Impacto España Noticias
El Ayuntamiento de Lorca y el Partido Popular de la localidad murciana han destapado lo que califican como un nuevo episodio de «cinismo e hipocresía» por parte del Gobierno central del PSOE de Sánchez.
Según ha denunciado el alcalde, Fulgencio Gil, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha vendido en subasta pública por 2.051.513 euros una parcela de casi 700.000 metros cuadrados donde se comprometió a levantar 862 viviendas sociales a precios asequibles para jóvenes. La compradora ha sido la sociedad inmobiliaria Ingrafam 2021 SL, catalogada por los populares dentro del perfil de los llamados «fondos buitre».
Los terrenos en cuestión pertenecen al antiguo Acuartelamiento de Carraclaca, propiedad del Ministerio de Defensa. En mayo de 2023, durante la campaña de las elecciones municipales, el Gobierno prometió impulsar la construcción masiva de vivienda protegida aprovechando suelo militar en desuso, situando a Lorca como el quinto municipio de España con mayor volumen de inmuebles proyectados.
Sin embargo, desde el consistorio lorquino se advirtió desde el primer momento de la inviabilidad del proyecto: el suelo carecía por completo de accesos, suministros de agua, red eléctrica o zonas verdes, catalogando la idea como «un disparate en mitad del campo».
A pesar de que el PP y diversos colectivos locales propusieron reorientar la inversión hacia el centro urbano y las pedanías, el Ministerio de Defensa mantuvo la versión oficial. En 2025, el Gobierno confirmó por escrito en el Senado que la promoción continuaba adelante.
Sin embargo, en julio de 2026 el Ministerio publicó sorpresivamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la licitación de los terrenos por un precio de salida de 1,4 millones de euros, sin notificar previamente al Ayuntamiento de Lorca.
Al percatarse de la publicación, el consistorio solicitó la paralización inmediata de la subasta y la cesión de la parcela para el disfrute recreativo de los vecinos. La respuesta de Defensa fue invitar al municipio a pujar en la subasta pagando la cifra inicial, una cantidad inasumible para las arcas municipales.
El procedimiento culminó el pasado 7 de octubre con la adjudicación del inmueble por más de dos millones de euros. Desde la corporación municipal critican con dureza la doble moral del Gabinete de Sánchez, que centra su discurso político en abanderar la lucha contra la especulación inmobiliaria mientras vende suelo público al mejor postor.
Este caso se suma a precedentes similares en la gestión estatal de inmuebles públicos, reabriendo el debate sobre el uso y destino real del patrimonio de la Administración Central.
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