
Los 14 escaños de más del PSOE por la ley de Nietos y las tarjetas censales
Impacto España Noticias
No, no te creas las encuestas actuales. Los sondeos que publican los medios ofrecen una imagen distorsionada de la realidad porque ignoran el peso decisivo del voto de los residentes ausentes (CERA). El sufragio de los hijos de las personas que obtuvieron la nacionalidad española mediante la Ley de Nietos puede alterar de forma drástica el equilibrio parlamentario en las próximas elecciones generales del 29-N.
Esta maniobra normativa, impulsada por el Ejecutivo de Sánchez para ampliar artificialmente el cuerpo electoral en el extranjero, amenaza con decantar hasta 14 escaños en favor de los intereses del PSOE y alterar la voluntad real de los ciudadanos que residen y tributan en España.


La magnitud de este desembarco electoral en el censo exterior compromete la limpieza de los comicios. La aplicación extensiva de esta ley funciona como una maquinaria de ingeniería electoral que introduce cientos de miles de nuevos votantes sin arraigo efectivo en el territorio nacional, pero con capacidad plena para decidir quién gobierna el país durante los próximos cuatro años.
El Tribunal Supremo rechaza frenar el voto de 189.678 nuevos nacionalizados
La semana pasada, el Tribunal Supremo denegó las medidas cautelares de suspensión que solicitaron Iustitia Europa y Vox respecto al derecho de sufragio de los hijos de quienes adquirieron la nacionalidad a través de la Ley de Nietos. Con esta resolución, el Alto Tribunal rechazó ampliar la suspensión cautelar sobre un bloque de 189.678 nuevos nacionalizados españoles que podrán depositar su papeleta en la cita electoral del 29-N.
Permitir el voto de los 189.678 hijos de los nacionalizados con la Ley de Nietos puede repercutir de forma notoria en los resultados de las próximas elecciones generales del 29-N. La aritmética electoral respalda esta advertencia ante la extrema igualdad que proyectan los bloques políticos.
En un escenario en el que esos casi 190.000 votos se fueran a computar en las circunscripciones más ajustadas de los pasados comicios de 2023, donde el último escaño se decidió a menudo por menos de 2.000 o 5.000 votos, podría tener una afectación de hasta 14 escaños.
Un vuelco de esa envergadura basta para fabricar una mayoría parlamentaria artificial y desvirtuar el resultado salido de las urnas en territorio español. Piensa en las encuestas actuales y réstale 14 escaños al PP y súmaselos al PSOE. El vuelco ya estaría casi hecho, aunque porcentualmente ganase el PP.
La Ley de Nietos como amenaza de pucherazo en el derecho electoral
Diversos juristas y analistas políticos coinciden en señalar que la Ley de Nietos puede convertirse en el mayor pucherazo y fraude electoral que recuerda la historia reciente del derecho electoral español. Al conceder la nacionalidad de forma masiva y acelerada en consulados sin controles rigurosos, el Gobierno alteró las reglas del juego democrático en mitad de la legislatura para asegurarse un granero de votos cautivos en el exterior.
Si a estos casi 190.000 nuevos electores sumamos el volumen total de personas que obtuvieron la nacionalidad española durante los últimos tres años, la alteración del censo alcanza proporciones alarmantes. Esta inyección masiva de votantes modifica la base demográfica del electorado en tiempo récord y rompe el principio básico de neutralidad institucional que debe regir cualquier proceso democrático limpio.
Irregularidades en las tarjetas censales y riesgo de fraude el 29-N
A la opacidad en los expedientes de nacionalización se suman las graves deficiencias detectadas en la gestión y actualización del censo electoral. Numerosos ciudadanos y observadores denuncian fallos recurrentes en la emisión y recepción de las tarjetas censales.
Ante este cúmulo de anomalías, muchos expertos constatan que el escenario actual reúne todos los ingredientes para facilitar un posible fraude electoral el próximo 29-N. La combinación de un censo inflado por la Ley de Nietos, la falta de garantías en el envío de las tarjetas censales y la ausencia de fiscalización efectiva sobre el voto exterior exige una vigilancia extrema por parte de los partidos y de la sociedad civil para impedir que el sanchismo secuestre la soberanía nacional en las urnas.
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