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José Luis Rodríguez Zapatero dio orden a su jefa de Unidad, Carmen Seoane Ruiz, de depositar en Patrimonio Nacional todos los regalos recibidos entre 2004 y 2011, durante las dos legislaturas en las que fue presidente de Gobierno. Así, hacía cumplir dos órdenes del ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de 19 y 30 de enero de 2012 relativas, respectivamente, a la donación y a la posterior afectación a Patrimonio de dichos regalos.
El acta de entrega de esos regalos tuvo lugar el 1 de marzo de 2012 y «en la relación de bienes entregados no figuran, en efecto, las joyas encontradas en la oficina del Sr. Zapatero el 19 de mayo de 2026», según se recoge en un escrito entregado a la Fiscalía Anticorrupción. Pero esa información se obtuvo de fuentes abiertas y por eso el juez ha pedido ahora el acta oficial de entrega de esos regalos.
Además, la fiscal Anticorrupción Elena Lorente sostiene que «en esa relación de objetos figura el regalo del mismo Rey Abdullah Ben Abdulazi Al Saud al entonces presidente Rodríguez Zapatero, con ocasión de la indicada visita que refiere el escrito de la defensa (19 de junio de 2007) y que consistió en un reloj de sobremesa dorado con esmeraldas que sí fue entregado a Patrimonio, según el acta de 1 de marzo de 2012».
El escrito que presentó la representación procesal de Zapatero, lejos de exonerarle, le ha añadido un nuevo delito, el de malversación de caudales públicos. Explica la Fiscalía que «a través de su escrito el investigado José Luis Rodríguez Zapatero viene a reconocer que siendo presidente del Gobierno aceptó unas joyas de muy significativo valor y que no lo entregó a Patrimonio del Estado, como sí hizo con otros regalos al finalizar su presidencia.
Por tanto, «y de ser cierta su versión, resultaría que el origen de las joyas podría implicar la comisión de un delito de malversación de caudales públicos cometido por Rodríguez Zapatero». Es obvio que si las joyas eran un regalo, Zapatero debió haberlas trasladado a Patrimonio, junto al resto de obsequios. Si por el contrario, no fueron un regalo de Estado, el ex presidente de Gobierno deberá acreditar su origen, algo que no ha ocurrido desde junio de 2026 tras la primera declaración del ex presidente del Gobierno.
En cuanto a la recepción de regalos, «conviene tener en cuenta que durante su mandato se publicó el llamado Código de Buen Gobierno, Orden APU/516/2005, de 3 de marzo por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de febrero de 2005, por el que se aprueba el Código de Buen Gobierno de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado (BOE de 7 de marzo de 2005)», dice la Fiscal.
Además, añade que el «apartado Tercero del Código se refería a Normas de conducta y en su punto 6 decía: Se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía o préstamos u otras prestaciones económicas que puedan condicionar el desempeño de sus funciones, sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal. En el caso de obsequios de mayor significación de carácter institucional se incorporarán al patrimonio del Estado».
La fiscal Lorente explica que esa orden fue derogada por la Ley 3/2015 y recuerda que esa ley sigue vigente: «No aceptarán para sí regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones. En el caso de obsequios de una mayor relevancia institucional se procederá a su incorporación al patrimonio de la Administración Pública correspondiente”.
Zapatero defendió en un escrito presentado ante el juez Calama de la Audiencia Nacional e instructor de la Causa Plus Ultra, que esas joyas eran un regalo personal, pero varias sentencias del Tribunal Supremo ya se encargaron de dejar claro que una vez recibidas por el Presidente se convierten en públicas.
La Fiscalía sostiene que «Es por ello que, de alcanzar veracidad la versión del propio investigado, fue la recepción de las joyas en junio de 2007 en el Palacio de la Moncloa por quien era el Presidente del Gobierno, lo que convirtió esos efectos en caudal público, del que presuntamente se apropió con ánimo de lucro, al finalizar su mandato, al excluir y ocultar tales joyas de los efectos que sí declaró y entregó a Patrimonio del Estado el 1 de marzo de 2012».
Añade la Fiscal que «en el caso que nos ocupa, la comisión dolosa del delito de malversación emerge de la consciente actuación desviada de la obligación normativa que le impelía a entregar las valiosas joyas recibidas a Patrimonio del Estado, consumándose la sustracción con el acto de disposición de los caudales públicos».
Por todo esto Lorente sostiene que «resulta por tanto necesario que se investigue la línea justificativa que ofrece el Sr. Zapatero pero no con la emisión de una injustificada y dudosamente operante comisión rogatoria, sino con la comprobación de la comisión de un delito de malversación».
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