La aparición del cadáver del menor extranjero no acompañado, Barrag. E, en Gran Canaria tras denunciar ‘palizas, maltrato y venta de drogas’ contra la Fundación Respuesta Social Siglo XXI, ha dado lugar a nuevas declaraciones de exeducadores que apuntan a más irregularidades acaecidas en el centro de acogida ‘Puerto Bello’, gestionado por la entidad denunciada. ‘El camino más corto es el castigo corporal’, es una de las críticas que esgrimen los extrabajadores contra la dirección del centro.
  
La muerte del menor extranjero no acompañado (mena), Barrag. E, de 17 años de edad, cuyo cadáver apareció en la Playa de Las Canteras en Gran Canaria el pasado 13 de noviembre de 2021 después de denunciar "palizas, maltrato y venta de drogas" contra el centro de acogida Puerto Bello, gestionado por la Fundación Respuesta Social Siglo XXI en el municipio de Mogán, ha levantado nuevas quejas de exeducadores de estos menores contra la entidad investigada por la Fiscalía y la Guardia Civil.

Por el momento, el Gobierno de Canarias mantiene abiertos los centros de menas regentados por esta fundación en Gran Canaria y Lanzarote bajo una cuantiosa subvención pública, según el Portal de Transparencia. Mientras, algunos extrabajadores de esta organización investigada denuncian nuevas irregularidades que podrían haber perjudicado a los menores.

 En uno de los grupos de chats de WhatsApp de extrabajadores del centro de menas de Puerto Bello, a los que ha accedido este medio, en una conversación entre educadores se especifica información sobre el "uso de la violencia" en este recurso de acogida: "Aceptadas por la dirección y fomentando la violencia hacia los chicos que se fugan debido a sus adicciones. Se planteó contactar con una asociación especializada en adicción, pero cuando preguntamos nos comentaron que esa gestión era un largo proceso, que llevaba mucho tiempo. El camino más corto es el castigo corporal. Ya ha habido compañeros que han presentado baja voluntaria porque no comparten los métodos del centro. En el primer mes de su apertura".

 Barrag. 
"Teniendo a Fernando (Pérez Romero) de director y a Jony de educador, por desgracia se repiten los patrones de ineptitud y de violencia hacia los chicos con los matones del turno de noche que Fernando está contratando. Algunos llevan hasta porras", dicen estos mensajes grupales del centro de menas.

"Amenazas contra Barrag"

Consultados algunos exmonitores del centro de Puerto Bello explican a este medio que "uno de los principales problemas en este alojamiento, aparte de la barrera del idioma, consistía en el continuo enfrentamiento de educadores marroquíes contra menores de origen saharaui, de alguna manera fomentando el racismo y el aislamiento hacia estos jóvenes, además de los conflictos entre menores procedentes de Marruecos contra los acogidos subsaharianos".

"Durante los turnos de noche, se producían peleas y altercados entre menores, pero también de algunos monitores con los menas", sostienen fuentes consultadas de Puerto Bello, que además aseguran sobre estas reyertas que "ciertos trabajadores, algunos de origen marroquí, conocían las amenazas que sufría el joven fallecido, Barrag, por lo que no sería de extrañar que estas rencillas en el centro se hubieran trasladado posteriormente a la calle". "Ellos se organizan en clanes y  tienen sus formas de cobrar sus disputas", manifiestan en este medio.

"Un menor se arroja por la ventana"

Otro de los casos que más conmocionó a los trabajadores del centro de Puerto Bello, según nos han informado, "fue el de un menor alojado en este recurso que, en señal de protesta, se arrojó a la calle desde una de las terrazas del edificio y, al parecer, podría haber perdido la movilidad en las piernas y tener que utilizar una silla de ruedas en la actualidad".

 Al respecto de este grave suceso, subrayan estas fuentes que "al parecer, existen dos informes contradictorios sobre los datos del joven: en uno, antes del accidente, una fecha recalca su minoría de edad y en otro, posterior a la caída del menor, con un breve plazo de tiempo con respecto al primero, se especifica su mayoría de edad, por lo que cabría la sospecha de presunta falsificación con la fecha de nacimiento, pues al hacer constar esta mayoría el centro deja de tener responsabilidades respecto a la caída de este migrante", explican.

"Igualmente, otra de las grandes preocupaciones en el centro era el estado de una chica menor de edad, la única joven de las instalaciones, que se alojaba sola en una habitación para evitar que fuera violada o pudiese llegar prostituirse", indica un extrabajador que añade "no sabíamos muy bien qué llegó a suceder en esa habitación pues esta menor tenía instrucciones de no abrir ventanas por su propia seguridad, sin embargo, aparecían abiertas…, posteriormente, fue trasladada de Puerto Bello y perdimos su paradero pero, al parecer, podría estar embarazada según algunas informaciones".

La ONG cobra por plazas vacías 

Por otra parte, la reconstrucción de las adjudicaciones de las contrataciones aprobadas por el Gobierno de Canarias bajo la responsabilidad de la Dirección General de Protección a la Infancia y a la Familia, entidad que aprobó algunas partidas de fondos públicos para la Fundación Respuesta Social Siglo XXI. Esta organización se encuentra bajo las clasificaciones de Servicios de Salud y asistencia social y Servicios de asistencia social con alojamiento y es la entidad gestora de los centros de menas de Puerto Bello, Tafira-Bandama, El Tablero-Maspalomas y Guiniguada-Vegueta, ubicados en Gran Canaria.

Según el Portal de Transparencia del Estado, debido a que el Portal de Transparencia del Gobierno de Canarias no facilita los datos de las subvenciones adjudicadas a esta fundación, este gobierno autonómico adjudicó un contrato con fecha de acuerdo del 9 de febrero de 2021 a la Fundación Respuesta Social Siglo XXI bajo la modalidad de "tramitación de urgencia en las actuaciones que sean precisas realizar para la contratación del servicio consistente del dispositivo de atención inmediata a menores extranjeros no acompañados Guiniguada, sito en el término municipal de Las Palmas de Gran Canaria dependiente de la la Dirección General de Protección a la Infancia y a la Familia".

 Contrato del Gobierno Canario con la Fundación. 
La Directora General de Protección a la Infancia, Iratxe Serrano, en la Resolución 771-2021, bajo un procedimiento de negociado sin publicidad, por tramitación de emergencia, como justificación del procedimiento acelerado por la pandemia Covid-19 y del fenómeno migratorio Islas Canarias, sin aplicar el sistema de contratación adjudicó a esta fundación para el centro Guiniguada-Vegueta en Las Palmas de Gran Canaria la cantidad de 140.533 euros.

Consultados juristas expertos en contratación pública por este medio, en relación con esta licitación, señalan dos aspectos que deberían observarse en la investigación a esta fundación sobre el documento público, "resulta sorprendente que esta entidad realice la presentación de oferta de manera manual y, por otra parte, que este contrato no esté sujeto a regulación armonizada".

 Para esta contratación, la Fundación Respuesta Social Siglo XXI realizó una propuesta, documento, en el que especificaba que "el recurso consistiría en un dispositivo de emergencia para menores extranjeros no acompañados con una ocupación de 45 plazas por un periodo de un año siendo el precio de plaza ocupada por día de 95 euros y 72 euros por plaza desocupada". Además, esta fundación "dotará dicho recurso de los medios materiales (vivienda, vehículos, ropa, etcétera) y medios personales necesarios para el correcto funcionamiento del centro", según la oferta.

El resto de contrataciones de los centros gestionados por esta fundación (Puerto Bello, Tafira-Bandama, El Tablero-Maspalomas) no aparecen en los portales de Transparencia.

"Contratación de expresidiarios" 

Según la versión de algunos extrabajadores del centro Puerto Bello, "el director de esta entidad, Fernando Pérez Romero, habría escogido perfiles de personas supuestamente afines a su entorno de amistades pero, al parecer, también seleccionó perfiles de marroquíes que procedían de cárceles a los que habría contratado como monitores de los menas alojados en este recurso".

 Propuesta de precio por plaza para Porto Bello. 
También señalan estas mismas fuentes que "ante la posibilidad de ser descubiertos bajo sus anteriores perfiles delictivos o antecedentes penales, estos perfiles contratados por la Fundación Respuesta Social Siglo XXI, se marcharon del centro de Puerto Bello, presumiblemente a sus países, para evitar ser denunciados o localizados en España".

Red de captación

"Una de las formas de acceder a ser contratado por esta fundación como monitor de los menores en el centro de Puerto Bello era una entrevista muy simple con el director", indican extrabajadores.

Sin embargo, "existía una red de grupos de mensajería en la que se relacionaban algunos marroquíes. A esta red de comunicación supuestamente habría accedido el director del centro de Puerto Bello para elegir los perfiles de contratación para trabajar con los menores migrantes llegados en pateras. Pero habría que revisar quiénes de estos contratados, que habrían propinado palizas a los menores, realmente tenían la titulación bajo el epígrafe de Atención Técnico Educativo o la experiencia laboral adecuada", manifiestan exeducadores de este alojamiento.

 Por otra parte, estas mismas fuentes apuntan a que existía "entrada de sustancias estupefacientes en estos alojamientos de menores, presuntamente, introducidas por algún monitor que trabajaba en el centro", aunque también "alrededor de estas instalaciones, en la zona de Puerto Rico, había una serie de perfiles que podrían vender drogas a estos menores, tal como indicaron en su momento algunos de los vecinos de este perímetro’".

"No denunciaban la desaparición de los menores"

Según denuncian algunas fuentes que trabajaron en este alojamiento, "no teníamos constancia de que los directivos del centro de Puerto Bello interpusieran la denuncia correspondiente por desaparición de los niños fugados ante la Policía Nacional, otra presunta irregularidad a añadir a esta cadena de situaciones que vivíamos de manera cotidiana".

 Uno de los mensajes de los extrabajadores del centro. 
"La obligación de estos centros de menas es denunciar la desaparición de estos menores migrantes. De hecho, una vez se dio la circunstancia de que la policía buscaba once menores fugados, mientras algunos de ellos ya habían sido trasladados a la península, es decir, un caos de organización y falta de cooperación con las autoridades", aclaran.

"Conflictos en el centro de salud"

En los supuestos de necesidad de atención médica de los menores del centro de Puerto Bello, los monitores acompañaban a los menas al Centro de Salud de Arguineguín, indican algunos extrabajadores. Sin embargo, a su vez critican algunas situaciones referidas a este centro sanitario pues "los menores debían estar en todo momento acompañados por los monitores en sus consultas médicas, porque previamente se había realizado la traducción de las dolencias de cada menor y cada responsable debía transmitir al médico esta información con el niño presente, sin embargo, estos protocolos no siempre se cumplieron en este centro de salud".

 Otro de los mensajes. 
"Además, el Centro de Salud de Arguineguín recibía visitas de menores de Puerto Bello por palizas recibidas y autolesiones de los menores, por lo que los educadores acudíamos continuamente a esta instalación sanitaria, es decir, estos médicos deberían tener muchos expedientes de los niños y también de menores procedentes de otros centros de menas de esta misma zona, por lo que nunca entendimos porqué estos mismos sanitarios no denunciaban ante la Policía las lesiones de los niños que, por su profesión, sabían que estaban sucediendo en los alojamientos de menas", explican, y recalcan "la importancia del paradero de los ordenadores de Puerto Bello desde que se cerraron estos alojamientos y que custodian la información que podría acreditar este relato en relación a facturas, contrataciones, expedientes médicos, bajas de menores y altercados".

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