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Violeta Alonso, presidenta del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), ha presionado al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, para que recurra ante el Tribunal Constitucional la suspensión cautelar de los efectos electorales de determinadas inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) vinculadas a la aplicación de la Ley de Nietos, según publica LD. La iniciativa busca restablecer el derecho al voto de los 163.020 españoles afectados de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.
En un escrito dirigido a Gabilondo, el organismo solicitó con carácter urgente la interposición de un recurso de amparo contra los autos del Tribunal Supremo del 10 de septiembre y del 12 de octubre, que mantienen las restricciones electorales sobre esas inscripciones censales.
El CGCEE también pidió al Defensor del Pueblo que solicitara al Constitucional la adopción de medidas cautelares para suspender inmediatamente las resoluciones judiciales antes de los comicios. Según el consejo, las limitaciones podrían vulnerar los derechos fundamentales a la igualdad, la participación política y la tutela judicial efectiva, al afectar a personas cuya nacionalidad española sigue vigente.
El organismo advirtió de que el perjuicio sería irreversible si las elecciones se celebrasen sin que los afectados pudieran votar, puesto que una resolución judicial posterior no les permitiría recuperar esa oportunidad.
La presión de Alonso ha coincidido con la decisión de Gabilondo de presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo ha defendido que la nacionalidad española debe llevar aparejado el derecho al sufragio: «No se puede ser español con derecho a voto o español sin derecho a voto; sino que si eres español, tienes derecho al voto». También ha sostenido que la condición de español no puede reconocerse o retirarse en función del momento.
Alonso, considerada una de las principales impulsoras de la aplicación de la Ley de Nietos entre la ciudadanía española residente en el extranjero, había criticado los plazos establecidos para que los afectados pudieran reaccionar ante la medida del Supremo. En concreto, denunció que dispusieran de cinco días para presentar alegaciones y documentación, sin recibir una notificación individualizada.
La presidenta del CGCEE también acusó al Alto Tribunal de incurrir en una «discriminación clarísima por lugar de residencia» y alegó que las restricciones contradicen el Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior, que reconoce la igualdad de derechos de los españoles que viven fuera.
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