Plus Ultra, Venezuela y el Gobierno de Pedro Sanchez

El próximo miércoles, 28 de julio, el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), un organismo dependiente de la SEPI, tenía proyectado transferir 34 millones de dinero público a las cuentas de una compañía aérea; una empresa llamada Plus Ultra que recibiría el dinero como una ayuda aprobada del Estado para garantizar su solvencia frente a las pérdidas causadas por el Covid-19.

Sin embargo, el dinero ha quedado bloqueado. El pasado jueves, la juez Esperanza Collados decidió frenar el envío de fondos como medida cautelar ante las denuncias presentadas tanto por los abogados de VOX como por los del Partido Popular. De hecho, según adelantó El Mundo, la jueza ha designado incluso un perito independiente para que analice las cuentas de la compañía y determine si de verdad, cumple los requisitos para ser rescatada. 

¿Por qué se pone en duda el rescate a esta compañía?
Lo que en apariencia era simplemente una operación financiera se ha convertido en un arma arrojadiza dentro del campo político con Venezuela de por medio. Al importante montante de las ayudas, por un total de 53 millones de euros, hubo que sumar la confirmación de que gran parte del accionariado de la compañía está en manos de empresarios venezolanos con vínculos con el Gobierno de Nicolás Maduro. 

La decisión de rescatar a Plus Ultra se conoció de forma oficial el pasado 9 de marzo, mientras el Gobierno de Pedro Sánchez trataba de sacudirse todavía la polémica suscitada por el encuentro en Barajas entre el entonces ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, que tiene prohibida la entrada en la Unión Europea. 

El dinero para Plus Ultra debía salir de un fondo creado por la SEPI y dotado con 10.000 millones de dinero público. Aquí llegó el siguiente problema: el dinero estaba pensado únicamente para rescatar empresas “estratégicas” que ya eran “viables” antes de la llegada de la pandemia. Sobre el papel, Plus Ultra no cumplía ninguno de esos requisitos. En 2019 operó únicamente el 0,03% de los vuelos que tuvieron entrada o salida en aeropuertos españoles y según sus cuentas en el Registro Mercantil, la empresa presenta pérdidas desde su creación.

Entonces, ¿en qué se basó el Gobierno para darle la ayuda?
Para el Gobierno, Plus Ultra sí cumple todos los requisitos para ser rescatada con este plan especial. Cuando estalló la polémica, la ministra de Industria, Reyes Maroto, explicó que esta compañía era una de las pocas abiertas en España dentro del sector aeronáutico y que gracias a ella se mantenía un nicho de mercado importante: el de los vuelos baratos a varios destinos de Latinoamérica que no cubre ninguna otra aerolínea. 
 
La supuesta “solvencia” de la empresa venía acreditada por tres informes distintos. El primero fue elaborado por una empresa española, una “boutique de inversión” llamada Daiwa Corporate Advisory, abierta en Madrid con 25 trabajadores y que es una de las sociedades que por concurso asiste a la SEPI en la concesión de las ayudas. El segundo es un plan de viabilidad para la empresa firmado por la consultora Deloitte y el tercero fue elaborado por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Todos ellos recomiendan la concesión de la ayuda del Fondo de Solvencia a esta compañía. 

¿Cuál es el accionariado real de la empresa? ¿Qué tiene que ver con Venezuela?
Según el registro mercantil, la empresa tiene la sede social en España, aunque en realidad, mantiene tanto una importante parte de su accionariado y  su volumen de negocio en Venezuela. Sobre el papel, Plus Ultra Aerolíneas se creó en Madrid en agosto de 2011 pero no comenzó a tener volumen de negocio hasta 2014. En ese año, la firma realiza una ampliación de capital de dos millones a la que se une otra similar en 2015.

El 43% de las acciones está en manos de una empresa llamada Snip Aviation, abierta también en España, en un edificio madrileño del barrio de Sagasta famoso por pertenecer a grandes fortunas venezolanas. Desde allí, este conjunto de acciones derivaba en una nueva sociedad con nombre muy similar, esta vez en Panamá, que fue cerrada cinco días antes de la concesión del rescate en España. 

Así, como principales socios venezolanos de la empresa aparecen los empresarios Rodolfo Reyes Rojas y Raif El Arigie Harbie. Según publicó El Confidencial, EEUU investiga incluso a otros dos socios venezolanos que participaron en las ampliaciones de capital de Plurs Ultra llamados Héctor Antonio Tobía Roye y Flavio Pedro Antonio Bórquez Tarff, vinculados presuntamente con el régimen chavista por medio del vicepresidente ya fallecido José Vicente Rangel. Además, la empresa recibió desde Panamá un préstamo de 6,4 millones de euros por medio de una firma llamada PanaCorp Casa de Valores.

La empresa está participada por el empresario Mohamed Ibrahim, sobrino del magnate venezolano Camilo Ibrahim, socio del principal socio venezolano de Plus Ultra, Rodolfo Reyes. 

¿Y qué pasó entonces con la decisión del Gobierno?
Tras la publicación de la concesión en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la decisión de la SEPI se hizo efectiva y se tradujo en un primer pago a la empresa de 19 millones de euros. De forma paralela, tanto VOX como el Partido Popular llevaron el caso a los tribunales. La querella fue a reparto hasta recabar en el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid. La titular Esperanza Collazos admitió a trámite la querella y desde entonces ha recabado distinta documentación tanto a la Administración como a la empresa. 

Fue entonces cuando la SEPI le comunicó que el 28 de julio se iba a proceder al ingreso de 34 millones de euros de un préstamo participativo a devolver en siete años. Era la segunda parte de esa ayuda aprobada por el Gobierno. La jueza decidió el pasado jueves bloquear el pago del dinero y de forma paralela encargó un peritaje económico para conocer el estado financiero de la empresa y si realmente cumple con los compromisos de viabilidad necesarios para acceder a esas ayudas.

Este peritaje independiente será clave para confirmar si la Administración obró con objetividad y dentro de los criterios previstos para la adjudicación de las ayudas o si por el contrario, hay base para una investigación más profunda sobre presuntos delitos de corrupción. Llama la atención por ejemplo el argumento de la Abogacía del Estado para intentar que los 34 millones de euros no fueran bloqueados por el juzgado:

Si no llegan los fondos, se pone en riesgo el rescate de los 19 millones de euros ya prestados. Algo complicado de entender para una empresa que se presupone ya rentable.