José Luis Martínez-Almeida

La decisión que afecta a Pilar Rodríguez y María Luisa Llop viene motivada por una denuncia de Iustitia Europa

Álvaro García Ortiz tramitó en persona, cuando era fiscal general del Estado, una denuncia de la cloaca del PSOE contra la jueza de Badajoz que acababa de imputar al hermano del presidente del Gobierno

Arroyo aseguró a los medios que esas joyas intervenidas tendrían un valor de “entre 30.000 y 50.000 euros”, pero la tasación realizada por la joyería Ansorena a instancias del juez José Luis Calama lo cifra en 1,3 millones de euros

Estima parcialmente la demanda de García-Castellón y considera que sus manifestaciones en la red social X en 2024 generaron al juez "un daño moral que debe ser indemnizado en la cuantía de 9.000 euros". La demanda reclamaba que la compensación fuera de 350.000 euros

Fuentes cercanas a la investigación informan  de que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional localizó mensajes personales que evidencian una relación de amistad entre la que fuera fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y el abogado de la red Plus Ultra, Miguel Palomero