El Partido Popular y Vox estudian concurrir con listas conjuntas al Senado en las elecciones del próximo 29 de noviembre

El Partido Popular y Vox exploran la posibilidad de concurrir con listas conjuntas al Senado en las elecciones del próximo 29 de noviembre en aquellas provincias donde los ‘restos’ puedan decantar escaños. Aunque aún no hay nada decidido, la idea está encima de la mesa en la cúpula de Génova y Bambú, y tiene como objetivo evitar que la izquierda pueda torpedear su mayoría de tres quintos en la cámara alta si acuden bajo las mismas siglas.

Una hoja de ruta que empezó a deslizarse por parte de formaciones como PSOE, Sumar y el resto de conglomerados que ahora pueden terminar formando Frente Amplio, el enésimo Frankenstein de la izquierda para tratar de vencer el 29-N.

 Fuentes conocedoras de esta operación que es una opción real en caso de fraguarse la entente progresista en la cámara alta. Eso sí, matizan de forma clara que no será en todas las provincias de España, solo en aquellas donde la ley electoral y el reparto puedan fomentar que los ‘restos’ acaben en poder de una coalición de izquierdas.

Esta buena intención por parte de ambas formaciones es el claro ejemplo de que PP y Vox han aprendido de los errores del pasado 23 de julio de 2023, han aparcado los egos que antaño provocaron crisis y rupturas de gobiernos autonómicos. Además, en caso de necesitar que consolidar esta alianza, no afectaría en nada al resto de la campaña para el Congreso y derivados.

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Es una propuesta pragmática, encorsetada únicamente en la utilidad política de anteponer a los ciudadanos, ya que una mayoría de tres quintos en el Senado permitiría derogar buena parte del sanchismo, empezando por el Tribunal Constitucional. 

Los tres quintos en el Senado, una cuestión clave

Partido Popular y Vox tienen muchos retos por delante en los dos meses que restan hasta la celebración de las elecciones generales en España. Ambos partidos se han jactado de querer revertir el daño hecho por el sanchismo en estos ocho años de Gobierno. Sin embargo, hay asuntos de máximo importancia nacional que no se arreglarán únicamente derogando leyes. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional. 

El Tribunal Constitucional está en tiempo de descuento y ni el PP ni el PSOE han conseguido pactar la renovación en estos años de legislatura para la entrada de nuevos magistrados. El próximo 17 de diciembre, Cándido Conde-Pumpido tendrá que decir adiós a la Corte de Garantías, lugar al que entró en 2017 y del que tomó posesión como presidente en 2023. Junto a él, también tendrán que dejar el cargo María Luisa Balaguer, Ricardo Enríquez y José María Macías, todos elegidos por el Senado.

El único que podrá continuar, si es que es renovado, es Macías al llevar poco más de un año. Pues, a pesar de que ingresó para sustituir al magistrado Alfredo Moya, que renunció por motivos de salud en 2022, no fue hasta septiembre de 2024 cuando Pumpido le colocó el collar y la medalla del tribunal. Con su entrada, la Corte de Garantías quedó al completo. 

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Cabe recordar que el Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.

Conscientes de esta circunstancia, tanto en Génova como Bambú consideran clave apretar para obtener los tres quintos de la cámara alta, y poder sacar a Conde-Pumpido en los días posteriores a las elecciones generales. Esto se traduciría en tener 160 de los 266 senadores que llenan la institución, y poder evitarse cualquier negociación con el PSOE y otras fuerzas progresistas. Este movimiento allanaría el camino para echar abajo leyes como la de amnistía, cuyo aval del TC resultó fundamental. 

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