables bancos de prueba para medir la elasticidad y la docilidad de la opinión pública.
La pandemia del coronavirus demostró a la Moncloa que la población es altamente moldeable cuando se agita el miedo y se enarbola una buena causa; bastó la apelación al riesgo inminente para que se asumieran sin rechistar restricciones drásticas que rebasaban los cauces constitucionales.
Posteriormente, catástrofes de gestión, crisis fronterizas o graves colapsos en las infraestructuras públicas confirmaron la efectividad de la propaganda diferida. El Gobierno aprendió que puede dejar pudrir un problema, encajar la indignación inicial y, con el paso de los días y el despliegue del aparato mediático afín, convertir su propia negligencia en culpa de la oposición o de los gobiernos regionales.
Si la combinación de tiempo, desinformación y retórica agresiva permite neutralizar cualquier responsabilidad política, la rendición de cuentas desaparece y la impunidad se convierte en el estándar de gestión.
El síntoma más severo de este deterioro se observa en la rutina legislativa de la Moncloa. La gobernabilidad se ha asentado de forma estructural en el uso indiscriminado del Real Decreto Ley, una herramienta concebida para emergencias puntuales que hoy se utiliza para gobernar de espaldas al Parlamento o directamente contra él.
Al marginar el debate en el Congreso de los Diputados, el Ejecutivo vacía de contenido la representación nacional y pervierte la separación de poderes que sostiene al Estado de derecho.
Este asalto a la mecánica parlamentaria se complementa con una ofensiva permanente contra los pocos contrapesos que quedan en pie. La independencia de la magistratura, la imparcialidad de la fiscalía y la labor de la prensa libre son señaladas de forma sistemática cada vez que ejercen su labor constitucional de control.
El patrón se repite sin fisuras: quien fiscaliza al poder es etiquetado como enemigo de la democracia. La mutación del sistema no requiere tanques ni violencia en las calles; le basta con erosionar las normas desde dentro, convertir la excepción en costumbre y contar con una masa social dispuesta a aplaudir su propia servidumbre.
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